El Gobierno crea la 'vivienda asequible incentivada' para quienes no puedan acceder a pisos a precio de mercado

El Gobierno de coalición va desgranando más detalles sobre qué se incluye en la nueva Ley de Vivienda, respecto la que hay acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos pero que no verá la luz en el Consejo de Ministros hasta finales de año.

El texto sobre el que hay consenso -y que no es definitivo, por lo que puede haber cambios- incluye la creación de la figura de “vivienda asequible incentivada”, que convivirá con el de vivienda protegida. El objetivo es incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles. 

Estarán bajo esta definición aquellas viviendas de titularidad privada, “incluidas las entidades del tercer sector, a cuyo titular la Administración competente otorga beneficios de carácter urbanístico, fiscal, o de cualquier otro tipo, a cambio de destinarlas a residencia habitual en régimen de alquiler a precios reducidos, o de cualquier otra fórmula de tenencia temporal, de personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado”, según desglosa la información que hoy se ha conocido.

La meta es buscar “la implicación de todos los agentes públicos, privados y tercer sector en la búsqueda de soluciones de los problemas de oferta de vivienda y la orientación a tal fin del parque de vivienda existente”. Eso sí, “vinculando siempre los beneficios públicos que se asignen a estas viviendas a las limitaciones de uso, temporales y de precios máximos que, en cada caso, determine la Administración competente”. En este caso, las Comunidades Autónomas.

Nuevo Consejo Asesor de Vivienda

Otra novedad de la futura ley es la creación de un 'Consejo Asesor de Vivienda', para asegurar la participación de todos los agentes en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda.

Será un órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado para la programación de las políticas públicas de vivienda y con la presencia de todos los actores implicados en el sector. 

En concreto, estará integrado por asociaciones del tercer sector y otras asociaciones representativas de intereses afectados por la Ley, representantes empresariales y profesionales, del sector financiero, así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.

Este Consejo Asesor de Vivienda estará adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en él estarán representados los distintos Departamentos Ministeriales con competencias relacionadas con la vivienda, para asegurar, asegura el Ejecutivo, “la acción integral y coordinada de las diferentes medidas y acciones en favor del derecho a la vivienda”.

Evitar a los fondos buitre y mayor regulación de los desahucios

La nueva Ley, según el texto preliminar, también persigue evitar que “vuelvan a repetirse operaciones de venta del parque público de vivienda a fondos de inversión que se produjeron en el pasado por parte de algunas Administraciones territoriales” y establece un patrimonio separado en el que los ingresos obtenidos deberán destinarse siempre a la creación, ampliación, rehabilitación o mejora de los parques públicos de vivienda.

También busca fijar “a nivel estatal” unas condiciones básicas, aún por definir, que regulen la vivienda protegida, sin perjuicio de las adicionales que establezca la legislación autonómica, “definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública”.

Además, se cambia la regulación de los procedimientos de desahucio, que afecten a la vivienda habitual de hogares vulnerables, para “garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social”, recoge el texto preliminar pactado por el Gobierno de coalición.

El objetivo es que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones que eviten situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Además, la Ley introducirá criterios objetivos para orientar las situaciones de vulnerabilidad económica para identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta por parte de la Administración.

Vivienda protegida durante 30 años

La Ley promoverá la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años. Se fija a nivel estatal unas condiciones básicas que regulan la vivienda protegida, sin perjuicio de las adicionales que establezca la legislación autonómica, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.

En el resto de supuestos, las viviendas también estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente con las salvedades que excepcionalmente pueda prever la normativa autonómica en caso de que exista causa justificada debidamente motivada para su descalificación o para el establecimiento de un plazo de descalificación, que como mínimo deberá ser de 30 años.

Reserva en nuevas promociones al alquiler social

Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes de la Ley es la exigencia de reservar un porcentaje de las nuevas promociones a vivienda social. En este sentido, el texto preliminar es abierto. Por un lado, recoge que para reforzar la vivienda protegida destinada al arrendamiento, se establece un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública tanto en actuaciones de nueva urbanización como en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, que deberá recogerse en la legislación sobre ordenación territorial o urbanística.

Por otro, con el fin de introducir mecanismos de creación de viviendas protegidas urbanas, “se plantea extender la posibilidad de que la legislación urbanística pueda establecer en los instrumentos de ordenación urbanística una reserva del 30% en suelo urbanizado, articulando los mecanismos jurídico-urbanísticos de compensación adecuados, con las salvedades recogidas en la actual legislación estatal de suelo”. Es decir, se compensará a los promotores.