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Un tercio de los valencianos está en riesgo de exclusión social

Pobresa Zero denuncia la "desigualdad obscena" con una falla viviente en la Plaza del Ayuntamiento

Laura Martínez

Echar un vistazo a la geografía socio-financiera de nuestro continente (e incluso al hemisferio occidental, por no hablar de Oriente) es meter el dedo en una llaga que parece incurable. A pesar de los esfuerzos a la hora de incidir en algo tan cotidiano como la equidad de sueldos entre hombres y mujeres, ni siquiera a eso hemos llegado. 

Según los datos que maneja Pobreza Zero, en la Comunidad Valenciana los ricos han aumentado un 4%, mientras que un tercio de personas -el 30'5%- está en riesgo de pobreza y exclusión social, muchos de ellos aun teniendo un trabajo. Los datos son tozudos: un 13% de los españoles con empleo es pobre. Durante la crisis se han perpetuado –y expandido- estas desigualdades, que forman parte de un fenómeno sistémico y global. De nuevo según los datos de la organización, el 1% de las personas más ricas del planeta ha incrementado sus ingresos en un 60% en los últimos 20 años. Estos ocho hombres -ninguna mujer- acaparan los mismos recursos que 3.600 millones de personas; la mitad más pobre del planeta.

“El elemento más desgarrador es que hay personas que no se salvan de la pobreza ni teniendo trabajo” lamenta Nerea Basterra, directora de Oxfam Intermon, que señala que al mencionado 13% de la población española en riesgo de exclusión social pese a contar con un trabajo. La portavoz advierte del riesgo de la concentración de la riqueza para la mayoría no privilegiada: “Se concentra en muy pocas manos que acaban teniendo control político de los gobiernos. Esas personas que acaparan el patrimonio son capaces de influir en los gobernantes para que las leyes favorezcan sus propios negocios. Los empleos y salarios disminuyen. La élite se enriquece de manera más rápido”. El nuestro es un sistema que se retroalimenta: hace que los ricos sean más ricos y los pobres, más pobres.

Pero cuando se mira (más) de cerca a la pobreza, esta tiene rostro de mujer: en entornos subdesarrollados, rurales, industriales y occidentalizados. La brecha salarial, las dificultades de acceso a los bienes básicos para la producción -tierra, agua- son solo algunos de los ejemplos. “En un entorno desarrollado, hay muchas mujeres que están empleadas en puestos más precarios, temporales o de inferior categoría profesional y, por tanto, con inferior retribución” señala la cooperante. En Europa, las mujeres cobran un 16% menos que los hombres, de media; en España, un 18'9%. Las empresas niegan la mayor y las que lo muestran señalan que los sueldos base son iguales sobre el papel, aunque después las diferencias lleguen en forma de complementos variables -cumplimiento de objetivos, primas u horas extra-.

Para más inri, existe una parte del trabajo que ni siquiera merece tal epíteto.  “Se invisibiliza y no se cuenta como trabajo el trabajo de cuidados: la atención a dependientes, niños, trabajo doméstico… El del día a día que se necesita para la vida. El sistema capitalista asume que el trabajador va a la fábrica y no hay nada detrás. Todo lo que el sistema no retribuye se basa en el trabajo no remunerado de las mujeres”, señala Basterra.

¿Cuál es el horizonte que se nos plantea? La mayoría de soluciones pasan por la acción del Gobierno. En Islandia, el Ejecutivo aprobará en breves una norma para obligar a las empresas a equiparar los salarios, después – todo hay que decirlo- de una fuertísima campaña de las féminas del país en buscar de ese equilibrio. Es el primer país del mundo, según la BBC, en aprobar una norma de este calado. En España aún estamos lejos de llegar a este punto, ya que se entiende como una injerencia del Estado en la empresa privada. Sin embargo, entidades como Pobreza Zero tratan de forzar a las empresas a estrechar esa falla, por utilizar una figura apropiada. Una de las últimas iniciativas busca regular las diferencias salariales en el mismo centro de trabajo en una escala del 1 al 10 entre el mínimo y el máximo. “Bajo la excusa de que el aporte de valor de un ejecutivo es mayor que la de un trabajador de a pie, se generan estas diferencias obscenas”, explica Basterra.

Respecto a la brecha de género, la respuesta debe darse también desde las instituciones. Aunque el tema no se ha estudiado en profundidad, admite la portavoz, se trabaja sobre algunas ideas con una doble perspectiva: no cargar a las mujeres con trabajos no remunerados y equiparar el salario al de los hombres en los que sí lo están. Políticas de conciliación laboral, igualdad en los accesos a permisos por maternidad y paternidad, ayudas al cuidado de dependientes... Son algunas de las propuestas. Diversas asociaciones feministas trabajan en iniciativas legislativas para que los Gobiernos sufraguen el trabajo doméstico o en otras vías como la renta básica garantizada que ya han asumido formaciones políticas.

Basterra considera fundamental revertir los recortes sociales y luchar contra el fraude fiscal para tener más recursos que destinar en ayudas. “Si se cortan las ayudas a dependencia, escolarización de los menores de 3 años, la atención sanitaria se efectúa a domicilio y no en el centro sanitario… Las mujeres acaban dejando de trabajar por ello”. Además, considera que se deben revisar las políticas fiscales y la llamada 'tasa rosa' -el IVA de lujo a productos de higiene femenina básica-. “Las políticas sociales y fiscales no son neutras. Las causas son políticas y las soluciones, también” concluye.

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