El lobby de las grandes empresas presiona para crear un tribunal de arbitraje que proteja sus inversiones en la UE

El lobby de las grandes empresas presiona para crear un tribunal de arbitraje en la UE. Es la conclusión de un informe de Corporate Europe Observatory (CEO) al que ha tenido acceso elDiario.es, que constata que la Comisión Europea está preparando una propuesta para proteger las inversiones transfronterizas en la UE que se publicará en otoño de 2021.

Según el CEO, “hay señales preocupantes de que la nueva propuesta podría incluir nuevos privilegios legales para las corporaciones, algo por lo que los grandes bancos, despachos de abogados y grupos de presión de las grandes empresas han estado presionando”. Los temores de la entidad es que un nuevo tribunal de la UE exclusivamente para corporaciones “podría hacer que los gobiernos europeos paguen enormes sumas de dinero a las grandes empresas como compensación por las regulaciones introducidas para proteger a los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente”, en la línea de lo que ocurre con los arbitrajes del Tratado de la Carta de la Energía. “El grave riesgo financiero que crearía un tribunal de este tipo, de tener que pagar daños considerables, podría en última instancia desanimar a los gobiernos de regular en interés público”, afirma el Corporate Europe Observatory.

De acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso el CEO, “la campaña de presión para obtener nuevos privilegios legales comenzó después de un fallo histórico del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en marzo de 2018”. En aquel fallo sobre el caso Achmea, el tribunal con sede en Luxemburgo puso fin a docenas de tratados bilaterales de inversión (TBI) entre Estados miembros de la UE al considerar ilegales los arbitrajes en tratados entre países o inversores de la Unión Europea.

Estos tratados permitían a los inversores eludir los tribunales nacionales cuando las decisiones estatales obstaculizaban sus inversiones y, así, demandar a los Estados miembros ante tribunales creados por tres abogados privados. El TJUE sostuvo que este tipo de mecanismo de resolución de controversias (conocida como solución de controversias entre inversores y Estados o ISDS, en sus siglas en inglés) era ilegal, ya que dejaba al margen a los tribunales de la UE. Como resultado, actualmente están resolviéndose aproximadamente 130 tratados bilaterales dentro de la UE.

“El fallo del tribunal sacudió a la comunidad empresarial y jurídica, dado el riesgo que suponía para las considerables ganancias que habían obtenido de los procesos del ISDS”, afirma el informe: “Los grupos de presión empresariales se movilizaron rápidamente y comenzaron a presionar a la Comisión Europea para crear un nuevo sistema de justicia paralelo, similar a los antiguos TBI dentro de la UE, pero compatible con la legislación de la UE”.

El nuevo informe del Corporate Europe Observatory revela detalles de su campaña de lobby. Por ejemplo, que en “en 2019 y 2020, los grupos de presión de las grandes empresas mantuvieron al menos una docena de reuniones con el departamento responsable de la Comisión Europea, la dirección general de FISMA (Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales), según los documentos internos publicados a través de las reglas de libertad de información de la UE”.

Las grandes empresas “también inundaron las bandejas de entrada de la Comisión Europea con cartas y documentos que pedían un nuevo tribunal corporativo. En eventos de alto perfil, los ejecutivos de las empresas repitieron el mensaje de que ahora no hay suficiente protección legal para las corporaciones en la UE”, explica el informe del CEO.

“Grandes bancos, como el segundo banco más grande de Alemania, Commerzbank, asociaciones financieras, incluida la Federación Bancaria Europea y el lobby de accionistas Deutsches Aktieninstitut, y otros grupos de presión de grandes empresas relevantes, como BusinessEurope y la Asociación de Grandes Empresas Francesas-AFEP), fueron particularmente activos en la campaña de lobby”, dice el informe, que destaca que “también se contrataron abogados de empresas y, más recientemente, consultoras de lobby”.

Según la documentación, el mensaje de las grandes empresas y de sus grupos de presión fue siempre el mismo: la resolución de los tratados bilaterales dentro de la UE “dejaría a los inversores sin la protección legal adecuada” en el mercado interior de la UE (como escribieron los lobbys alemanes en una carta de junio de 2019 al Ejecutivo comunitario).

Además, advierten: “Esta falta de protección puede inducir a las empresas de la UE a invertir fuera de la UE”, con el efecto de “menores entradas de capital en la UE y caída de ingresos fiscales”, como recoge un documento de la Federación Bancaria Europea de julio de 2019 que cita el informe del Corporate Europe Observatory. Por tanto, resulta imperativo, a ojos de las grandes empresas, que la Comisión Europea cree un nuevo marco jurídico para proteger a las empresas de la UE.

Por otro lado, la afirmación alarmista de la industria de que el fin de los tratados bilaterales dentro de la UE deja a los inversores sin la protección legal adecuada tiene lagunas. Para empezar, porque dentro de la UE los inversores pueden confiar en una larga lista de derechos y protecciones, incluido el derecho a la propiedad, a la no discriminación, a ser escuchados ante una autoridad, a un recurso efectivo y a un juicio justo. Además, ninguna auditoría sobre la calidad de los sistemas de justicia de la UE muestra evidencia alguna de abuso sistemático a los inversores extranjeros en los Estados miembros de la UE. “Esta falta de evidencia significa que sería muy difícil justificar protecciones legales especiales para las corporaciones, a diferencia de, por ejemplo, periodistas o defensores de derechos humanos”, afirma el documento.

Por tanto, “la demanda clave de las grandes empresas es la creación de un nuevo sistema para resolver disputas entre inversores y Estados dentro de la UE que permita a la industria eludir los tribunales nacionales de los Estados miembros de la UE”. Para ello, se proponen varias opciones, incluida la hipótesis de un nuevo tribunal de inversiones de la UE al que solo podrían acceder las empresas.

Las corporaciones argumentan que solo “el riesgo de procedimientos judiciales es un incentivo para que los Estados entablen un diálogo con los inversores”, según una carta de los lobbys alemanes a la Comisión Europea en junio de 2019. Así, “persiguen cambiar la legislación de la UE para que refleje métodos de cálculo de daños tremendamente especulativos tan comunes en el derecho internacional de inversiones”. En efecto, disposiciones como el trato justo y equitativo deberían “codificarse, especificarse y desarrollarse más en la nueva legislación de la UE”, según Commerzbank y Deutsches Akieninstitut, explica el Corporate Europe Observatory: “Esto correría el riesgo de aumentar los costes de las regulaciones de interés público en la UE, facilitando que las empresas obtengan grandes cantidades de compensación pagadas por el erario”.

Un documento de la Comisión Europea de septiembre de 2020 describe opciones “preocupantes tanto para los derechos de los inversores como para el nuevo sistema para resolver disputas entre inversores y Estados dentro de la UE, incluida la creación de un tribunal de inversiones especializado a nivel de la UE”, en tanto que “la Comisión también parece interesada en establecer nuevos privilegios para que las empresas intervengan aún más y antes en los procesos políticos”.

La introducción de nuevas normas de derecho de inversión y un sistema comunitario para hacerlas cumplir podría, en última instancia, “desalentar e impedir que los gobiernos regulen en interés público cuando sus propuestas se opongan a poderosos actores económicos”, afirma el informe. Así de claro lo dejó EuroChambres, la Asociación de Cámaras de Comercio Europeas: “Las empresas no están en contra de las medidas que protegen los intereses comunes que son importantes para la sociedad en general, sin embargo, no pueden ser perjudiciales para las inversiones de las empresas”.

Los sindicatos, las organizaciones de consumidores y medioambientales se oponen con vehemencia a nuevos derechos especiales para los inversores extranjeros. Como señaló la Cámara de Trabajo de Austria: “Si bien la Comisión ha ignorado durante mucho tiempo las solicitudes de los trabajadores de crear normas sociales mínimas para la UE, las quejas sobre la falta de protección para los inversores, por otro lado, han llevado inmediatamente a la Comisión Europea a ejecutar una consulta sobre el tema”.

“A pesar de haber sido derrotados anteriormente, parece que los superderechos de los inversores de ISDS están volviendo una vez más con fuerza”, afirma el informe: “Si la campaña de lobby empresarial tiene éxito, un nuevo sistema de privilegios empresariales en toda la UE podría impulsar una estrategia a largo plazo de las grandes empresas para socavar la democracia y favorecer los beneficios empresariales, con un coste sustancial para lo público. Pero si esta propuesta es rechazada, podría significar el fin de que las empresas utilicen su propio sistema de justicia paralelo para demandar a los gobiernos por tener la audacia de legislar en interés público”.