La Comisión Europea estudiará tras el verano si la ampliación del Puerto de València vulnera la normativa ambiental

La Comisión Europea investigará tras el verano si la polémica ampliación norte del Puerto de València vulnera la normativa ambiental comunitaria y realizará un dictamen a tal efecto.

Así lo han confirmado los representantes legales de J. S. H., el particular que elevó una petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la cual fue admitida a trámite el pasado mes de febrero, tal y como informó elDiario.es.

Según las mencionadas fuentes, “en el contexto de la petición presentada, tanto la Comisión de Peticiones como la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea son conocedoras de los últimos acontecimientos sucedidos especialmente a lo largo del pasado mes de abril de 2021 en torno al proyecto, que pueden implicar un sistemático incumplimiento de las normas medioambientales europeas por parte de las distintas administraciones españolas involucradas”.

Además, han añadido que “la Comisión Europea está estudiando, entre otras cuestiones, una posible dejación de funciones del Estado Miembro (España) respecto del proyecto de ampliación del Puerto de València y su impacto medioambiental en las playas colindantes”.

A este respecto, “las distintas administraciones públicas involucradas en este proyecto, lejos de enmendar sus acciones mediante la realización de una nueva evaluación ambiental del proyecto que ahora pretende acometer la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el cual es distinto a aquel evaluado positivamente en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007, han adoptado una estrategia tendente a eludir sus responsabilidades en este proceso”, lo que implica “un claro ejercicio de dejación de sus funciones que es contrario al derecho nacional y al espíritu de la normativa europea, como se indica en la Comunicación de la Comisión de 7/04/2021”.

En concreto, la Comisión Europea estudiará si la decisión de trasladar la condición órgano sustantivo de Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica para evitar responsabilidades futuras contraviede las directivas europeas.