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España, Alemania y otros siete países evitan que se apruebe una ley europea descafeinada para regularizar autónomos

El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, habla con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el EPSCO del 8 de diciembre de 2022, en Bruselas.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

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España y otros ocho países han logrado frenar una versión descafeinada de una directiva que ataje los problemas laborales en las plataformas digitales y regularizar a millones de falsos autónomos en toda la UE. En efecto, España, Portugal, Eslovenia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Grecia, Alemania y Rumanía no han apoyado los diferentes borradores de la presidencia de turno del Consejo de la UE, la República Checa, por considerarlos demasiado descafeinados, lo que “evitó una directiva que rebajaba los derechos laborales y diluía la presunción de laboralidad de las personas trabajadoras en plataformas digitales”, explica el Ministerio de Trabajo.

Una vez que la Comisión Europea lanza su propuesta, Parlamento Europeo y Consejo (los Gobiernos) acuerdan la suya. La legislación final emana de las negociaciones finales entre Comisión, Parlamento y Consejo.

“Hoy es un día trascendental para la Unión Europea”, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su llegada a Bruselas a una reunión clave para el marco laboral de los nuevos modelos laborales. ¿Y cuál es el problema? Que el texto que debaten los 27 Gobierno de la UE a instancias de la presidencia checa de turno del Consejo de la UE suaviza la propuesta de la Comisión Europea.

Díaz ha explicado que el elemento central de la directiva es la clasificación de las personas que trabajan en las plataformas. “Queremos una presunción de laboralidad fuerte, clara, sin derogaciones, sin excepciones”, ha insistido la ministra, que ha explicado que la directiva sometida a debate este jueves “no cumplía con las expectativas ni contemplaba avances para las personas trabajadoras. La presunción de laboralidad no es equilibrada, se ha debilitado notablemente respecto a la propuesta inicial de la Comisión y no permite la correcta clasificación de las personas que trabajan en las plataformas digitales”, ha añadido la vicepresidenta.

“Fundamentalmente nos vamos a jugar si la digitalización que tenemos lo es con derechos laborales o no”, ha explicado Díaz al inicio de la reunión: “Éste es el enorme debate que hoy se suscita en el seno de la Unión Europea: una persona que transita las calles de nuestras ciudades repartiendo en bicicleta en Lisboa, en Roma, en Madrid, en Varsovia y que lo hace a cambio de un salario y bajo las órdenes de una plataforma digital no es un empleador; es un trabajador o una trabajadora. Lo es aquí, lo es en Madrid, lo es en Roma”.

Díaz y otros siete titulares de Trabajo de la UE han reclamado por carta una directiva de plataformas más ambiciosa con los derechos de las personas trabajadoras. “España ha liderado la carta dirigida a la presidencia rotativa de la UE, que este semestre recae en la República Checa, y que también suscriben Países Bajos, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Malta. La directiva, que se está negociando actualmente en la UE, se inspira en la pionera ley española que garantiza los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, la denominada ley Rider”, explica Trabajo.

Así, al inicio de la reunión de este jueves, y tras la intervención de la vicepresidenta española, la presidencia checa ha decidido aparcar su propuesta inicial al evidenciarse que su texto no contaba con una mayoría suficiente para prosperar. A lo largo del día ha intentado presentar nuevas propuestas, pero no ha conseguido una mayoría suficiente para sacarlas adelante.

Díaz ha recordado este jueves que “prácticamente todos los tribunales del conjunto de la Unión Europea” vienen defendiendo la necesidad de esta directiva: “La posición española en esta materia es firme, no la vamos a cambiar. Lo que hoy se juega en el seno de la Unión Europea es el concepto de la subordinación y, desde luego, el Gobierno de España, el Gobierno de coalición progresista, siempre estará defendiendo los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores: cuando se desempeña un puesto de trabajo a cambio de un salario y bajo las órdenes de una plataforma digital, estamos hablando de una relación laboral. España será firme y defenderá, como hemos hecho en nuestro país, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.

La vicepresidenta segunda ha añadido que “el texto de directiva que nace de la propuesta de la Comisión Europea, que bebía de las fuentes de la legislación española, y es verdad que la presidencia checa a lo largo de estos meses ha devaluado la posición hasta el punto, como digo, de hacer jugar hoy un debate que es clave en Europa: si la digitalización la tenemos con derechos laborales o no, y esto es el futuro del mundo del trabajo”.

“En términos democráticos estamos poniendo en juego, en riesgo, un modelo social europeo. Estamos afectando a la ciudadanía, a los trabajadores y a las trabajadoras, que son la mayoría social de un proyecto europeo. Por tanto, nosotros lamentamos lo que ha pasado a lo largo de estos meses. Nos sentíamos como país, cómodos y cómodas con la propuesta de la Comisión y desde luego, lo que venimos trabajando con el equipo español desde el principio es volver a la posición inicial”, ha afirmado la responsable de Trabajo.

28 millones de trabajadores en plataformas

Más de 28 millones de personas trabajan a través de plataformas laborales digitales en la UE. En 2025, se espera que su número alcance los 43 millones de personas. La gran mayoría de estas personas son auténticamente autónomos, dice la Comisión Europea. Sin embargo, se calcula, dice Bruselas, que puede haber hasta 5,5 millones de personas en riesgo de estar mal clasificadas. Entre 2016 y 2020, los ingresos en la economía de plataformas crecieron casi cinco veces desde los 3.000 millones los 14.000 millones.

Como resultado de la directiva propuesta por la Comisión Europea, Bruselas calculaba que entre 1,7 millones y 4,1 millones de personas podrían reclasificarse como trabajadores, mientras que otros pueden convertirse en auténticos autónomos, ya que algunas plataformas pueden ajustar sus modelos de negocio.

Sin embargo“, dice la Comisión Europea, ”las nuevas formas de trabajo también conllevan nuevos desafíos. Se hace cada vez más difícil clasificar correctamente la situación laboral de las personas, lo que en algunos casos conduce a una protección social y unos derechos laborales inadecuados. Además, el uso de algoritmos en el trabajo de la plataforma puede plantear cuestiones de responsabilidad y transparencia“.

La ley de los riders española, impulsada por el ministerio de Trabajo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha supuesto, por tanto, una avanzadilla que ha inspirado la propuesta legislativa de la Comisión Europea.

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