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Compromís y Unides Podem protegen a Ximo Puig pero los valencianistas evitan defenderle tras la crisis con los socialistas en Valencia

Ximo Puig y Mónica Oltra durante un pleno de las Corts Valencianes

Laura Martínez

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“No concebimos la política sin lealtad. Cerrar filas, cubrir las espaldas siempre (...) Lealtad a veces es un silencio, con los dientes bien apretados, pero es siempre echar una mano cuando hace falta”. En el debate de investidura de Ximo Puig el concepto de “lealtad” estuvo muy presente en el discurso de la vicepresidenta del Consell y diputada de Compromís, Mónica Oltra.

Compromís y el PSPV tuvieron un gran enfrentamiento a cuenta de la convocatoria anticipada de elecciones; una división en el Ejecutivo sin precedentes en la legislatura que abrió una herida entre ambas formaciones y fue agrandándose en las negociaciones del nuevo Ejecutivo autonómico.

Cuando se llegó al acuerdo, la vicepresidenta del Consell defendió en su discurso una idea que ha ido repitiendo en los cuatro años en el Gobierno valenciano; en el Pacto del Botànic, aún entendiendo su diversidad, aún con sus discrepancias, van todos a una en las situaciones difíciles.

Los socios minoritarios del Gobierno autonómico han puesto en práctica este ejercicio en el pleno de este jueves en las Corts Valencianes en un momento complicado para el Ejecutivo autonómico, en el que se ha puesto en cuestión al presidente de la Generalitat por poseer acciones en un medio de comunicación beneficiado por una operación del banco público. Se trata de un medio propiedad de un grupo que recibe la mayor parte de publicidad institucional y posee tres periódicos en la Comunidad Valenciana. Los apoyos parlamentarios de Ximo Puig han optado por protegerle.

Este jueves el Parlamento valenciano decidía si, a propuesta de Ciudadanos, se creaba una comisión de investigación para determinar si hubo conflicto de intereses en la operación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con Editorial Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece el diario Mediterráneo en cuya empresa, Pecsa,el presidente tiene un porcentaje minoritario de acciones. Concretamente, 214 títulos, un 1,17% del total.

La votación ha resuelto que la investigación parlamentaria no se desarrolle gracias a la suma de Compromís, Unides Podem y el PSPV, con 47 votos en contra frente a los 45 de PP, Ciudadanos y Vox. La ausencia de dos consellers, de viaje institucional, ha provocado una tensión cortante hasta la votación.Hasta la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, convaleciente por unas lesiones, ha ejercido su voto en el pleno para proteger al presidente, que paradójicamente se encontraba en un acto precisamente del diario Mediterráneo en Castellón. En el acto se entontraba el presidente de Facsa, empresa patrocinadora, que fue condenado en la trama Gürtel al reconocer que había financiado ilegalmente al PP.

Aunque públicamente se manifieste unidad, y de facto se compruebe en la votación, la brecha que ha generado esta cuestión entre las tres formaciones se ha visibilizado en la explicación de voto.La mayoría de los diputados valencianistas no ha estado presente durante el debate y no ha entrado hasta sonar la campana que avisa de la votación.

“No haremos como el PSPV en el Ayuntamiento de València, no todo vale en campaña”, espetaba la portavoz adjunta de Compromís Mónica Álvaro a sus socios de Gobierno, que el día anterior votaron contra Compromís en un acuerdo de la comisión de investigación de la estafa de 4 millones en la EMT. En una intervención de apenas dos minutos, en la que no ha hecho referencia a Ximo Puig, Álvaro ha considerado que “a día de hoy, no hay motivos suficientes para investigar” esta cuestión.

El diputado de Unides Podem Ferran Martínez ha optado por pasar al ataque y señalar a Toni Cantó, autor de la iniciativa, por su pasado en Canal 9. El diputado ha reprochado al síndic que fuera “una persona contratada a dedo” por la antigua RTVV y que “tiene una sociedad pantalla” para evadir impuestos. En el turno de réplica el diputado ha bajado el tono, reconociendo que si la cuestión se hubiera planteado en otros términos -independencia de los medios de comunicación respecto al poder político-, su formación la hubiera apoyado. Pero, al querer ser “fiscal, juez y verdugo” de Puig, no podían aceptar.

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Mata ha defendido que el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca ya dio las explicaciones pertinentes en su comparecencia parlamentaria sobre la quita 1,3 millones en la deuda del Grupo Z para que lo comprar Prensa Ibérica y ha justificado su rechazo basándose en las conclusiones de la Abogacía de la Generalitat, que dice que “no hubo conflicto de intereses” en la votación del decreto del IVF que permitió hacer la esa quita porque se trataba de una norma de carácter general.

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