Nuevo curso, asignaturas pendientes

El reciente cambio de Gobierno como consecuencia del éxito (inesperado, incluso para sus propios promotores) de la moción de censura, ha dado lugar a una serie de importantes cambios en el escenario político cuyos efectos van a dejarse sentir a partir de ahora, coincidiendo con el inicio del nuevo curso parlamentario. Uno de ellos es la alteración de la agenda y del calendario políticos, que ya está condicionando el quehacer de todas las formaciones políticas, incluso antes de que se abra formalmente el periodo de sesiones en las Cámaras parlamentarias. Así se pone de manifiesto en las polémicas de los últimos días de agosto a propósito de la financiación autonómica, en torno a la determinación del techo de gasto y en relación con la controvertida modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera.

Todo ello como prolegómeno del debate sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado, tema que normalmente suele ocupar buena parte de los trabajos parlamentarios durante el periodo de sesiones de los meses otoñales. Si bien todos estos últimos años la discusión sobre los Presupuestos ha seguido un calendario completamente anómalo -los Presupuestos de este año se aprobaron en junio, al igual que los del año anterior, y en 2016 no fue posible aprobar ningún Presupuesto debido a la disolución de las Cámaras sin investidura del nuevo Gobierno- en esta ocasión se presentan problemas adicionales derivados de la composición actual del Parlamento y, como consecuencia de ella, de las dificultades del Gobierno surgido de la moción de censura para poder contar con el suficiente respaldo parlamentario.

Es en este marco en el que hay que inscribir las incidencias parlamentarias que se están sucediendo en este inicio temprano del curso político, en el que la agenda política se ve condicionada además por las citas electorales -municipales, autonómicas, europeas- que van a tener lugar durante el curso que ahora comienza. No obstante, la primera cuestión a afrontar, porque así lo impone el calendario parlamentario, es la aprobación de los Presupuestos (y cuestiones conexas; entre ellas las relativas a la regla y el techo de gasto, las modificaciones de la legislación de estabilidad presupuestaria, etc.). Lo que necesariamente implica contar con el respaldo parlamentario suficiente para poder aprobar en las Cámaras, con la composición que actualmente tienen, las normas legislativas correspondientes.

Es éste precisamente el principal problema que se le plantea al Gobierno, como consecuencia directa de la forma en que tuvo lugar el inesperado éxito de la moción de censura, en la que se consiguió sumar en el Congreso los votos necesarios para poder desalojar al anterior jefe de Gobierno, M. Rajoy, pero sin tener consolidada una mayoría parlamentaria para poder gobernar. Y es ésta la primera cuestión a tratar y a resolver entre las formaciones políticas que impulsaron la moción de censura hace tres meses; porque, de lo contrario, de nada sirve ocupar el Gobierno si luego no se cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente para poder sacar adelante las propuestas que se hagan; entre otras, las relativas a los Presupuestos Generales del Estado, de inmediata tramitación parlamentaria.

Aunque este es un asunto -la consolidación del respaldo parlamentario suficiente para poder gobernar- que debía haber sido el eje de la moción de censura cuando se planteó, como por otra parte así lo exige además el carácter constructivo con el que ésta está configurada en nuestro sistema constitucional, lo cierto es que el triunfo de la moción tuvo lugar sin tener garantizados los apoyos parlamentarios suficientes. Asegurar estos apoyos de forma estable, lo que solo puede conseguirse sobre la base de unas propuestas programáticas compartidas entre quienes respaldaron la censura al anterior Gobierno, es la primera e inaplazable tarea a afrontar en estos momentos, cuando se cumple ya el periodo simbólico de los cien días desde la formación del actual Gobierno, coincidente además en esta ocasión con el inicio del curso político y parlamentario.

En este sentido, y a pesar del retraso en hacerlo, el anuncio de que las formaciones que en su día apoyaron la moción de censura han abierto un proceso de negociaciones con el fin de acordar un programa común de gobierno, o al menos de legislatura, constituye el paso más significativo, hasta el momento, en favor de un ejecutivo cuyo déficit de apoyos parlamentarios es manifiesto. Porque conviene tener presente que en un sistema parlamentario, como es nuestro caso, lo que realmente garantiza la continuidad, tanto del Gobierno como de la legislatura, no son tanto las habilidades negociadoras de sus integrantes ni las medidas estelares de impacto mediático que puedan adoptarse sino, ante todo, la existencia de una mayoría parlamentaria (o una minoría mayoritaria) que respalde al Gobierno.

No va a resultar nada fácil conseguir hacer efectiva esta mayoría parlamentaria (e incluso una minoría mayoritaria suficiente), sobre todo teniendo en cuenta la complicada composición parlamentaria actual, que no se ha visto modificada por el triunfo de la moción de censura ni por el cambio de gobierno. A falta de condiciones más favorables, la elaboración de los Presupuestos, que durante los próximos meses va a centrar la actividad parlamentaria, brinda una buena oportunidad para intentar llegar a acuerdos que, a no dudar, podrían servir para fraguar en torno a ellos un espacio común de entendimiento entre las formaciones que apoyaron la moción de censura. Todo ello, a condición de que exista voluntad para, al menos, intentarlo seriamente, porque de no ser así no hay posibilidad alguna de garantizar el respaldo parlamentario suficiente.

Es preciso tenerlo presente porque no puede pasar desapercibida la existencia de un factor añadido, como es el ‘procès’ catalán, que condiciona de forma determinante la formación de cualquier espacio común de entendimiento parlamentario. Resulta obvio que si se pretende aprovechar la coyuntura actual, marcada por la necesidad de apoyos parlamentarios del actual Gobierno, para tratar de que las reivindicaciones sobre el ‘procès’ de las formaciones soberanistas catalanas tengan que ser asumidas por todos los demás, no existe posibilidad alguna de llegar a acuerdos comunes. Y a falta de éstos ni el Gobierno va a poder desarrollar su actividad, que requiere el aval de las Cámaras, ni éstas van a poder legislar, como viene ocurriendo hasta ahora, ni probablemente los Presupuestos, de inmediata tramitación, van a poder ser aprobados.

Si bien las expectativas del curso que ahora se inicia no dejan de ser inciertas, en especial por lo que se refiere a la continuidad del Gobierno y de la propia legislatura, la única forma de disipar esta incertidumbre no es otra que asegurar los necesarios apoyos parlamentarios, que solo pueden conseguirse en torno a un programa común y compartido. De lo contrario, la disolución de unas Cámaras que no pueden ejercer sus poderes legislativos, no pueden aprobar los Presupuestos ni pueden garantizar el respaldo al Gobierno sería obligada, lo que no dejaría de ser sino una muestra más de la anomalía institucional en la que estamos instalados durante toda la legislatura, cuando ésta acaba de cumplir tan solo la mitad del periodo para el que fue elegida.