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Continúa el paro de taxistas al terminar sin acuerdo la reunión entre Fomento y las asociaciones del sector

Unos 1.500 taxistas ocupan con sus vehículos el centro de Valencia

Marina Estévez Torreblanca

El paro patronal de taxistas va a continuar. Varios portavoces de las asociaciones reunidas este lunes con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Pedro Saura, han explicado tras finalizar un encuentro de cuatro horas que por el momento no van a llamar a parar las protestas, relacionadas con lo que consideran competencia desleal de Uber y Cabify. Al menos hasta el miércoles, cuando se producirá una conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

Las asociaciones pretenden que se transfieran las competencias que en la actualidad están en manos del Gobierno central, a poder ser a los municipios, pero al mismo tiempo quieren que todas las comunidades autónomas se comprometan a respetar unos mínimos, como la proporción de licencias 1/30 entre taxis y VTC. Representantes de las empresas de alquiler de vehículos con conductor se reunirán mañana con Saura.

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un instrumento legal que se aprobará el 14 de septiembre en el que se incluirán esta y otras reivindicaciones del sector. Además, este viernes el Consejo de Ministros efectuará una declaración político de compromiso con el sector del taxi, ha explicado Saura.

“El Gobierno lleva cuarenta días y se ha encontrado con esta herencia endiablada, este problema estructural”, ha lamentado. Ha asegurado que la voluntad es resolver “de manera definitiva y estable” el problema de las licencias. “Les hemos explicado que no se puede hacer en pocos días, que si aprobamos un parche nos lo podrían incluso recurrir”, ha dicho. La idea del Ministerio es iniciar la transferencia sobre VTC a las comunidades autónomas, “y se puede hablar incluso de licencia urbana municipal”, ha afirmado.

El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha afirmado que la solución ofrecida por el Gobierno es “insuficiente”, porque sus iniciativas deben ser convalidadas por el Congreso, y porque además las comunidades autónomas deberán legislar sobre este tema al transferirse las competencias. “Mientras no exista un compromiso de las comunidades autónomas de que van a comprometerse a una solución, no nos vale. Resolvemos un problema y creamos diecisiete”, ha asegurado. Por eso, ha afirmado, “de momento no desconvocamos nada”.

El Ministerio ha pedido tiempo para articular una regulación que garantice la convivencia entre el taxi y las VTC, mientras que los taxistas reclaman medidas concretas, una de ellas, competencias municipales en el sector. “Yo me fío de mi ayuntamiento”, ha dicho Tito Álvarez, de Élite Taxi de Barcelona. Precisamente esta ciudad fue el origen del actual conflicto, que se ha acabado extendiendo al resto de España. Mientras se producen las negociaciones, cientos de taxis mantienen cortado el Paseo de la Castellana, en el que se encuentra el Ministerio de Fomento, donde se ha desarrollado la reunión.

El origen de esta protesta

El conflicto del sector del taxi tiene su origen en la competencia con los VTC (alquiler de vehículos con conductor) y las licencias que se les conceden. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tomó la iniciativa para poner coto a Uber y Cabify y el pasado junio aprobó un reglamento que exigía una licencia municipal adicional a estos vehículos. Suponía la retirada de vehículos VTC del área metropolitana.

El reglamento fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que ha propiciado una huelga de los taxistas barceloneses.

Por su parte, la respuesta del Ministerio de Fomento, recién cambiado el Gobierno, fue la presentación de un recurso contra dicho reglamento. Fue una iniciativa del director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral Salcedo, y la tomó “sin avisar” ni tan siquiera a la secretaria general de Transportes, María José Rallo, según fuentes de este departamento.

Por este motivo fue cesado por José Luis Ábalos, que pretendía “apurar los plazos” y “actuar con tranquilidad” conociendo “lo delicado de la situación”, según añaden las citadas fuentes, que desvinculan el cese de un eventual “gesto” hacia Colau. En sustitución de Moral Salcedo, que había sido elegido en 2012 para su cargo por el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha nombrado a Mercedes Gómez Álvarez.

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