Congruencia política

La intervención de Pablo Casado en el Congreso de los Diputados este miércoles ha estado presidida por la suerte de disociación cognitiva que se asocia a la esquizofrenia. Formalmente ha sido una intervención para dar su conformidad a las medidas aprobada por el Gobierno en el Decreto de prórroga del estado de alarma. Materialmente ha sido una moción de censura en toda regla a la trayectoria de dicho Gobierno. La incongruencia, como diríamos en términos jurídicos, no ha podido ser mayor. La fundamentación política del discurso iba en una dirección y la conclusión, sin embargo, lo hacía en la contraria. La contradicción entre la fundamentación jurídica y la parte dispositiva de la sentencia convierte a esta última en incongruente y supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución.

La misma incongruencia que existe en el derecho, se da también en la política, aunque para esta no esté prevista ningún tipo de sanción. Tendrá la sanción que decidan los ciudadanos en su día mediante el ejercicio del derecho de sufragio. Pero solo esa. Un juez no puede ser incongruente en el ejercicio de la función jurisdiccional. Un dirigente de partido sí puede serlo en la acción política. Y es que entre la política y el derecho hay una “frontera”, esto es, contacto pero al mismo tiempo separación. La decisión judicial incongruente es anticonstitucional. La decisión política incongruente no es susceptible de recurso alguno, aunque, no por ello, deje de ser incongruente.

Este es el problema ante el que se encuentra Pablo Casado, a diferencia de lo que le ocurre a Santiago Abascal. El PP quiere poder decir 'sí' y 'no' al mismo tiempo. Vox no tiene ese problema. No a todo. Santiago Abascal descarta la incongruencia, dejando con su conducta en evidencia a Casado. Si quiere decir 'no', ¿por qué dice 'sí'? ¿Por qué no se atreve a decir 'no'? “Derechita cobarde”.

Esta incongruencia política un punto esquizofrénica va a acompañar a Pablo Casado en la comisión del Congreso que ha sustituido a la Mesa en La Moncloa para pactar la reconstrucción del país. En la comisión, con “luz y taquígrafos”, se argumentará políticamente la posición propia sobre todo lo que se discuta en su seno, pero se tendrán que tomar decisiones. No se trata de una comisión para exigir responsabilidades política al Gobierno por su actuación, sino para intentar encontrar una respuesta consensuada a la emergencia generada por la COVID-19.

No se si Vox se integrará o no en la comisión. De la Mesa de La Moncloa contemplada inicialmente por el Gobierno se había autoexcluido. De la comisión parlamentaria también puede hacerlo, aunque puede participar, si esa es su voluntad. Y, en todo caso, su posición de enmienda a la totalidad no es previsible que vaya a cambiar.

¿Puede el PP comportarse de esa manera? Es posible que intente convertir la comisión por la Reconstrucción en una de investigación, pero no le va a resultar fácil, ya que las últimas están definidas tanto desde el punto de vista del contenido como del procedimiento en la Constitución y en el Reglamento del Congreso de los Diputados y en ellas encaja lo que encaja. En este terreno no es posible una conducta incongruente, ya que este ámbito de la acción política sí está “juridificado”. Con el número de diputados que el PP tiene no va poder, además, dirigir el curso del debate en el interior de la misma.

El objeto de la discusión no puede ser otro que el contenido y alcance de las medidas que se tengan que adoptar para hacer frente a una crisis de proporciones gigantescas, que tiene además una dimensión europea y a la que por tanto España tiene que hacer frente dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Se puede disociar la respuesta que se de en el Congreso de los Diputados de la que defienda España en la Unión Europea?

Este, por más obstáculos que intente interponer el PP, va a ser el objeto de la comisión. Y no se trata de un debate bilateral, sino del debate en un órgano colegiado, en el que cada partido habla con el peso que el número de escaños de su grupo parlamentario le proporciona, pero en el que la argumentación cuenta. La discusión pública, “con luz y taquígrafos”, compromete a quienes participan en la misma por lo que en ella se dice. El número de escaños es importante, pero la calidad de la argumentación propia también. Especialmente cuando el final de la discusión es la decisión sobre aquello sobre lo que se está debatiendo. En el formato de un debate en el Pleno del Congreso como el de esta mañana, la incongruencia es soportable. En el de una comisión parlamentaria para la adopción de medidas de reconstrucción de un país devastado por una “catástrofe natural” de alcance planetario, no lo es.

Llegados al momento en que nos encontramos, todos los partidos tendrán que hacerse a sí mismos las dos siguientes preguntas: ¿pueden adoptarse sin acuerdo en el Congreso de los Diputados las decisiones necesarias para hacer frente a la crisis? ¿puede la sociedad española soportar que no se toman las decisiones porque no se llega a un acuerdo?