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Competencia informa a la UCO de la posible existencia de delitos en la trama de contratos públicos de Indra

Ya ha mantenido contactos con esa unidad de la Guardia Civil y estudia "trasladar a las autoridades competentes" posibles ilícitos penales en el cártel que lideró la tecnológica junto a diez empresas

Recibió en octubre un anónimo que denunciaba "vínculos entre determinadas personas que han venido prestando sus servicios a varias empresas", entre ellas varias sancionadas, "y directivos de organismos públicos"

La CNMC apunta que el cártel, además de un perjuicio para el erario público, pudo provocar una devaluación de los sueldos de los trabajadores del sector tecnológico por la ausencia de competencia

Abril-Martorell: la compra de Tecnocom supone "un ambicioso paso adelante"

El presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell. EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mantenido ya contactos con la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil para informar de manera informal de la posible existencia de ilícitos penales en el cártel destapado esta semana con el que Indra y otras diez empresas tecnológicas se repartieron ilegalmente durante diez años (2005-2015) adjudicaciones de contratos públicos. 

La CNMC, que solo impone sanciones administrativas, ya ha mantenido contactos informales por este asunto con efectivos de la UCO, especializada en delitos de corrupción, según confirman a eldiario.es varias fuentes conocedoras del proceso. Se trataría, según una de las fuentes consultadas, de ilícitos penales que afectarían "a todos los niveles de la Administración" pública: estatal, autonómica y local. 

En esta trama, la CNMC ha acreditado que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social llegaron a permitir a Indra participar en la redacción de pliegos de concursos que luego la empresa amañaba con sus rivales inflando los precios. En muchos procedimientos, las compañías tenían "conocimiento de la futura licitación con anterioridad a la publicación de la misma" gracias a "contactos que las empresas mantienen dentro de la administración contratante", según el organismo. Indra y la alemana SAG "suelen obtener esta información de primera mano y luego la trasladan al resto de empresas" del cártel.

La resolución de la Sala de Competencia del organismo, de 224 páginas (la propuesta de resolución de la Dirección de Competencia superaba las 400), apunta también que "el 16 de octubre de 2017, tuvo entrada en la CNMC un escrito de un denunciante anónimo, en el que se refiere la existencia de vínculos entre determinadas personas que han venido prestando sus servicios a varias empresas y directivos de organismos públicos. Estos vínculos personales habrían tenido, según el denunciante, incidencia en la adjudicación de contratos públicos de servicios de tecnologías de la información por parte de dichos organismos a diversas empresas, entre las que se citan varias de las empresas incoadas en el expediente de referencia".

A preguntas sobre este asunto, fuentes oficiales de la CNMC confirman que la entidad "se plantea trasladar a las autoridades competentes" la existencia de los posibles delitos detectados durante la instrucción del expediente, que se pondrían oficialmente en conocimiento de la instancia correspondiente ahora que la resolución del procedimiento ya es pública. 

La UCO acaba de quedar descabezada tras la reciente destitución del coronel Manuel Sánchez Corbí, responsable de las principales operaciones contra la corrupción del PP, algunas vinculadas a su vez a la propia Indra, como Púnica o Lezo. Esta última precipitó la imputación hace algo más de un año del entonces consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, y la detención de su esposa, María Fernanda Richmond, exdirectora Financiera del Canal de Isabel II y en prisión hasta hace unas semanas.

Antecedentes

Varias multas de las autoridades de la Competencia han acabado en la vía penal. Por ejemplo, el cártel de los comedores infantiles de las escuelas públicas en Euskadi (18 millones en multas) que en 2016 propició una denuncia del Gobierno vasco a la Fiscalía. Fue desarticulado por la Autoridad Vasca de la Competencia, cuya presidenta era entonces Pilar Canedo, hoy consejera de la CNMC.

En un voto particular a la resolución del cártel encabezado por Indra, Canedo pidió incoar también expediente sancionador a las propias administraciones públicas, por considerar que "habrían podido realizar conductas de facilitación del cartel entre las empresas". Su petición no fue atendida.

La resolución de Competencia plantea que, además del millonario perjuicio para el erario público que provocó el cártel, también resultaron perjudicados los trabajadores del sector. Así, la ausencia de competencia lleva "a considerar que los acuerdos y prácticas concertadas (...) podrían conllevar implícitamente pactos de no captación de los recursos humanos del resto de empresas partícipes".

"Esos pactos de no captación implícitos conllevan que los costes que estos suponen (sus salarios) se mantengan por debajo de lo que correspondería a una situación competitiva en el mercado. "En aquellos casos en que las empresas encuentran dificultades para lograr el mantenimiento de los márgenes, entre las acciones que se plantean se encuentra el recurso a una reducción de los costes salariales de cara a paliar las posibles bajadas". 

Todo ello, pese a que sus empleados "resultan esenciales para la consecución y mantenimiento de los contratos y de que la cualificación de los trabajadores supone el principal activo de las empresas, quienes deben presentar los currículum en sus ofertas y adaptar el personal de cada proyecto a requerimientos técnicos muy específicos". En otras palabras: ganan las empresas y pierden sus trabajadores "en plena crisis económica y en un contexto de contención del gasto público".

El expediente se ha saldado con multas cercanas a los 30 millones de euros para las empresas participantes en el cártel. Además de Indra (que se ha llevado la mayor sanción, 13,5 millones) y SAG (6 millones), están otras como el grupo Connectis ICT, al que ha correspondido una multa de 1,8 millones y uno de los tipos sancionadores (porcentaje de la cifra de negocios que supone la multa) más altos, del 4,3%. La propia CNMC acaba de adjudicar varios contratos de desarrollo de aplicaciones informáticas a la empresa Global Rosetta, que pertenece precisamente a Connectis.

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