Indra y el bufete de Miquel Roca buscarán un socio privado para la filial de Mercancías de Renfe
Indra y el bufete de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, ayudarán a Renfe a encontrar un socio privado para reflotar la deficitaria filial de Mercancías del grupo ferroviario. Renfe Operadora ha adjudicado a UTE IBC Roca, de Indra (80%) y del despacho Roca Junyent, un contrato de “asesoramiento estratégico, financiero y legal y ejecución de la operación corporativa relacionada con la identificación de un aliado estratégico con aportación de valor para la constitución de un grupo logístico integral” para Renfe Mercancías.
Hasta este mes no se ha publicado el resultado de esta licitación, adjudicada el 28 de mayo por procedimiento “restringido” a la “oferta económicamente más ventajosa”, la de Indra: 975.000 euros, sin contar impuestos, con un descuento del 35% respecto al presupuesto inicial, de 1,5 millones. La UTE, constituida, según fuentes de Indra, tras serle encomendado el contrato, presentó la oferta más barata por delante de las de Alantra (1,43 millones) y Ernst & Young (1,41 millones), según informó en mayo Diario del Puerto.
De esos 975.000 euros, 390.000 euros corresponden, según esa publicación especializada, al estudio y elaboración del plan de negocio de Renfe Mercancías; 97.500 euros, a la valoración de mercado del 100% de las acciones de la nueva filial; y otros 487.500 euros a la tercera fase del proyecto, que comprende identificar al socio privado y ejecutar la operación con la creación de una nueva sociedad mixta.
Indra y Roca Junyent prestarán, según el anuncio de adjudicación, “apoyo en el proceso de reconfiguración, valoración de la sociedad Renfe Mercancías” y “diseño de soluciones para el aseguramiento de su viabilidad futura”. El fundador del despacho, Miquel Roca, es desde hace quince años consejero de ACS, competidor de Renfe Mercancías a través de su filial Continental Rail, que obtuvo en 2006 la primera licencia en España de un operador privado en el sector de las mercancías ferroviarias y pertenece a Vías y Construcciones, 100% propiedad de la constructora que preside Florentino Pérez.
Miquel Roca, que dejó la presidencia ejecutiva de Roca Junyent el año pasado en manos de su hijo Joan Roca, (aunque se mantiene como presidente de la firma y de su junta general de socios) es también, entre otros cargos, secretario no consejero de la concesionaria de autopistas Abertis, perteneciente a ACS y a la italiana Atlantia.
El origen de este contrato se remonta a diciembre pasado, cuando el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció durante la presentación del Plan Nacional de Mercancías por Ferrocarril la creación, prevista para 2019, de una nueva sociedad mixta de Renfe Mercancías para dar entrada a un nuevo socio logístico o industrial al 50%, un proceso que, según fuentes del ministerio, “sigue adelante”.
Fomento matiza que “una cosa es privatización y otra que Renfe esté trabajando para buscar un socio para competir en un mercado liberalizado” en el que Renfe Mercancías tiene una cuota cercana al 70%. La idea de una privatización parcial de la división lleva en cartera de los sucesivos gobiernos desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, Isaías Taboas (actual presidente de Renfe Operadora) era secretario de Estado de Transportes.
El socio privado de Renfe Mercancías ayudaría a reflotar la empresa pública y permitiría elevar la exigua cuota (no llega al 5%) que históricamente arrastra el ferrocarril español en el transporte terrestre de mercancías, muy lejos del 18,9% de media de la UE
En su primera comparecencia en el Congreso como ministro de Fomento, en julio, José Luis Ábalos señaló que “el reto fundamental” del área de mercancías del sector ferroviario en España “sigue siendo pasar de ser un mero transportista a un operador logístico con presencia internacional”, un “gran desafío” que “no debe entenderse como un objetivo exclusivo para Renfe, sino que atañe a otros sectores, a los puertos también, al tejido industrial, que además debe redundar en el despegue del tráfico de mercancías por ferrocarril en nuestro país, con unas cuotas anormalmente bajas” y los beneficios añadidos que ello comporta respecto a “la saturación de carreteras, la accidentalidad, el impacto medioambiental”.
Plan de saneamiento
A comienzos de 2017, Renfe lanzó un plan de saneamiento para garantizar la viabilidad futura de la filial de Mercancías, que incluía la reducción de la plantilla en 300 empleados, reasignaciones de personal y reducción de material excedentario y “alcanzar el resultado equilibrado” en 2018. En este plan se enmarca la venta de 71 locomotoras y 1.432 vagones de tren, todos ellos para transporte de mercancías y actualmente en desuso, por los que la filial espera obtener al menos 17,5 millones.
Renfe Mercancías expone en su último informe de gestión “una mejora a nivel de EBITDA del 89%”, con un resultado operativo negativo de 0,9 millones que considera “especialmente notable” tras un ejercicio con “una serie de acontecimientos adversos para el desarrollo del negocio, tales como las huelgas con afectación al transporte ferroviario, tanto en el ámbito nacional (huelga de la estiba y huelgas derivadas del clima de incertidumbre política en Cataluña) como en el internacional”.
La empresa, con una plantilla de 1.141 empleados en 2017, redujo sus pérdidas un 65% en ese ejercicio, hasta cerca de 17 millones, aunque la reducción tiene truco: Renfe Mercancías ya cargó contra su resultado del ejercicio 2016 (cerrado en diciembre de ese año) una provisión de 21,155 millones correspondiente al 65% de la parte que le toca por la histórica sanción de más de 65 millones que le impuso “solidariamente” junto a Renfe Operadora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en febrero de 2017 “por distorsionar la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril”.
