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La trama de Gürtel que se repartió 3,2 millones de la visita del Papa a València buscaba “enriquecerse ilícitamente de forma sistemática”

Los acusados Álvaro Pérez "El Bigotes" (i), Francisco Correa (c) y Pablo Crespo (d) al comienzo del juicio

Lucas Marco

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La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los cabecillas del millonario trapicheo que la red Gürtel obtuvo de la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006 cierra una de las principales derivadas del macrocaso sin una condena para el fallecido exconseller Juan Cotino, cuya muerte por coronavirus supuso la extinción de su responsabilidad penal. El fallo condena a 13 años y 7 meses de prisión al líder de la trama, Francisco Correa; a 15 años y 5 meses a su mano derecha Pablo Crespo; a 6 años y 9 meses a su colaborador Álvaro Pérez y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra.

La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional establece, en su apartado de hechos probados, que la trama Gürtel tenía el objetivo de “enriquecerse ilícitamente de forma sistemática” con los fondos públicos obtenidos mediante adjudicaciones directas a las empresas de Correa o a otras empresas “previo pago de la correspondiente comisión”. La organización tenía una rama valenciana que dirigía Álvaro Pérez El Bigotes, quien mantenía “relaciones” y tenía “acceso directo” a cargos públicos del Partido Popular valenciano, entonces en el gobierno autonómico bajo la batuta de Francisco Camps.

Los verdaderos propietarios de la empresa Orange Market eran Francisco Correa y Pablo Crespo a través de sociedades mercantiles domiciliadas en Gran Bretaña y en la Isla de Nevis y San Cristóbal, en el archipiélago de las Antillas menores del Caribe. En una segunda etapa, se añadieron otros “reales accionistas” como José Ramón Blanco Balín y Álvaro Pérez. Con esta empresa, los empleados de Correa empezaron en 2004 a realizar actos para el PP valenciano, la America's Cup o la Cámara de Comercio. 

En octubre del 2005, apenas un año después de su aterrizaje en València, la organización de Correa tenía “conocimiento previo” de la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad, con motivo de la celebración del V Encuentro Mundial de las Familias. Así, la trama inició “una serie de actuaciones” dirigidas a obtener “de modo ilícito” adjudicaciones para el evento internacional. Crespo y Correa mantuvieron “directa e indirectamente” contactos y reuniones con el fallecido exconseller Juan Cotino y otras personas vinculadas a la fundación para conseguir el pelotazo de la adjudicación de las pantallas y otros servicios relacionados con la retransmisión de la visita papal. 

Crespo y Correa decidieron, “de común acuerdo” con el director de RTVV Pedro García, que el contrato lo licitara el ente público de la televisión autonómica. Los condenados “contaron con la aquiescencia de personas vinculadas a la Fundación”, señala la sentencia. La fundación de la visita del Papa (constituida, entre otros, por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exalcaldesa de València Rita Barberá y el arzobispo Agustín García Gascó) fue uno de los ejes principales de la trama y tenía dos comisionados: el entonces director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, un político cercano a Cotino, y el secretario del arzobispo, Antonio Corbí. Las Generalitat Valenciana acabó asumiendo deudas de la fundación por un valor de 1,3 millones de euros.

Las decisiones de peso sobre la visita del Papa se tomaron en el seno de un autodenominado “grupo de trabajo” (hubo 16 reuniones previas antes del primer encuentro del patronato de la Fundación) que la sentencia considera que es de “naturaleza irregular” y en las que se trataron asuntos relacionados con la contratación. Los condenados idearon un convenio de colaboración entre RTVV y la Fundación por el que se encargaba la cobertura internacional del evento, que ocasionó un “ilícito desembolso” de 7,4 millones de euros de la televisión autonómica y permitió el “enriquecimiento personal” de los miembros de la trama Gürtel. En la confección del convenio participaron el exdiorector económico financiero de RTVV Ricardo Calatayud y el exjefe del departamento técnico Luis Sabater (fallecido).

RTVV adjudicó a dedo a la empresa Teconsa el contrato para las pantallas que retransmitieron el evento por un importe de 7,4 millones de euros, “muy superior al coste real de los trabajos necesarios para su ejecución”. La adjudicación a Teconsa supuso un sobrecoste de 3,2 millones de euros. “El proceso de adjudicación fue simulado, por cuanto la adjudicación ya estaba determinada con anterioridad”, concluye la sentencia de la Audiencia Nacional. Teconsa se gastó, según su propia contabilidad, 4,4 millones a pesar de que el coste efectivo era de 3,2 millones. “En realidad Teconsa actuó en todo este proceso única y exclusivamente como empresa pantalla, para ocultar el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por RTVV” a la trama“, defiende la sentencia.

El beneficio ilícito de 3,2 millones se repartió de la siguiente manera: 200.000 euros para Teconsa; 415.000 para el exdirector de RTVV Pedro García; medio millón para El Bigotes; 957.305 euros para Pablo Crespo (fondos que ingresó en la caja B de la organización corrupta); la mercantil Electronics Design SL 50.384 euros por librar facturas falsas, 230.000 euros se destinaron a una operación inmobiliaria de Correa, Crespo y Blanco Balín en La Nucia, un municipio valenciano gobernado por el PP; 249.000 euros para Blanco Balín por su participación en la operación inmobiliaria.

El tribunal rechaza la petición del PSPV-PSOE, que ejercía la acusación popular, de incluir al fallecido Juan Cotino en los hechos probados (con el fallecimiento se extingue la responsabilidad penal). La confesión de Álvaro Pérez situó en todo momento a Cotino en el epicentro de las decisiones que se tomaron en la preparación de la visita del Papa. El Bigotes reconoció ante el tribunal que Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, le puso en contacto con Cotino. Otro acusado, el fallecido Luis Sabater, exjefe del departamento técnico de RTVV, también señaló a Cotino como la persona que en febrero del 2006 dijo que les había “tocado hacerse cargo de las pantallas”.

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