El Gobierno aplica por primera vez en Ceuta el procedimiento exprés para rechazar el asilo tras el último salto

El viernes 30 de agosto, alrededor de 200 personas intentaban acceder a Ceuta saltando el vallado del espigón fronterizo Benzú. Siete se quedaron encaramadas en la alambrada y fueron devueltas en caliente a las autoridades marroquíes. Decenas fueron detenidas al otro lado de la frontera. Otras 153 lograron entrar a la carrera en la ciudad autónoma. Tras llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), durante el proceso de identificación un grupo alegó ser menor de edad. El resto manifestó su intención de pedir asilo en España.

Desde aquel fin de semana, la Policía Nacional y el Colegio de Abogados de Ceuta se han encargado de atender las peticiones de protección internacional, según han indicado a eldiario.es fuentes próximas al sistema de asilo. Por primera vez, el Gobierno ha optado por aplicar el procedimiento 'en frontera' tras un salto a la valla en Ceuta.

Esta vía, prevista en la ley, acelera los plazos –hasta ocho días– de los que dispone el Ministerio del Interior para decidir si admite o no la petición de asilo y contempla también la posibilidad de denegarlo directamente. Por tanto, acorta los tiempos para la posible expulsión de los solicitantes cuya petición haya sido inadmitida o denegada.

Es la que suele utilizarse en los aeropuertos y de acuerdo con fuentes de ONG, ha comenzado también a aplicarse desde hace unos meses en Melilla. Distintas voces expertas consultadas por este medio consideran que el propio procedimiento en sí, al apresurar los trámites, disminuye las garantías para potenciales refugiados.

Interior ha admitido seis solicitudes

La información oficial sobre cómo ha avanzado el proceso en Ceuta es muy escasa. Desde la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska guardan silencio sobre el operativo y se han limitado a proporcionar datos puntuales “a la espera de que concluyan los expedientes”. Hasta el momento, la Oficina de Asilo y Refugio solamente ha admitido que se siguieran tramitando –por el procedimiento ordinario– 6 de las 148 solicitudes de protección internacional formuladas por tandas a medida que seguían avanzando las entrevistas, según han especificado fuentes jurídicas presentes en el proceso a este medio. Las cifras, que no han sido confirmadas a eldiario.es por Interior, no son aún definitivas porque puede haber aún nuevas notificaciones tras las revisiones.

“Estamos trabajando contra reloj, montando turnos extraordinarios de asistencia para que sea lo más correcta posible. Ellos estaban muy nerviosos cuando llegaron, estaban muy asustados porque pensaban que los iban a devolver a Marruecos”, apunta a eldiario.es Isabel Valriberas, abogada y decana del Colegio de Abogados de Ceuta. Según indica, “medio centenar” de letrados de oficio han participado en estos turnos. El 9 de septiembre finalizaron todas las entrevistas.

A medida que las peticiones se han ido rechazando, la administración ha comenzado a incoar los expedientes de devolución de los migrantes. El pasado jueves, los abogados de oficio se reunieron para coordinar su respuesta en los tribunales a las denegaciones de asilo y las órdenes de devolución tramitadas.

El procedimiento 'en frontera', para el que se han utilizado por primera vez las instalaciones de la oficina del puesto fronterizo del Tarajal –a la que la mayoría de migrantes subsaharianos no puede acceder– acelera, en la práctica, la toma de decisiones. Una vez presentada la solicitud de protección internacional, la administración tiene cuatro días para decidir si la estudia o no. Si su petición no es admitida o es denegada, pueden presentar un recurso llamado de reexamen en el plazo de dos días desde que le informen del rechazo de su solicitud. A continuación, las autoridades españolas tienen dos días para responder. Una vez resueltos, los letrados pueden recurrir las denegaciones e inadmisiones en los tribunales. La ley prevé también estos plazos para quienes piden asilo en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).

La vía aplicada es mucho más corta que la ordinaria, la habitual hasta ahora para quienes pedían asilo una vez en Ceuta tras saltar la valla con Marruecos, según la cual el solicitante cuenta con un mes desde la entrada en el territorio español y la administración dispone de otro mes desde la presentación de la petición para notificarle si no se admite a trámite.

En el proceso ha participado Acnur, como marca la legislación de asilo. Según explica María Jesús Vega, portavoz de en España, Acnur recibe información y emite un criterio sobre las solicitudes de protección internacional que no es vinculante. La última palabra, insisten, la tiene Interior. Desde Acnur enfatizan que para rechazar en esta fase las peticiones, las autoridades deben establecer el carácter “manifiestamente infundado o abusivo” de la solicitud. También piden que teniendo en cuenta los plazos cortos se “cuente con todas las garantías y en caso de duda se aplique el beneficio de la duda” para ser estudiadas en profundidad.

En Ceuta, los letrados comenzaron a presentar hace unos diez días los recursos (reexámenes) de quienes recibieron las primeras negativas. Desde el Colegio de abogados de la ciudad autónoma indican que se han tramitado recursos contra las denegaciones de asilo ante la Audiencia Nacional, pidiendo medidas cautelarísimas para frenar la expulsión de sus defendidos. Sin embargo, el tribunal está denegando estas medidas al no apreciar “motivos de urgencia”, sostienen. Paralelamente, los servicios jurídicos han interpuesto recursos de alzada contra las órdenes de devolución. “Lo que intentamos es agotar todas las vías porque ninguno quiere volver a su país: la mayoría ha pasado un calvario para llegar hasta aquí”, sostiene Valriberas.

Llegados a este punto, una vez agotadas todas las vías judiciales y administrativas, la representante de los letrados ceutíes afirma desconocer si las expulsiones se van a ejecutar o no. Las autoridades españolas pueden encerrarlas en un CIE de la Península por orden judicial e intentar proceder a su expulsión, algo complicado con personas procedentes de determinados países de África Subsahariana debido a la falta de acuerdos de readmisión entre España y algunos de estos Estados.

Pero en las órdenes de devolución figura su expulsión al “punto/s de origen”, lo que, a juicio de fuentes jurídicas presentes en el proceso, puede abrir la puerta también al país por el que han llegado, Marruecos. En este sentido, en todo este tiempo Interior ha rechazado aclarar si ha pedido o no al país vecino que acepte a los migrantes en aplicación del convenio de 1992 que desempolvó el pasado verano para expulsar de forma exprés a 116 personas desde la ciudad autónoma en una operación que desató una lluvia de críticas y cuya legalidad fue cuestionada por expertos.

Sin embargo, el acuerdo estipula que España tiene 10 días de plazo para presentar la solicitud de readmisión al país vecino. Depende también de que Marruecos –que tradicionalmente se había negado a readmitir a personas de terceros países 24 horas después de su entrada a España antes del Gobierno de Pedro Sánchez– lo acepte. Mientras las entrevistas se desarrollaban en Ceuta, Grande-Marlaska viajó a Rabat para reunirse con su homólogo marroquí. El ministro en funciones volvió a destacar el papel de las autoridades marroquíes en el control fronterizo.

“Por la rapidez, hay muchas limitaciones”

Fuentes de ONG que están monitorizando el proceso en Ceuta aseguran que de momento se está cumpliendo con los requisitos más básicos que establece la ley. Pero el procedimiento para solicitar asilo en frontera despierta ya de por sí suspicacias por tratarse de un trámite acelerado. “Ya solo por eso hay una merma de garantías”, afirma Paloma Favieres, coordinadora de los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

“Hay muchas limitaciones para detectar situaciones de vulnerabilidad, no existe la posibilidad de apoyarse en profesionales psicosociales. No es lo mismo que tener un mes en el que los abogados se pueden apoyar en médicos o psicólogos. En ocasiones los solicitantes se enfrentan a traumas y miedos, no hay tiempo para recuperarse”, recalca la letrada.

El pasado junio, varios solicitantes de asilo llegaron a Melilla tras alcanzar en patera las Islas Chafarinas. También se activó en esta ocasión el procedimiento en frontera para ellas. Desde CEAR alertaron de que “las condiciones en que se llevaron a cabo las entrevistas no fueron las óptimas debido a la situación física y anímica en la que se encontraban las personas después de su traslado desde los calabozos y en un tiempo récord, a todas luces insuficiente, que sin duda perjudicó el proceso de formalización de sus solicitudes”. A excepción de una persona, todas las peticiones fueron denegadas.

De acuerdo con Favieres, a diferencia del procedimiento en los puestos fronterizos de los aeropuertos de El Prat o Barajas, donde los demandantes de protección permanecen privados de libertad, los migrantes, en esta ocasión, se encuentran en el CETI y han sido trasladados a la oficina del Tarajal para los trámites.

“El problema fundamental de este procedimiento, y más en el contexto de una Oficina de Asilo y Refugio absolutamente desbordada y colapsada que tarda en resolver los procedimientos, literalmente, años, es que en unos diez días resulta poco verosímil que el expediente se estudie con el detenimiento, cuidado y análisis probatorio que una situación tan seria requiere”, considera por su parte Francisco Solans, portavoz de la Asociación Española de Abogados Extranjeristas.

“La tramitación sumaria produce un abuso repetido por parte de la administración, que es la aplicación casi sistemática de los motivos de inadmisión para denegar”, prosigue Solans. “Si se les deniega o inadmite en tan breves plazos y utilizando las causas señaladas, la sospecha de una resolución motivada en razones de conveniencia política de control de fronteras y no de fondo del asunto se verían muy reforzadas”.