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Vestas quiere echar a 370 empleados en España mientras Hacienda le reclama más de 90 millones

Protesta de trabajadores de Vestas a las puertas de la planta de Villadangos del Páramo, en León.

Antonio M. Vélez

El fabricante danés de aerogeneradores Vestas prepara el cierre de su factoría en Villadangos del Páramo (León), que implicará suprimir unos 370 empleos directos y otros 2.000 indirectos, mientras tiene sobre la mesa más de 90 millones de euros en reclamaciones de la Agencia Tributaria por impuestos de los ejercicios 2006 a 2009.

La cifra no incluye intereses de demora y comprende liquidaciones que la multinacional, primera empresa mundial del sector, llevó el año pasado hasta la Audiencia Nacional, tras desestimar sus recursos el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

En sus últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, de 2016, la propietaria de la planta de Villadangos del Páramo, Vestas Manufacturing Spain, SL, cifraba “el total de la deuda a ingresar” que le reclama el Fisco español en esos procedimientos en 66.119.893 euros, como consecuencia de sendas inspecciones abiertas en los años 2011 y 2013 por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria.

La filial explica en sus cuentas que, tras finalizar el ejercicio 2016, en abril y mayo de 2017, recibió “notificaciones del TEAC desestimando los recursos presentados” contra las liquidaciones de Hacienda. Vestas procedió a presentar los correspondientes recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra las actas incoadas en disconformidad en 2014 por los siguientes conceptos: 23.661.250 euros a ingresar por el Impuesto de Sociedades de 2006 y 2007 y 36.990.715 euros por 2008 y 2009; 8.378.971 euros en retenciones por ingresos a cuenta por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de 2008 y 2009; y 2.911.043 euros a devolver por ese mismo impuesto en 2007. En total, los citados 66,1 millones.

No es la única reclamación fiscal que tiene abierta en España. En septiembre pasado, su filial Vestas Eólica SA también recurrió ante la Audiencia otra resolución del TEAC del 9 de mayo de 2017 que desestimó su recurso frente a la liquidación dictada por la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes sobre el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2008 y 2009, por un importe total de 24.502.196,37 euros.

A preguntas sobre este asunto, Vestas declina precisar la cuantía de las liquidaciones giradas por la Agencia Tributaria que tiene recurridas en la Audiencia, que atribuye a una “diferencia de criterio de la administración fiscal española sobre el reparto de la carga impositiva entre España y Dinamarca, al entender la administración española que parte del beneficio que tributó en Dinamarca tenía que haber tributado en España”.

Según Vestas, “se da la circunstancia de que la administración fiscal danesa mantiene exactamente la posición contraria, sosteniendo la tributación en Dinamarca”, lo que propicia “una situación de doble imposición para el grupo” pues “los mismos resultados han tributado simultáneamente en España y en Dinamarca”. Una situación “contraria a los más elementales principios en materia de tributación y contraria al propio ordenamiento de la Unión Europea”.

Así, “en paralelo al recurso ante la Audiencia Nacional, Vestas solicitó la iniciación de un procedimiento amistoso entre ambas administraciones tributarias, al amparo de la normativa europea” reflejada en el Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas.

Vestas sostiene que “no ha dejado de cumplir con sus obligaciones fiscales en ningún momento y está a la espera de que la Administración tributaria española y la Administración danesa resuelvan esta situación en el marco del citado procedimiento amistoso”. Añade que “la Administración española no impuso sanción alguna a Vestas en el marco de las citadas comprobaciones”.

Deslealtad

El cierre de la planta del grupo en León ha movilizado al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León, que han pedido a la empresa que considere su posición. Ambos han criticado la “deslealtad institucional” de la multinacional por presentar el ERE de extinción de empleo justo antes de reunirse con las Administraciones y cerrar una instalación fabril que ha recibido millones de euros en ayudas públicas que ya no pueden reclamarse.

Según recoge Diario de León, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, apuntaba este miércoles que la empresa tenía el cierre “muy bien estudiado”, porque ha esperado a que, en junio pasado, expirase el plazo para devolver las millonarias ayudas que la planta recibió de los Gobiernos central y autonómico.

En sus últimas cuentas presentadas, Vestas Manufacturing Spain explicaba que “la construcción de la nave de Villadangos del Páramo (León) fue financiada por un importe de 14.474.571 euros, a través de varias subvenciones concedidas a la Sociedad en los ejercicios 2006 y 2009 por la Junta de Castilla y León y por el Ministerio de Economía y Hacienda”.

El último tramo de esas subvenciones lo cobró en septiembre pasado, justo después de recurrir ante la Audiencia Nacional las resoluciones del TEAC. “El 28 de septiembre de 2017 la sociedad ha recibido de la Subdirección General de Incentivos Regionales [del Ministerio de Economía] el pago del importe de 5.868.228 euros correspondientes la subvención que la sociedad había solicitado para la construcción de la nave de la fábrica de León”, indica en sus cuentas.

Menos de un año después, ha decidido echar el cierre para, asegura, “mantener la competitividad de la compañía en un mercado” que está “en constante evolución”. En su último informe anual (2017), Vestas aseguraba que, tras las subastas de energía renovable que permitirán instalar ocho gigavatios hasta 2020, “se espera que España sea un mercado clave en el medio y largo plazo”.

“La producción se la van a llevar a China, India y Argentina y las plantas europeas van a decaer y llegará el momento en que desaparezcan”, pronostica Francisco Romero, secretario general de UGT-FICA León, que, desde la “prudencia”, todavía mantiene “un hilo de esperanza” para que se logre evitar la desaparición de la planta leonesa.

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