Madrid investiga el agujero de Avalmadrid mientras la Generalitat Valenciana oculta la auditoría a la SGR, rescatada con 200 millones
La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, rebautizada como Afín SGR, es otro de los instrumentos públicos que los desmanes de la época del PP de Francisco Camps hundieron. Tanto, que en 2016 y para darle viabilidad necesitó de una rescate con dinero público de 200 millones de euros abonados con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Además, los recursos que ahora genera gracias a la asistencia pública que recibió siguen destinándose a cubrir la deuda contraída con los bancos.
La SGR se utilizó para dar avales a proyectos ruinosos de amigos del poder con una dudosa fiscalización de sus consejeros que todavía pleitean porque fueron sancionados por el Banco de España a devolver 1,37 millones de euros por ese descontrol. Entre los sancionados, importantes representantes y empresarios valencianos que formaron parte de su Consejo de Administración.
El presidente de la SGR y director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, se comprometió a contratar una auditoría forense, también conocida como forensic, para determinar si hubo avales dados fuera de los criterios técnicos, que beneficiaran a consejeros o a personas vinculadas a la entidad. Fue uno de los argumentos, además del rescate de una instrumento financiero positivo para la pymes, que Illueca esgrimió para justificar el entierro de 200 millones.
Los trabajos forensic, encargados por muchas empresas privadas para evitar y prevenir problemas, van orientados a investigaciones sobre posibles casos de fraude, corrupción, salidas de efectivos, apropiación indebida, manipulación contable, competencia desleal, conflicto de interés u otro tipo de prácticas internas ilegales o poco éticas.
Los trabajos de la auditoría forense concluyeron hace más de medio año y a preguntas de este medio, Illueca aseguró que lo trasladaría a la Conselleria de Hacienda y a la Abogacía de la Generalitat. En el segundo caso, para ver si con las pesquisas conseguidas se iniciaba una acción legal contra alguna persona física por los avales fallidos concedidos antes de 2012, cuando la entidad saltó por los aires.
El informe se encuentra en el departamento que dirige Vicent Soler, que no ha contestado a las peticiones de acceso reiteradas para consultar el documento. El forensic está terminado pero ni se ha puesto en conocimiento del Parlamento valenciano ni de la prensa para conocer los resultados de un estudio que debe dirimir las posibles responsabilidades por la mala gestión de una entidad que ha costado a los valencianos un mínimo de 200 millones de euros.
