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Competencia multa con 30 millones a un cartel de servicios informáticos para la Agencia Tributaria o el SEPE

La CNMC acusa a once empresas de repartirse clientes y pactar precios y condiciones comerciales para encarecer la contratación pública

La lista de sancionadas la encabeza Indra, con 13,5 millones, seguida por Software AG, Atos, Connectis ICT o IBM, entre otras

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José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado este miércoles la imposición de una multa de casi 30 millones de euros para once compañías de servicios informáticos, a las que acusa de crear un cartel, repartirse clientes, pactar precios y encarecer con ello la contratación en las administraciones públicas.

La lista de empresas la encabeza Indra, que recibe la mayor sanción con 13,5 millones de euros. Le sigue Software AG (6 millones), Atos (5 millones), Connectis ICT (1,8 millones), IBM (940.000 euros), Everis (800.000 euros), BAbel Sistemas (633.000 euros), Cibernos Consulting (616.038 euros), Gesein (320.000 euros), Accenture (300.000 euros) y Next Computer (46.720 euros).

La CNMC apuntan que estas empresas operaban en todo el territorio ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos para la administración pública. Apunta además que en la mayoría de los casos estos contratos conllevaban a la integración física de personal de las empresas o de sus subcontratas en las plantillas de sus clientes. Entre los organismos afectados se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras. Además de las once empresas señaladas apunta que existen otras tres investigadas sobre las que no han obtenido suficientes pruebas de su implicación.

Competencia apunta que las conductas ilícitas correspondían a la creación de Uniones Temporales de Empresas de carácter instrumental, la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se les aseguraba un porcentaje de facturación, la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación, la cesión de claves de patrimonio o la inhibición de presentarse a algunos concursos a cambio de otro tipo de favores. "Con todo ello reducían la competencia entre las empresas que se presentaban", concluye la CNMC.

No cabe recurso administrativo, por lo que las empresas deberán acudir a la vía del contencioso-administrativo ante la decisión del órgano de competencia. La CNMC señala que lanzó hace año y medio una campaña para detectar acuerdos contra la competencia que afectan a los costes de la contratación pública. En este sentido, anima a los empleados públicos que trabajen en materias de contratación que denuncien cualquier sospecha de acuerdos de este tipo.

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