Catalá (PP) sale en defensa de la polémica ampliación del Puerto de València sin una nueva evaluación ambiental

La diputada del grupo parlamentario popular de las Corts Valencianes María José Catalá, ha salido este martes en defensa de dos proyectos que están en el ojo del huracán de la polémica, entre otras cosas, por su dudosa tramitación y por sus costes medioambientales.

Catalá ha reclamado al Consell “que desista de cualquier intención de recurrir el proyecto de ampliación norte del Puerto de Valencia, así como un apoyo expreso a la ejecución de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del complejo portuario”.

Por este motivo, la diputada ha registrado una iniciativa en las Corts en la que defiende la ampliación norte del Puerto de Valencia y la ZAL “como inversiones productivas que tendrán un efecto positivo en la reactivación de la economía valenciana y favorecerán la generación de miles de empleos”.

Catalá ha afirmado que el proyecto de ampliación norte del Puerto ha seguido todos los trámites administrativos necesarios obteniendo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, dictada en 2007 bajo un Gobierno dirigido por el Partido Socialista.

“Sorprenden las declaraciones de la consellera Mireia Mollá sobre que este proyecto no tiene ninguna norma que lo acompañe y el tono amenazante de sus palabras hacia la autoridad portuaria. Quizá desconozca los detalles de la tramitación, pero en cualquier caso lo que no debería hacer es amenazar las expectativas de encontrar un trabajo para miles de valencianos que lo necesitan”.

Catalá se refiere a la entrevista realizada en este diario, en las que Mollá viene a exigir al Puerto que la ampliación debe cumplir con todos los requisitos legales, como es una nueva evaluación ambiental que contemple los cambios introducidos en la ampliación.

La diputada del PP obvia en su comunicado todas las modificaciones que ha sufrido el proyecto original que obtuvo la DIA favorable en 2007 y que no se ajustan a los parámetros establecidos en ese documento, tal y como recogen los informes que la Conselleria de Emergencia Climática y el Ayuntamiento de València remitieron al Ministerio de Transportes, el cual no se pronunciado aún sobre si es preceptiva una nueva DIA que evalúe los riesgos ambientales de los mencionados cambios en el proyecto de ampliación.

Los más significativos son el cambio de ubicación de la nueva terminal de contenedores, que se traslada al actual dique de abrigo, lo que incrementará el impacto paisajístico desde las playas de El Cabanyal y la Malva-rosa.

Esto a su vez obliga a trasladar la terminal de cruceros de su actual ubicación mar adentro a los astilleros de Boluda, junto al barrio de Natzaret, con el impacto ambiental que conlleva en materia de emisiones para los vecinos de los poblados marítimos.

Además, se preveía prolongar 500 metros el actual dique de abrigo, suprimir el contradique, realizar un dragado junto a las playas del Saler para ganar profundidad en el acceso al puerto y el incremento de materiales de relleno en cuatro millones de metros cúbicos. El Puerto finalmente renunció a realizar los dragados y a prolongar el dique.

Tampoco se refiere Catalá al impacto que han sufrido las playas del sur por las sucesivas ampliaciones del puerto (han perdido entre 9 y 65 metros de arena en 30 años), las cuales podrían verse agravadas por las obras. Un informe de la Demarcación de Costas de València habla de “riesgo inminente” para la Albufera si no se acometen medidas urgentes.

La popular justifica su apoyo al polémico proyecto en las cifras de empleo que viene promocionando el Puerto, pero que han cuestionado los propios estibadores. Según Catalá, “solo en el proceso constructivo generará 3.000 puestos de trabajo adicionales y 15.000 puestos con la terminal operativa”. El principal sindicato de estibadores, sin embargo, alegó contra la ampliación del Puerto porque aseguran que amenaza 500 empleos como consecuencia de su automatización.

La diputada popular ha pedido “valentía al President Ximo Puig y al PSPV para que el ecoesnobismo de Compromís no eche por tierra unas inversiones que son claves para el futuro de la ciudad de Valencia y del conjunto de la Comunitat Valenciana”.

Apoyo a una ZAL ilegalizada

Respecto a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), la portavoz popular ha puesto de relieve que el pasado 30 de abril la junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Valencia aprobó el proyecto de adecuación urbanístico del entorno del recinto, “un trámite fundamental para reactivar un proyecto de alto interés para las empresas que se dedican a la logística vinculada al tráfico marítimo y que tendrá una importante repercusión económica con beneficios en materia de empleo en el barrio más próximo como es Natzaret y con compromisos en materia ambiental y de reducción de emisiones de CO2”.

Por ello, se solicita al Sepes que se agilicen los trámites para licitar y ejecutar este proyecto de reparación de la ZAL.

Como informó eldiario.es, la puesta en marcha de la ZAL podría verse frustrado de nuevo puesto que ha sido recurrida de nuevo en los tribunales por el colectivo Per l'Horta al considerar que incurre en el mismo defecto administrativo que propició que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo declarara ilegal en 2013, algo que después ratificó el Supremo en 2015.

Según los colectivos denunciantes, el suelo de la ZAL sigue sin ser urbanizable porque nunca se ha realizado el necesario cambio de planeamiento, un aspecto que motivó las dos sentencias anteriores.

Las entidades ecologistas consideran que el Consistorio se expondría a abonar indemnizaciones a los perjudicados si los juzgados volvieran a tumbar la apertura de la ZAL.