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Los Ángeles y Nueva York limitan la expansión de Airbnb

La ciudad californiana restringe los alquileres vacacionales a las residencias habituales de los anfitriones, para así evitar que se adquieran viviendas para ponerlas en Airbnb y otras empresas similares

Sigue la estela de Nueva York, que recientemente ha endurecido su normativa exigiendo informes mensuales sobre los propietarios, en medio de demandas cruzadas entre la plataforma y el ayuntamiento

Las asociaciones que representan los intereses de Airbnb optan por recurrir contra estas regulaciones, a veces con resultados positivos para sus intereses, como acaba de pasar en Madrid

Airbnb es denunciado por los hoteleros franceses por competencia desleal

EFE

Los dos principales mercados de Airbnb en Estados Unidos, Los Ángeles y Nueva York, han aprobado recientemente legislaciones para limitar la expansión de Airbnb, con la convicción de que las plataformas de alquiler vacacional están influyendo en la subida de precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra–venta. Por su parte, las empresas afectadas achacan a las presiones de los lobbies hoteleros las nuevas restricciones y ya han presentado sendas demandas judiciales.

Esta respuesta ante los tribunales no es infrecuente ante normas que consideran excesivamente restrictivas y que en ocasiones consiguen tumbar, como acaba de pasar en Madrid con la anulación del Tribunal Supremo de dos artículos referentes al registro y publicidad de este tipo de alojamientos.

A la espera de futuros fallos judiciales, el caso regulatorio más reciente, de esta misma semana, es el de la capital de California, donde su ayuntamiento ha decidido, entre otras medidas, limitar los alquileres vacacionales a las viviendas en las que los propietarios habiten al menos seis meses al año. Pretenden evitar que se adquieran viviendas con el único objetivo de ponerlas en alquiler vacacional, mucho más rentable que el de larga duración.

Otras medidas aprobadas en Los Ángeles incluyen limitar a 120 los días al año que se puede poner una vivienda en alquiler vacacional; la necesidad de que los propietarios cuenten con un permiso municipal y un registro para poder anunciarse, además de la obligación de las plataformas de enviar información sobre las transacciones. Esta legislación deberá entrar en vigor el próximo mes de julio.

Nueva York y las demandas cruzadas 

La ciudad de Nueva York es una de las más caras del mundo (un estudio sin dormitorio cuesta entre 1.500 y 3.500 dólares al mes), aunque este año los precios han empezado a caer. El alcalde demócrata Bill de Blasio está empeñado en regular el alquiler vacacional en la ciudad. Las medidas que prepara incluirán la obligación de las plataformas de enviar información mensual al ayuntamiento sobre  la identidad de los llamados anfitriones, es decir, los dueños de las casas o habitaciones que se ofertan (afecta a ambas posibilidades), sus direcciones, así como las cantidades que ingresan por este negocio. 

"Esta ley proporciona a la ciudad la información fundamental que necesita para preservar nuestro parque de viviendas, mantener a los visitantes seguros y garantizar que los residentes se sientan seguros en sus hogares y vecindarios", explicaba recientemente Christian Klossner, de la Oficina de De Blasio.

Airbnb y Homeaway interpusieron una demanda contra el ayuntamiento neoyorkino por supuesta vulneración de los derechos constitucionales de privacidad de sus usuarios. El ayuntamiento respondió con otra demanda contra las plataformas por "prácticas engañosas" y "poner a los residentes en peligro".

El caso de Toronto, Madrid, Barcelona o San Francisco 

La limitación de alquilar solo tu primera residencia como vivienda turística es un intento de frenar la especulación que ya se aplica en ciudades como Toronto y San Francisco, que es donde nace Airbnb en 2008. En Madrid "se sigue a medias", explica el sociólogo e investigador sobre fenómenos de turistificación Javier Gil. En esta ciudad se quiere limitar el alquiler turístico a los pisos que tengan un acceso específico desde la calle, lo que puede reducir enormemente la oferta, aunque solo en la zona centro, con lo que el problema podría trasladarse a zonas más periféricas, advierte.

En el caso de Barcelona, el alquiler de habitaciones dentro de la primera residencia es alegal, explica Gil, mientras que existen unas 10.000 licencias que pueden operar sin limitación en ese sentido. Pero no se conceden nuevas licencias y el ayuntamiento tiene una batalla contra los pisos que operan en este mercado ilegalmente, y este verano ha logrado la retirada de más de 3.500.

"En el contexto de crisis internacional cada vez más capital financiero se está dirigiendo a inversiones especulativas en el mercado inmobiliario en todas las ciudades globales", explica el sociólogo. Por eso, concluye, "cada vez más ciudades aprueban medidas dirigidas a reducir el efecto negativo de Airbnb sobre el mercado residencial, sobre todo de alquiler".

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