Las víctimas insisten en que el Consell “debía haber garantizado la seguridad”
Nueva concentración de las víctimas del metro en la plaza de la Virgen, y van 95 desde aquel 3 de julio de 2006 en que el descarrilamiento de un convoy en Valencia causó la muerte de 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Los familiares siguen reclamando justicia, además de la asunción de responsabilidades políticas, después de más de ocho años de aquel trágico siniestro.
Las víctimas han reivindicado que el hecho de utilizar el transporte público “no puede ser causa de muerte”, al tiempo que insistían en que la Generalitat “debía haber garantizado la seguridad en la circulación ferroviaria, y si no cumplió con su deber, debe responsabilizarse”.
De igual forma, recuerdan que el Comité Europeo de Derechos Humanos “recoge la obligación de los Estados de proteger a los ciudadanos cuando exista un riesgo para su vida, y la obligación de una investigación eficaz”, para lo que las autoridades deben emplear “todas las medidas a su disposición para conseguir los elementos de prueba pertinentes y asegurar a los ciudadanos su derecho a un proceso con todas las garantías, respecto a un juez imparcial y a la custodia de pruebas, y que permita conciliar el derecho a la verdad de las víctimas con la obligación del Estado a procesar y castigar a quienes resulten responsables”.
Además, las víctimas no han dudado en afirmar que “si nuestros gobiernos no cumplen con su obligación, aquí estamos nosotros, para recordarles esta obligación, que es nuestro derecho”.
Plataforma 'Revés'
La Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J) forma parte de 'Revés' (Red de Víctimas Españolas), un nombre que aseguran simboliza el “revés que sufren las víctimas de catástrofes, siendo la mayoría de las ocasiones doblemente 'victimizadas' al sumar el dolor por la pérdida humana, la frustración y la impotencia que supone el abandono del Gobierno”.
Esta plataforma surge “de la necesidad de reparar los errores cometidos por los gobiernos contra los ciudadanos afectados por una catástrofe y garantizar sus derechos”, al tiempo que recuerdan que llevan más de ocho años reivindicando “nuestro derecho a la verdad y a un proceso transparente y completo que cumpla la necesidad de agotar los medios razonables y eficaces de búsqueda de la verdad sin la más mínima duda sobre la actuación de los posibles responsables, y tal vez ese momento haya llegado. El tiempo dirá”.
