El peligro de escribir sobre el último ingreso en prisión de un líder del PP es que en el lapso de tiempo hasta que el artículo se publica, la noticia deje de serlo, desplazada por la imputación, el encarcelamiento o la dimisión forzosa de otro líder del PP. La entrada en la cárcel del expresidente de Madrid, Ignacio González y la dimisión de la también expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre, serán sustituidos muy pronto por nuevos titulares sobre la corrupción en el PP. Pero aquí no pasa nada. Rajoy, que es menos ambicioso que Aznar, en lugar de decir que España va bien, dice que va “razonablemente bien”. Y además, puede probarlo. Afirma que si las cárceles se llenan de políticos corruptos, es que el Estado de derecho funciona. Entonces, si los partidos y especialmente el PP no nos regalaran con un volumen suficiente de políticos encarcelables, ¿querría decir que el Estado no funciona?
Pablo Casado es uno de los portavoces a los que el PP recurre en este tipo de crisis. Es tan habilidoso en la manipulación políticamente correcta del lenguaje que casi nos consigue enternecer insistiendo en el malestar que los casos de corrupción provocan en su propio partido. Según él, son los militantes de base y los votantes del PP, además de sus dirigentes no corruptos, quienes más interesados están en librarse de los corruptos. Y según él también, la legitimidad del proyecto político del PP está por encima de estos hechos lamentables.
Aunque es seguro que haya votantes y militantes que preferirían que el PP no estuviera corrupto hasta la médula, lo cierto es que en todos los años que llevamos sufriendo esta lacra, no han tomado ninguna iniciativa que altere la situación. Si no hay el menor motín a bordo, es de suponer que la marinería está “razonablemente satisfecha” con quienes dirigen la nave.
En cuanto al segundo de los argumentos, se pueden extraer de él las conclusiones contrarias a las que sacan los portavoces del PP. No se trata de negar la legitimidad del proyecto político del PP. Es evidente que en un régimen democrático, las personas con ideas conservadoras están legitimadas a defender en igualdad de condiciones su proyecto político. Pero el problema no reside en la legitimidad del proyecto, sino en la legitimidad del instrumento. No es el proyecto el que hace legítimo un instrumento, sino que el instrumento necesita su propia legitimidad: los medios para reivindicar un proyecto político deben ser legítimos en sí mismos.
Desde esta perspectiva de respeto hacia el derecho que poseen las personas con ideas conservadoras a articular instrumentos políticos democráticos para competir por ellas, el Partido Popular no es el instrumento más legítimo. Todos los partidos, en cuanto que son organizaciones humanas, desarrollan en su interior prácticas corruptas. Pero a día de hoy ya es más que evidente que la corrupción entre los dirigentes del PP no tiene un carácter excepcional; que un porcentaje amplísimo de dirigentes populares ha utilizado y utiliza de forma normalizada las estructuras políticas de esta organización con fines delictivos.
España obtiene calificaciones muy preocupantes en los ranking internacionales sobre corrupción, con niveles impropios de su desarrollo socio-económico. La situación se degrada día a día. Las presiones y manipulaciones sobre la fiscalía y los jueces llegan a unos niveles difíciles de imaginar en un país desarrollado. La grabaciones a distintos líderes del PP evidencian la normalización del delito como instrumento de gobierno y la grotesca sensación de impunidad de un país gobernado por el autor de la frase “Luis, ¡resiste!”, que retrata magníficamente a un gobierno que alienta el delito.
Descartada la posibilidad de una regeneración desde dentro del PP, vista la pasividad cómplice de la militancia con su corrupta dirección, otra vía de regeneración podría partir de un eventual castigo electoral. Pero es poco probable a medio plazo una abstención masiva del voto conservador o un desplazamiento hacia Ciudadanos o hacia alguna nueva opción política dentro del espectro de la derecha. Tampoco parece probable que la regeneración venga de un proceso de ilegalización como el previsto en la ley de partidos, que contempla dicha posibilidad para las asociaciones ilícitas, es decir, las tipificadas en el artículo 515.1 del Código Penal: “Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada”. La apertura de un proceso de ilegalización tendría la ventaja no sólo de impulsar la regeneración del espacio político que ocupa actualmente el PP, sino también la de servir de advertencia a los demás partidos y poner coto a la actual sensación de impunidad. Sin embargo, es poco probable que quienes tienen competencia para iniciar ese trámite y concretamente la fiscalía o las cámaras de las Cortes, lo hagan.
¿Queda, entonces, alguna esperanza de regeneración a medio plazo? Lo más fácil sería que los demás partidos la forzaran; que crearan un cordón sanitario en torno a la actual dirección del PP. El hecho de que el PP represente no a la mayoría, pero sí a la minoría mayoritaria del electorado, no impide que los demás partidos lleguen a acuerdos democráticos para limitar su impunidad, como ha sucedido, por ejemplo, en Francia con Le Pen. Pero ni siquiera algo tan obvio parece probable. Tanto Ciudadanos como el PSOE liderado por la gestora han traicionado sus promesas reiteradas hasta la saciedad de que no iban a apoyar al PP si este no llevaba adelante un proceso de regeneración. Y ahora parece que el PNV se va a sumar a la ceremonia, no sólo de forma implícita, como hasta ahora, sino explícitamente, reforzando el gobierno mediante el apoyo a sus presupuestos.
Si la presión sigue creciendo y el sistema de partidos no ofrece ninguna válvula de escape, resulta difícil augurar soluciones ordenadas. En todo caso, a la oposición le corresponde más que nunca ejercer de oposición y agotar todos los recursos a su alcance para controlar al gobierno, que son básicamente las preguntas, las interpelaciones, las comisiones de investigación y la moción de censura. Sólo Unidos Podemos es partidaria de llegar a la moción de censura. El PSOE liderado por la gestora no está por la labor. Aún así y aún a sabiendas de los riesgos que supone para quienes la presentan y de que la moción es casi seguro que no prosperará, se hace imprescindible en estos momentos presentarla.
La función de la oposición es fundamental en un sistema democrático, donde el ejercicio de los “checks and balances” es tan importante como el del gobierno. La oposición tiene la obligación política de actuar como contrapeso del poder. Aunque los medios convencionales repitan hasta la saciedad la idea de que la responsabilidad de la oposición se traduce en pactar acuerdos con el gobierno, lo cierto es que si esta se autocensura y se limita a recoger en acuerdos lo que el gobierno está dispuesto a transigir, está incumpliendo su función constitucional. La oposición tiene el deber de hacer oposición y en circunstancias políticas como las actuales en que la regeneración política es un clamor, tiene la obligación ética y política de agotar todos los instrumentos constitucionales de control, incluyendo el más severo de ellos, la moción de censura.
Roberto Uriarte Torrealday, Pilar Garrido Gutiérrez y David Soto Rodríguez, miembros de Podemos Ahal Dugu.
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