Una apuesta catastrófica

Con la recogida de firmas en mesas extendidas por todas las “regiones” españolas contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, Mariano Rajoy puso en marcha una operación que ha marcado la agenda política desde entonces. La negativa a entrar en cualquier tipo de negociación política y la decisión de subcontratar la política territorial del partido al Tribunal Constitucional (TC) acabó, tras la decisión del TC de aceptar la subcontrata, en la liquidación de la fórmula que se consensuó en 1978 para resolver la integración de las “nacionalidades” en el Estado.

Dicha fórmula consistía en el pacto entre el parlamento de la “nacionalidad” y las Cortes Generales y la aprobación de dicho pacto por el cuerpo electoral destinatario del mismo. Pacto+referéndum. Esta era la Constitución territorial de 1978 para las “nacionalidades” en general y para Catalunya muy en particular. Dicha Constitución se respetó escrupulosamente en la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya de 2006. A pesar de ello, el TC desautorizó el pacto entre los dos parlamentos y desconoció el resultado del referéndum, haciendo saltar por los aires la Constitución territorial en la “nacionalidad” catalana.

La sentencia 31/2010 del TC marca una línea divisoria en la historia de la Constitución de 1978. Si hasta ese momento, con sus luces y sus sombras, como ocurre con toda constitución, la historia de la Constitución de 1978 había sido la historia de un éxito, había tenido muchas más luces que sombras, a partir de ese momento ha ocurrido justamente lo contrario: el fracaso se ha impuesto de manera inequívoca. Son muchas más las sombras que las luces. Por eso nos encontramos como nos encontramos.

La apuesta de Mariano Rajoy ha sido un caso de libro de error de cálculo. El PP creyó que, con ese ataque frontal contra la reforma estatutaria catalana, reforzaría su papel como “partido de gobierno” de España, en tanto que devaluaría el del PSOE. El PP no tomó en consideración nada más que las ventajas que la operación le podía reportar, sin calcular los costes que podría tener. Estos últimos han acabado superando a las primeras.

Inicialmente no pareció ser así. La operación pareció un éxito rotundo. Tanto en Catalunya como en el Estado. En el otoño de 2010, a los pocos meses de que se hiciera pública la STC 31/2010, el PP consiguió deshacer el tripartito de izquierda que había dirigido Catalunya en las dos últimas legislaturas, haciendo bajar al PSOE de 37 a 28 escaños y a ERC de 21 a 10, mientras que CiU subía de 48 a 62 y el PP, de 14 a 18. Mayoría aplastante de derechas frente a la clara mayoría de izquierda de 2006.

Este éxito inicial de la operación se vería reafirmado en las elecciones municipales y autonómicas de las 13 comunidades del artículo 143 en el mes de mayo de 2011 y culminaría con la mayoría absoluta de 186 escaños del PP en las elecciones del mes de noviembre, 11 de los cuales los obtendría en Catalunya con representación en las cuatro provincias catalanas. El cálculo con base en el cual la dirección del PP había realizado la apuesta no podía parecer más acertado.

La apariencia de éxito duraría poco. En las elecciones catalanas de 2012, el PP todavía mantendría el impulso de 2010 y obtendría 19 escaños en el Parlamento de Catalunya. Pero esos 19 se verían reducidos a 11 en las elecciones de 2015 y a 4 en las de 2017.

En las elecciones generales le ha ocurrido lo mismo. En las cuatro provincias catalanas, el PP ha pasado de los 11 de 2011 a 5 en 2015, 6 en 2016 y 2 en las dos elecciones de 2019.

Esa misma trayectoria descendente la ha vivido el PP en el País Vasco, a pesar de que la estrategia del nacionalismo vasco ha sido muy distinta de la del nacionalismo catalán. Lo de que nadie escarmienta en cabeza ajena no se ha cumplido en este caso. Más bien es al refrán de las barbas del vecino al que se ha apuntado el cuerpo electoral vasco.

La apuesta de 2005-2006 contra la reforma estatutaria catalana, prolongada hasta 2010 en que se dictó la STC 31/2010, ha sido el clásico ejemplo del tiro por la culata. El PP no ha desaparecido por completo, pero sí se ha convertido en un partido marginal en las dos “nacionalidades”, cuya integración en el Estado es el problema constituyente más importante de la sociedad española.

Y no solamente eso, sino que ha conseguido que tanto el nacionalismo catalán como el vasco se fortalezcan y aumenten su representación parlamentaria en los parlamentos de ambas nacionalidades y en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en más imprescindibles que nunca para la investidura del presidente del Gobierno de la Nación o para el éxito de una moción de censura.

Se trata, además, de un nacionalismo que ha pasado de ser “muy” mayoritariamente “autonomista” a un nacionalismo mayoritariamente “independentista”. Cuando más importante sería que los partidos de gobierno de España tuvieran una presencia significativa en ambas “nacionalidades”, está ocurriendo lo contrario. El PP con su apuesta de 2005-2006 consiguió debilitar al PSOE, pero ha conseguido, sobre todo, condenarse a sí mismo casi a la irrelevancia.

Corolario de esta degradación del PP como “partido de gobierno” del Estado ha sido la fragmentación de la representación política de la derecha española en las “regiones”. La “irrelevancia” en las “nacionalidades” se traduce en “fragmentación” en las “regiones”. Es la debilidad del PP en Catalunya y País Vasco la que ha acabado conduciendo a la pérdida del monopolio que había tenido en la representación del conjunto de la derecha española.

La apuesta de 2005-2006 de Mariano Rajoy, “porque le dio la gana”, no solo ha desatado una crisis que ha estado a punto de ser existencial y que todavía puede acabar siéndolo para el PP, sino que ha supuesto y sigue suponiendo el mayor riesgo para la integridad territorial del Estado. La debilidad del PP y el correlativo fortalecimiento de Vox es una amenaza muy superior a la unidad de España que la que representan CiU y ERC. La “caricatura” de la unidad de España que el PP y Vox pretenden imponer es el mayor riesgo para la integridad territorial del Estado.

No hay que dejarse engañar. El PP y Vox gritan tanto y tienen que estar recurriendo permanentemente a los jueces porque han fracasado políticamente. Cuando se está fuerte políticamente y se tiene una autoridad reconocida por la sociedad, no se necesita acudir a los jueces para que te la proporcionen. La mayoría social en España no está por el 155, sino por la negociación. No está por subcontratar la política territorial a los tribunales, sino a favor de la negociación política entre los órganos constitucionales y estatutarios legitimados democráticamente de manera directa. A esto último es a lo que hay que dedicarse.