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El exalcalde de Daya Vieja que denunció la subida salarial de su sucesor cobrará 10.000 euros más que él como asesor de Cs en la Diputación

Rafa Vives con el anterior presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.

Emilio J. Salazar

El grupo de Ciudadanos ya tiene designados sus nueve asesores de apoyo en la Diputación de Alicante, donde gobierna junto con el Partido Popular, que ejerce la presidencia. El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante ha oficializado este miércoles unos nombramientos que arrastraban varias polémicas, tanto por el elevado número de asesores de que dispone un grupo con solo dos diputados provinciales, como por la lucha interna entre el líder autonómico Toni Cantó y los secretarios de organización e institucional del partido para colocar a sus afines.

La última, la protagoniza uno de esos nueve asesores, Rafael Vives, alcalde por el PP durante 16 años seguidos de Daya Vieja, en la Vega Baja. Su derrota, ya en las filas de Cs, en las pasadas elecciones, le ha llevado a buscar acomodo en la Diputación de Alicante, ya que en el pequeño municipio donde es regidor no percibe remuneración alguna.

Ese miércoles se ha sabido que Vives pasará a percibir una retribución anual de 40.940 euros en el puesto de personal eventual de la vicepresidencia primera de apoyo adscrito a las Oficinas Comarcales, casi 10.000 euros más que los 31.500 euros que está cobrando su sucesor en la alcaldía de Daya Vieja, José Vicente Fernández, de Compromís.

No existiría tal polémica sino fuera porque fue el propio Vives el que denunció que Fernández se había subido el sueldo un 42% cuando en realidad el exdirigente del PP había estado cobrando esa misma cantidad hasta 2017 cuando disponía de una dedicación parcial del 75% como marca la ley para municipios de menos de mil habitantes, la misma dedicación que ostenta el primer edil de Compromís actualmente.

Ese año Rafael Vives optó por dividir su sueldo entre sus tres regidores, los cuales pasaron a cobrar el 25% de la dedicación, quedándose el alcalde con el 50%, es decir, 22.000 euros anuales, hasta 2019. Cuando llegó José Vicente Fernández al cargo en junio volvió a la retribución inicial del 75% ya que sus tres ediles están jubilados y no quieren ninguna remuneración por sus responsabilidades.

Anteriormente a estos hechos, Ciudadanos no empezó con buen pie su presencia en la Diputación de Alicante donde había alcanzado un pacto con el PP para evitar que el PSPV-PSOE, el partido más votado, gobernase. Parte de ese acuerdo pasaba por lograr nueve asesores, una cifra que la oposición criticó por desmesurada teniendo en cuenta que solo tienen dos diputados provinciales cuando los socialistas, con 14, se ha quedado con tres o el propio PP, también con 14, con 16. 

Más tarde, un ya de por si cuestionado Toni Cantó por haber criticado tiempo atrás a los partidos tradicionales por haber hecho de las diputaciones sus “agencias de colocación”, perdía el pulso ante el aparato del partido en la Comunidad Valenciana cuando los dos diputados provinciales presentaban una lista de asesores alternativa auspiciada por la secretaría autonómica de Acción Institucional que dirige Jesús Gimeno. Entre los nombres propuestos por Cantó, que había sido el máximo responsable del pacto con el PP, figuraba el de Rafael Vives, aunque posteriormente se caía de la lista de Gimeno -y también de Emilio Argüeso, secretario de Organización-. Finalmente, en la lista definitiva sí que ha entrado el exregidor de Daya Vieja, aunque comuna responsabilidad inferior a la inicial al pasar de coordinador del área de Infraestructuras al área de apoyo adscrito a las Oficinas Comarcales, traduciéndose en una pérdida de 20.000 euros anuales. 

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