Bienvenida la última (por ahora) regularización extraordinaria de inmigrantes

La normativa en materia de inmigración contempla un sistema general de regularización permanente, por tanto, de vigencia indefinida, que proporciona unos resultados muy positivos de integración natural de los flujos migratorios. No obstante, periódicamente se van formando bolsas de inmigración irregular, que no pueden ser atendidas con los sistemas ordinarios, que muestran su insuficiencia. El resultado es que se va incrementando considerablemente el número de extranjeros asentados en la práctica en el territorio, en gran medida integrados en nuestra sociedad desde las perspectivas más variadas, excepto por el hecho de encontrarse sin papeles.

Frente a ello, periódicamente se ponen en marcha procedimientos extraordinarios de regularización, en el sentido de que se trata de regularizaciones puntuales, con unos requisitos diferentes más amplios de los habituales. Al primero de los sistemas, el permanente, algunos erróneamente lo identifican como un régimen de regularización “individualizada”, como si el de carácter extraordinario no lo fuese, cuando no es cierto. Los sistemas de regularización extraordinarios también están sometidos al cumplimiento de requisitos concretos, cuya concurrencia se contrasta después también de manera individualizada, caso por caso. En el fondo, el mensaje que se quiere mandar es que los procedimientos de regularización extraordinaria son un “coladero”, a los que se acogen automáticamente de manera indiscriminada todos cuantos lo solicitan, lo que no es cierto, ni respecto de la automaticidad ni en cuanto a la arbitrariedad en su concesión. Puede discutirse si los requisitos exigidos para esta regularización extraordinaria son demasiado amplios o no, pero es difícil que se ponga en duda su necesidad, tanto por razones de justicia con quienes trabajando se ganan la vida con su esfuerzo, se integran en la sociedad, sin que funcionen debidamente los canales ordinarios de regularización, como por motivos prácticos de funcionamiento del mercado de trabajo y de financiación de las políticas públicas. El mismo presidente de Foment del Treball, la patronal catalana, la ha apoyado, afirmando que “las empresas necesitamos la inmigración como el aire para respirar”.

Las falsedades son muy burdas, como que la regularización incrementa el censo electoral. Cansa tener que negar también que actúe como efecto llamada. Para qué hablar de la ridiculez de la amenaza de un posible gran reemplazo

Lo más preocupante de todo es que se ataca la regularización de inmigrantes, cuando no se ha hecho nunca. Algo que formaba parte del consenso institucional, se intenta derribar con falsedades, que acaban cansando, pareciendo que resulta inútil desmentirlos; por tanto, parece estéril el esfuerzo de argumentar frente a quienes les da igual cualquier tipo de razonamiento, pues son impermeables a cualquier debate, ya que parten de eslóganes inmutables.

Para empezar, regularización extraordinaria no quiere decir excepcional, pues le han precedido 6 a lo largo del período democrático: tres con Felipe González, dos con Aznar y una con Rodríguez Zapatero. Más aún, lo más previsible es que esta regularización no será la última, sino que vendrá sucedida por otras, mientras la evolución de nuestro mercado de trabajo lo sea con tendencia al crecimiento continuado. La presente regularización se va a producir por medio de la aprobación de un Real Decreto de reforma del Reglamento de extranjería, tal como se ha hecho en otras ocasiones, precedido de una votación de aval parlamentario, con una legitimación política indiscutible, sin que se pueda poner en duda su respeto a la legalidad vigente, ni por el procedimiento elegido ni por el contenido del Real Decreto que lo establece. Incluso si se comparan los requisitos exigidos para las regularizaciones precedentes, son bastante similares a la que se pone en marcha ahora.

Las falsedades son muy burdas, como que la regularización incrementa el censo electoral. Cansa tener que decir que es falso, el permiso de residencia no otorga el derecho al voto, aparte de que ataca el derecho a que quien prolonga regularmente su residencia en el país, con plena integración, pueda tener derecho en el futuro a nacionalizarse y, con ello, a ejercer su derecho al voto como cualquier otro; sin que esté garantizado que el voto se va a decantar a favor de quien acordó regularizarlo, existiendo pruebas en otros ámbitos que contradicen esas seguridades respecto de las previsibles conductas en la dirección del voto. Cansa tener que negar que un proceso de regularización actúe como efecto llamada de nuevos flujos migratorios, cuando está demostrado que es la evolución del mercado de trabajo, las mayores o menores oportunidades de empleo, las que deciden el incremento de la inmigración o su retorno. Cansa tener que dar datos que contradicen la afirmación de que la inmigración aumenta la criminalidad y la inseguridad pública. Cansa tener que demostrar que el deterioro grave de ciertos servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales) no encuentra su causa principal en la inmigración y, mucho menos, en los procesos de regularización extraordinaria. Para qué hablar de la ridiculez de la amenaza de un posible gran reemplazo; procesos de afluencia de población extranjera los hemos tenido y muchos a lo largo de la historia y, si de algo tenemos que arrepentirnos, es de las políticas de expulsiones masivas.

No cabe la menor duda de que la medida va a contracorriente de las tendencias que se observan a nivel internacional, incluso en la Unión Europea, pero también puede presentarse como un mensaje hacia fuera en el sentido de que otra respuesta es posible y que nos está dando muy buenos resultados. Se mire por donde se mire, este proceso de regularización hace justicia y traerá todo tipo de beneficios, mientras que en Estados Unidos ya se empiezan a sentir los efectos negativos sobre la economía de las deportaciones masivas. No deberíamos otra cosa que manifestar nuestro respeto y reconocimiento a todos los inmigrantes que viven y trabajan de acuerdo con lo que vinieron buscando, incluido el reconocimiento a sus hijos ya nacidos en nuestro país.

Lo que no puede hacerse es recibir un importante flujo de inmigración sin efectuar las necesarias inversiones en los servicios públicos, ya de por sí saturados. Ello obliga a incrementar la financiación en la sanidad, la educación, los medios de transporte, sin olvidar el problema no menor de la vivienda

Lo preocupante, sin que podamos cerrar los ojos frente a esta realidad, es que están calando muy significativamente los mensajes negativos, detectándose que la población contraria a la inmigración está creciendo significativamente, al extremo que en ciertos territorios alcanza mayorías muy fuertes.

Frente a ello, hay que reaccionar y no basta con las medidas de regularización. Debe tenerse muy presente que no puede actuarse es como si los flujos migratorios saliesen gratis total. En un modelo constitucional como el que nos hemos dado, todos los residentes, sean nacionales o sean extranjeros, tienen derechos; y los derechos ejercidos en la práctica suponen un coste económico que debemos atender; por lo demás un coste muy inferior a lo que ellos aportan. Lo que no puede hacerse es recibir un importante flujo de inmigración sin efectuar las necesarias inversiones en los servicios públicos, ya de por sí saturados. Ello obliga a incrementar la financiación en la sanidad, la educación, los medios de transporte, sin olvidar el problema no menor de la vivienda. Hay que ser muy conscientes de que, si no se realizan este tipo de inversiones públicas, el perjuicio será general y, con el mismo, reforzamos a quienes aprovechan a río revuelto para alimentar el racismo y el odio al extranjero.

Tampoco puede desconocerse que los procesos de inmigración en masa, como los que hemos vivido, provocan cambios sociales cualitativos. Experimentamos proceso complicados desde la uniformidad a la diversidad en los más diversos aspectos, comenzando por los culturales. La diversidad nos enriquece sin la menor duda, pero también es cierto que nos mete en dificultades. Eso sí, desde luego cerrar la puerta a las regularizaciones lo único que provoca es todo lo contrario, el incremento de esas dificultades. En todo caso, no basta con decir que aceptamos a todas las formas de pensar, porque unas son respetables y otras no. No basta con exigir, hay que convencer; no basta, por ejemplo, con decir que rechazamos los matrimonios forzados, sino que hay que proteger a las víctimas; no basta con repudiar la discriminación de la mujer en ciertos ámbitos, sino que hay que hacer los esfuerzos necesarios para cambiar las “tradiciones”, porque muchas hay que proscribirlas, empezando por algunas de las consideradas como “nuestras”, que no lo son tales. Incluso no basta con proscribirlas, sino que hay que fomentar el cambio de valores.