La justicia reclama a Hacienda el documento oculto que señala a los empresarios del “pufo” de 200 millones en la Sociedad de Garantía Recíproca

En la última legislatura de Francisco Camps y en la de Alberto Fabra al frente de la Generalitat las condenas por vulneración de derechos fundamentales de los diputados por ocultar contratos e información pública se contaron por decenas. Excusas como las cláusulas de confidencialidad -con fondos públicos de por medio- o la no revelación de nombres de empresas fueron desmontadas por la justicia tras los contenciosos presentados por PSPV, Compromís y EUPV.

Han pasado cinco años desde que cambiara el Gobierno, pero en algunos casos la opacidad del poder político no ha desaparecido. En este caso es el PP el que ha acudido a la justicia por la negativa de la Conselleria de Hacienda y de la sociedad Afin SGR a entregar documentación de marcado interés público. En concreto, la auditoría forense que se realizó a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) para justificar un rescate que costó a los valencianos 200 millones de euros de dinero público.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha reclamado a la Conselleria de Hacienda que le entregue el expediente administrativo, referido a las actuaciones que haya hecho para entregar la documentación a la portavoz adjunta del PP en las Corts Valencianes, Eva Ortiz. En caso de ser insuficiente, la diputada público presentará una demanda judicial para acceder a la auditoría.

En ese informe, que eldiario.es lleva un año reclamando y Ortiz otro medio, debe dirimirse y señalar a los responsables del agujero multimillonario de la SGR que propició su rescate en 2017. Tras el pufo, la Generalitat no ha apuntado a ningún responsable por haber dado avales públicos a empresas sin cumplir los requisitos o directamente a amigos de los administradores que provocaron la quiebra de este instrumento financiero.

La opacidad de la Conselleria de Hacienda podría propiciar que en caso de que la auditoría forense hubiera detectado algún ilícito penal en la adjudicación de avales fraudulentos los delitos hayan prescrito. De hecho, el informe tampoco ha sido remitido a la Agencia Valenciana Antifraude para que analice las conclusiones y dirima cualquier tipo de responsabilidad, según ha podido saber eldiario.es. Una actitud totalmente contradictoria con los acuerdos del Pacte del Botànic y que desde la Conselleria de Transparencia tampoco han resuelto.

Llamativo es que desde el departamento que dirige Vicent Soler no se haya dado ningún argumento para negar el informe, ni a este periódico ni a la diputada que ha reclamado el documento. Máxime cuando fue el propio presidente de la SGR, Manuel Illueca, el que se comprometió a elaborar ese informe para detetectar los pufos. 

En ese sentido, en 2016 el propio Illueca llegó a declarar: “Nos hemos encontrado operaciones de riesgo, operaciones que poco tienen que ver con la función originaria de la SGR. Un ejemplo son los anticipos que se dieron a empresas del sector inmobiliario. Hay 15 millones en avales de 2010 que no tienen respaldo económico”. Demoledor. ¿Por qué la opinión pública no debe conocer esta información?

Como en época del PP, será el Tribunal Superior de Justicia el que acabe decidiendo la publicidad del documento.