País Vasco y Extremadura lideran la construcción de vivienda social en España, que sigue a la cola de Europa

España no tiene ni una vivienda social por cada cien habitantes. La media europea es de cuatro, con los Países Bajos (12), Austria (10), Dinamarca (9,5), Suecia (8), Reino Unido (7,5) y Francia (7,5) a la cabeza. Aquí la tasa es de 0,5, lo que nos sitúa muy abajo en el 'ranking' europeo. Nos siguen países como Grecia, Portugal, Bulgaria o Rumanía.

Pero dentro de España también hay disparidad entre regiones. País Vasco y Extremadura son las únicas comunidades que superan la barrera de una vivienda, seguidas de Asturias, Andalucía y Canarias. El resto se encuentran por debajo de la media española: no tienen ni 0,5 viviendas por cada cien habitantes.

Por verlo con más detalle: en País Vasco se han construido 105.000 viviendas protegidas en los últimos cuarenta años y el incremento poblacional ha sido de 68.000 personas; en Extremadura, la población apenas ha crecido (3.400 personas) pero la vivienda protegida sí (86.000). Si nos vamos a la cola y miramos a La Rioja, vemos que para un incremento de 63.000 personas se han construido 28.000 viviendas públicas. El grueso de la construcción de viviendas en España es privado.

Los datos salen del Boletín Especial de Vivienda Social, presentado este jueves por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. El trabajo analiza el papel de las administraciones en esta materia durante los últimos cuarenta años, con el objetivo de tener datos fiables, del nivel de los que existen en el mercado de la vivienda libre. El Ministerio ha contabilizado en torno a 240.000 viviendas de titularidad pública repartidas entre las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. De estas, 180.000 están destinadas al arrendamiento, 40.000 a la venta y el resto tienen opción a compra u otros regímenes de tenencia.

De la evolución del parque total de vivienda —tanto libre como protegida— desde 1981 se desprende que cada vez se construye menos vivienda pública. Si en los años 80 se alcanzaron porcentajes superiores al 60% anual (de todas las viviendas que se construían en un año, seis de cada diez eran protegidas), en los últimos años no llegamos ni al 10%. La tasa más baja se dio en el año 2002, cuando solo un 7% de las viviendas construidas fueron públicas. Coincide con el inicio del 'boom' inmobiliario. “En los últimos años el porcentaje se ha reducido de nuevo, pero esta vez en un contexto muy diferente, de mínimos históricos también en la producción de vivienda libre”, apunta el informe.

Inversión en políticas de vivienda

El Ministerio ha analizado los presupuestos destinados a las políticas de vivienda de cada comunidad. Estos datos apuntan a que hubo un incremento progresivo de la inversión hasta 2009. Durante los años de la crisis, España invirtió poco más de mil millones de euros anuales en vivienda. La tendencia ha ido en aumento en los últimos años, aunque aún está lejos de los niveles pre-crisis. En 2019 se invirtieron 1.755 millones, frente a los 2.761 alcanzados diez años antes.

La inversión por habitante ha seguido la misma línea. De media, España ha invertido 41 euros en vivienda por habitante entre 2002 y 2019. De nuevo, hay grandes disparidades entre comunidades. En primer lugar se sitúa Navarra, con 211 euros por habitante, seguida del País Vasco, con 74.

Junto a ellas, Extremadura, Madrid, Asturias y Canarias son las únicas comunidades que se sitúan por encima de la media nacional. En este caso, a la cola quedan Murcia, Baleares, la Comunitat Valenciana y Andalucía.

Junto al Índice de Precios del Alquiler, estos datos pretenden acompañar a las políticas de vivienda del Ministerio, que acaba de abrir el proceso de consulta pública sobre la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Uno de sus buques insignia, ha avanzado el ministro Ábalos, será el Plan 20.000, con el que se pretende fomentar la construcción de vivienda pública en alquiler. “En los últimos años, hemos podido ver cómo se abandonaba la política de vivienda social en España y se daba marcha atrás. Se han vendido viviendas a fondos, anulando su carácter social”, ha incidido. “Esto no puede volver a ocurrir”.