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Los desahucios de Argumosa tensan la negociación entre el Gobierno y Podemos para un nuevo decreto de vivienda

El Gobierno asegura que si se hubiera convalidado el anterior decreto se habrían evitado las "imágenes" del desahucio de cuatro familias en el emblemático bloque de Lavapiés 

Esta afirmación provocó la indignación de Unidos Podemos, que votó en contra del primer texto por considerar que solo cumplía el acuerdo en lo que se refería al alargamiento de contratos

Según alegan, ese decreto tan solo habría retrasado un mes el desahucio de Pepi y el resto de los vecinos, por lo que esperan que el Gobierno haga realidad mayores medidas de protección en el texto que ahora prepara, tal y como estipula la ONU

Cientos de vecinos intentan frenar el desahucio de Argumosa 11

Las escaleras de Argumosa, 11, poco antes del desahucio. Fernando Sánchez

Los negociadores de Unidos Podemos en temas de Vivienda escucharon el pasado viernes con estupor a la portavoz del Gobierno asegurar que si el primer decreto sobre alquiler hubiera sido convalidado (fue derogado con los votos, entre otros, de Unidos Podemos), se habrían evitado los desahucios de unas horas antes en la calle Argumosa. Isabel Celaá se refería al desalojo de cuatro familias en Lavapiés (Madrid). Este caso se ha convertido en un altavoz mediático de lo que ocurre, de media, 83 veces al día en España, según los últimos datos sobre lanzamientos (desahucios) en alquileres del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

¿Como puede ser tan cínico? Su Gobierno está proponiendo q los desahucios de familias vulnerables se aplacen 1 MES para buscar un realojo. Después de ese mes, el desahucio se ejecutaría en cualquier caso ¿Está ud dispuesto a escucharnos y pararlos hasta q el realojo se garantice? https://t.co/ZqlFHTvlVR

— Lucia Martín (@Lucia___M) 22 de febrero de 2019

¿Realmente el primer decreto habría evitado estas imágenes a las que se refería Celaá? Lo que incluía aquel texto al respecto era la modificación del procedimiento de desahucio de vivienda cuando afectara a hogares vulnerables, "estableciendo que la determinación de la situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de dos meses cuando el demandante sea persona jurídica".

Es decir, que los lanzamientos se habrían parado un mes o dos, como mucho. El decreto no incluía la potestad para desarrollar una regulación de precios que hubiera podido evitar subidas inasumibles de renta, como las que denuncian las familias afectadas en Lavapiés y las organizaciones que les apoyan. 

El Gobierno y Unidos Podemos están estos días inmersos en las negociaciones para intentar negociar un nuevo decreto sobre vivienda que pueda ser convalidado por el Congreso antes de las elecciones, convocadas para el 28 de abril. Tras las palabras de la portavoz del Gobierno, apoyadas por el presidente Pedro Sánchez en Twitter, el grupo confederal confía en que ahora el Ejecutivo se muestre abierto a introducir medidas que de verdad coadyuven a ofrecer una alternativa a los desahuciados vulnerables. 

En concreto, pretenden que se alargue el margen durante el que puede paralizarse el lanzamiento hasta que los servicios sociales consigan una alternativa para ese tipo de inquilinos. Idealmente, el grupo confederal reclama el cumplimiento de los requerimientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturares (DESC) de la ONU para implementar normas que impidan el desalojo de familias con menores o personas vulnerables a su cargo sin un techo bajo el que cobijarse. Así lo apunta también la pregunta parlamentaria que va a plantear esta semana el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral. 

Además, Unidos Podemos quiere que los juzgados, de oficio, notifiquen los desahucios a los servicios sociales con el tiempo suficiente para que puedan reaccionar y comprobar la posible vulnerabilidad de las personas afectadas, siempre que los alquileres sean inferiores a dos veces el IPREM (548,60 al mes en 2019, es decir, rentas de 1.097 euros). 

En la actualidad son las familias las que deben acudir a servicios sociales, y esto es algo que ni siquiera conocen en multitud de ocasiones. Cuando deben reaccionar, estos departamentos de los ayuntamientos tienen que hacerlo con urgencia y sin suficiente margen. Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, solo un 20% de los desahucios atendidos llegan con informe previo de servicios sociales y el gasto por usuario de servicios sociales se triplica cuando la atención es de emergencia.

Lo que ha dicho la ONU sobre el desahucio de Argumosa 

El que finalmente se acabó ejecutando el pasado viernes era el séptimo señalamiento para Pepi, el quinto de Rosi y el cuarto de Juani, que tiene una hija con una discapacidad de un 85%, y de su nuera Mayra, con tres hijos menores a su cargo, uno de ellos recién nacido. El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU había vuelto a solicitar, por tercera vez, que se paralizara el desahucio de Pepi ante la falta de una vivienda alternativa adecuada, sin que las autoridades españolas atendieran esta petición. Juani y Mayra, que habitan en pisos distintos, pero con el mismo contrato, también contaban con una resolución similar en su intento anterior, informaba la pasada semana David Noriega. 

La premura con la que se les notificó este lanzamiento, el mismo jueves por la tarde, impidió volver a solicitar amparo a este organismo, según la abogada de la PAH, Alejandra Jacinto, que representa a Pepi y a Juani ante el DESC. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU se ha convertido en el último recurso para evitar el desalojo de muchas familias. el pasado año examinó a España y en el informe emitido mostró su preocupación por la situación en la que se encuentra el derecho a la vivienda, sobre todo en los colectivos en riesgo de exclusión social. "Preocupa al Comité el número insuficiente de vivienda social", recogían en las conclusiones emitidas.

A su vez, reseñan su inquietud por "la falta de un marco legislativo adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas" por desahucios hipotecarios e impagos de alquiler. Para combatir esta situación recomienda al Estado "que adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales, así como entre los servicios sociales mismos". 

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