Por qué es importante tener presupuestos para recibir los 140.000 millones del fondo europeo de recuperación

¿En algún lugar de Bruselas está escrito que hace falta unos presupuestos aprobados para recibir los fondos de recuperación? No. ¿En algún momento de las negociaciones se ha pedido a España tener unos presupuestos aprobados de aquí a final de año para recibir dinero para la pandemia? En absoluto. Ahora bien, en tanto que los 140.000 millones del fondo de recuperación asignados a España están pensados para la crisis del coronavirus y condicionados para impulsar reformas de transición digital, energética y las recomendaciones del semestre europeo –el sistema de gobernanza económico de la Comisión Europea–, es importante que haya cuentas nuevas: las partidas de los presupuestos de Cristóbal Montoro de mayo de 2018 no entendían ni de pandemia, ni de coronavirus, ni de una crisis que hará que España acabe 2020 con una caída del PIB en torno al 10% ni de un fondo europeo que no estaba en la cabeza de ningún oráculo.

Es decir: no se trata tanto de un problema puramente técnico, como de que para canalizar correctamente los fondos para lo que están pensados se necesitan presupuestos. ¿Por qué? Porque los fondos van destinados a financiar programas específicos diseñados por los países, que si no están insertos en un marco presupuestario, son más complicados de diseñar. Y, a veces, puede resultar imposible. “Beneficiarse del Fondo de Recuperación y Resiliencia, y nuestra evaluación de los proyectos de planes presupuestarios son procesos separados”, recuerdan fuentes comunitarias, que esperan para el 15 de octubre un primer borrador de plan de presupuestos –Draft Budgetary Plan–. Y añaden: “La presentación y evaluación de planes presupuestarios y de planes de recuperación y resiliencia son dos procesos separados y distintos. Si bien no existe un vínculo formal entre los dos, es importante que los objetivos de cada uno sean coherentes entre sí”.

Es cierto que los presupuestos de Montoro tampoco preveían la cobertura de ERTE impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por ejemplo, que de momento suponen un desembolso de más de 20.000 millones. Pero también es verdad que, si el mundo de mayo de 2018 no tiene nada que ver con el mundo de septiembre de 2020, el marco presupuestario sufre para adaptarse a un momento histórico tan extraordinario.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba este martes en una entrevista en la SER: “[el presupuesto de Montoro] No recoge aquellos instrumentos necesarios para vincular todos los recursos económicos que van a venir a partir del próximo año de Europa. Esos 140.000 millones, 72.000 millones de ellos en transferencias directas, para hacer esa transición digital, esa transición ecológica, esa necesaria cohesión territorial que necesita nuestro país. Estos viejos presupuestos no van a ser capaces de absorber esos recursos económicos, ni atender tampoco esas emergencias sociales”. ¿Están en peligro las ayudas de Europa? “Si no se aprueban estos presupuestos, están comprometidos desde el punto de vista de la capacidad que tenga el Ejecutivo y las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la absorción de esos recursos y, por lo tanto, en sus niveles de ejecución. No tenemos instrumentos ahora mismo reconocidos en el presupuesto para poder absorber esa capacidad ingente de recursos que va a provenir de Europa”.

Para abordar nuevas políticas con las cuentas de Montoro, “habría que ir emprendiendo modificaciones presupuestarias”, explican fuentes del Gobierno, y añaden: “Hay partidas complicadas de ejecutar sin nuevos presupuestos, y las que hay, son limitadas para afrontar nuevos retos”.

“Estamos hablando de la movilización de inversiones públicas y privadas”, decía este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en su intervención en la UIMP, “de la capacidad catalizadora de los recursos públicos, de los proyectos prioritarios, de la capacidad tractora sobre el crecimiento económico y sobre la creación de empleo. Pero parece que no somos conscientes de que todo esto requiere de unos Presupuestos Generales del Estado adecuados a la realidad actual y que nos permitan canalizar los recursos públicos nacionales y muy fundamentalmente a los comunitarios, que tienen un papel clave en los próximos años para que podamos hacer realidad esos usos deseados, compartidos, del programa de reformas e inversiones que nuestro país necesita”.

Reparto en tres años

En todo caso, al margen de que sea más necesario que imprescindible tener presupuestos para recibir dinero europeo, hay otro asunto pendiente: aún no se ha aprobado el fondo de recuperación en Bruselas. Y, cuando se apruebe, está previsto que el dinero se reparta entre 2021, 2022 y 2023. Es decir, que no es que haya un cajero automático para España con 140.000 millones esperando a que se aprueben los presupuestos de 2021 para ser vaciado.

Es más, hay otros fondos europeos aprobados en 2020 a los que España ha optado con éxito. Por ejemplo, los 21.300 millones concedidos en préstamos para financiar los ERTE a cuenta del programa SURE de la Comisión Europea. Y también tiene a su disposición otro tanto del MEDE sanitario, al que no recurre por temor al estigma del fondo de rescates europeo.

Es decir, hay dinero europeo que está llegando y que puede llegar al margen del fondo de recuperación vinculado al marco financiero plurianual 2021-2027 UE –presupuestos de la UE– y, también, al margen de los presupuestos españoles. Pero, es que, además, los presupuestos europeos tampoco están aprobados.

En efecto, en ese hipotético cajero automático no es que no haya 140.000 millones para España, es que está vacío. ¿Por qué? Porque aunque los líderes acordaran un fondo de recuperación en julio después de cinco días de negociaciones, queda el trámite parlamentario.

Es verdad que difícilmente el Parlamento Europeo va a tumbar un acuerdo de los 27 jefes de Gobierno, pero también es difícil que el único organismo elegido por sufragio universal vaya a tragarse unos presupuestos plurianuales sin aportar nada. De hecho, ya han comenzado las negociaciones, y los principales grupos de la Eurocámara –PPE, S&D, Renew y Verdes– han pedido formalmente endurecer la condicionalidad de respetar el Estado de Derecho para acceder a fondos europeos –pensando en Hungría y Polonia–. Y, si se pusieran de acuerdo liberales y las derechas –PPE, ECR e ID–, incluso tendrían mayoría para endurecer las condicionalidades económicas si se lo propusieran aun a riesgo de hacer saltar el acuerdo global con los socialistas, tanto de la cumbre como para el Ejecutivo comunitario –la UE se gobierna fundamentalmente entre populares, socialistas y liberales–.

Necesaria aprobación del Parlamento Europeo

Pero el tiempo apremia: el actual marco presupuestario de la UE finaliza el 31 de diciembre y la financiación para el próximo ciclo de siete años aún no está asegurada. Además de que el presupuesto 2021-2027 necesite la aprobación del Parlamento Europeo, requiere que los parlamentos nacionales ratifiquen el fondo de recuperación de la UE de 750.000 millones de euros que se establecería mediante deuda emitida por la Comisión Europea con cargo al presupuesto de la UE –en última instancia, a contribuciones nacionales–.

Mientras el Consejo y el Parlamento inician conversaciones para lograr un acuerdo sobre el presupuesto, también se trabaja en muchas un proyecto de ley sobre cómo gastar los 673.000 millones de euros del fondo de recuperación y resiliencia de la UE –el resto, hasta 750.000, es dinero que se aporta a programas manejados por la Comisión Europea a través del presupuesto de la UE, no programas diseñados por los gobiernos–.

En paralelo, los países están elaborando sus planes nacionales de recuperación, que deben presentar para acceder a los fondos de recuperación de la UE. Estos planes necesitarán la aprobación de la Comisión y el respaldo de la mayoría cualificada en el Consejo. Pero no la existencia previa de nuevos presupuestos nacionales como condición sine qua non.

Las conversaciones sobre el acuerdo del MFF –presupuesto de la UE– continuarán los días 7, 11 y 18 de septiembre; aunque el Parlamento no podrá votar, como pronto, hasta octubre. Si no hay un acuerdo para el 1 de enero, el presupuesto se renovaría sin los nuevos programas de gasto –incluido el fondo de recuperación–, y sin uno de sus grandes contribuyentes netos actuales, el Reino Unido.