Prohibición de desahucios y cortes de suministro y flexibilización de contratos públicos: las claves del real decreto aprobado en el consejo de ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto ómnibus con numerosos apartados que van desde la ampliación del subsidio de desempleo a las personas que agotaron las prestación durante el estado de alarma, la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, la suspensión de los desahucios hasta el 9 de mayo o la flexibilización de la contratación pública para poder absorber y ejecutar el plan de ayudas procedentes de la Unión Europea para paliar el impacto de la COVID-19 y el plan de choque para la hostelería y el comercio, entre otras actuaciones. Estas son las medidas que recoge el Real Decreto Ley de Modernización de la Administración Pública para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

Ampliación para el subsidio de desempleo

El Consejo de Ministros también ha reabierto el plazo de solicitud para pedir el subsidio de 430 euros para parados que agotaron sus prestaciones de desempleo durante el primer estado de alarma, como adelantó elDiario.es. El Ministerio de Trabajo concede un nuevo periodo de un mes para solicitar la ayuda después de que las peticiones no alcanzaran ni a la mitad de las personas a las que se pretendía beneficiar con la medida. Además, algunos desempleados criticaron que la carta del Ministerio que informaba del subsidio les llegó fuera del plazo habilitado para solicitarlo, que solo fue de tres semanas, hasta el 30 de noviembre. 

El Ministerio de Trabajo ha llevado al Consejo además la trasposición de la Directiva europea sobre sustancias cancerígenas en el ámbito laboral, sobre la que Bruselas apremió al Gobierno hace unas semanas a riesgo de llevar a España ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Ejecutivo adapta la legislación interna, con la ampliación de la lista de sustancias consideradas cancerígenas y, además, con nuevos valores límites de exposición a agentes nocivos. En este último ámbito destaca que Yolanda Díaz ha mantenido los niveles de exposición permitidos de tres sustancias (polvo de sílice, bromoetileno y acrilamida) que el anterior Ministerio de Trabajo, dirigido por Magdalena Valerio, se proponía aumentar pese a la oposición de los sindicatos y contra del criterio del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, el Consejo de Ministros ha avanzado en el proceso de ratificación de la Carta Social Europea revisada, avalado en noviembre por el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha autorizado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, que permite a partir de ahora a los agentes sociales (organizaciones sindicales y empresariales) y a las ONG denunciar en Europa al Estado, en este caso España, por incumplir las garantías sociales reconocidas en la Carta.

Suspensión del corte de suministros

La norma aprobada por el Ejecutivo este martes también incluye la anunciada prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. La prohibición, que estará vigente mientras dure el estado de alarma, se aplicará además no sólo a los titulares del contrato sino a aquellas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo demostrar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales (entidades del Tercer Sector). 

La prohibición es una reivindicación de Unidas Podemos que inicialmente rechazó la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que era partidaria de implantar únicamente la prohibición de cortes de luz que ya decayó en septiembre. Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua, bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad.

Suspensión de los desahucios y compensación al propietario hasta el 9 de mayo

Tras varias semanas de negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado por fin una nueva suspensión de los desahucios mientras dure el Estado de Alarma: hasta el próximo 9 de mayo. El decreto extiende la suspensión a todas las personas vulnerables y no solo a las vulnerables por causa COVID, como estaba en vigor hasta el 31 de enero. Este requisito solo contemplaba la paralización de desahucios a quienes demostraran que la pandemia los había dejado en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, personas en ERTE o paro), pero no a los que fueran vulnerables de antes. 

Será la persona afectada por el lanzamiento la que tenga que presentar su solicitud de aplazamiento. El juzgado deberá entonces solicitar un informe a los servicios sociales que acredite la vulnerabilidad al tiempo que la Comunidad Autónoma busca una alternativa habitacional. Si no la consigue, se suspende el lanzamiento. “Se trata de motivar la búsqueda de alternativa habitacional”, ha recalcado el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. 

De no haber alternativa, el propietario de la vivienda podrá solicitar una “compensación” del estado, sea un gran o pequeño tenedor. Para calcular dicha compensación, el Ministerio acudirá al índice de referencia de precios del alquiler que publicó el pasado mes de junio y que estaba pensado como herramienta para la regulación del alquiler (una medida que aún no se ha aprobado).

Según ha anunciado Ábalos, la suspensión de lanzamientos se extiende a otro colectivo: el de personas sin contrato de alquiler, aquellas que ocupen viviendas “sin que haya mediado ni violencia, ni intimidación ni ninguna acción y lícita” y que en ningún caso sean la residencia habitual o segunda vivienda de nadie.

Flexibilización de la contratación pública para absorber los fondos europeos

La vicepresidenta Carmen Calvo ha sido la encargada de avanzar un Real Decreto por el que se modifican mecanismos de la administración pública para intentar absorber de la manera más eficiente los fondos procedentes del plan europeo para la crisis provocada por el coronavirus. El primero de los planos en los que afecta esta modificación es en los empleados públicos. Moncloa prevé una reordenación de parte de la fuerza laboral de los ministerios para centrarse en la administración de los fondos europeos. Serán fundamentalmente reubicaciones de empleados, si bien se abre la puerta, de manera puntual, a nuevas contrataciones de empleo público. “Se trata de dar eficiencia y tener los recursos humanos bien localizados”, ha señalado durante la rueda de prensa la vicepresidenta.

Sin embargo, el grueso de la modificación obedece a aligerar los trámites administrativos necesarios para los procedimientos de concesión de estas ayudas procedentes de Europa. El Real Decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, se incorporará el 31 de diciembre a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Fuentes de Moncloa señalan que el objetivo es eliminar los “cuellos de botella” en la administración que lastraba la ejecución de estos planes. Esta modificación, que afecta a todos los ministerios y a varias leyes anteriores, se realiza para las ayudas del plan europeo de recuperación, pero seguirá vigente para cualquier fondo procedente de la Unión Europea. La vicepresidenta Calvo ha apuntado que el objetivo es que la gestión sea “más ágil, corta, eficiente, clara y ligera”, sin perder de vista el “control y rigor” necesario para que se puedan aplicar esta inversión procedente de Europa.

El Ministerio de Hacienda será el nexo con la Comisión para hacer seguimiento a estos planes y se encargarán de la coordinación de los planes. Sin embargo, Moncloa descarta que se cree una ventanilla única para la licitación de los fondos procedentes de Europa, sino que cada Ministerio, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento seguirá funcionando como ente licitador. Para captar la participación del sector privado, el Gobierno recupera la figura de las agencias, que fueron suspendidas en 2015 con la reforma de la administración. Además, nace una nueva figura, que se conocerá como Perte, para aquellos proyectos que tendrán una consideración de estratégico para la economía y que deberán estar validados por el Consejo de Ministros.

Esta nueva figura es presentada como una “autopista” para que los proyectos seleccionados como tales puedan transcurrir de manera más rápida por todo el proceso administrativo de licitación. Tendrán prioridad sobre otras figuras y el Gobierno se reserva la capacidad de seleccionar a aquellas empresas que cuenten con proyectos que se amolden a la previsión de estos Pertes. Se creará un registro estatal de empresas interesadas en participar en estos programas.

Pero más allá de estas dos figuras, fuentes de Moncloa señalan que se reducen incluso a la mitad algunos de los trámites, al eliminar pasos que no se consideran con valor añadido, como la necesidad de que el Consejo de Ministros apruebe ciertos contratos públicos de gran tamaño. Si bien, defienden que la agilización no está reñida con el rigor. España debe, al fin y al cabo, dar cuenta del uso de estos fondos, de lo que se encargará el Ministerio de Hacienda, y la Intervención General del Estado se encargará de la supervisión y control de los programas que se aprueben. La reducción de plazos afecta a todos los modelos de uso de esos fondos, desde la licitación de contratos con empresas privadas a las subvenciones. El plan incorpora medidas para desarrollar colaboraciones entre organismos públicos y partícipes privados para enfocar las ayudas europeas.

En cuanto a la composición, se crearán cinco nuevos órganos de gobernanza de los fondos, que pasan en primer lugar por una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá Sánchez y en la que participarán todos los ministros.

Se creará también un Comité Técnico, que dará soporte técnico y legal a la Comisión Ministerial, y una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, así como foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados y se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las CCAA al necesitarse una “estrechísima colaboración”. La Dirección de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, será designada como la autoridad de gestión responsable de cara a la rendición de cuentas en Bruselas.

Información elaborada por Laura Olías, Diego Larrouy, Analía Plaza y Antonio M. Vélez.