Cerca de 40.000 edificaciones nuevas amenazan al litoral vasco
La presión urbanística sobre el litoral en Euskadi no es como en otras zonas de España pero existe. Los proyectos de ordenamiento supramunicipales ya aprobados por el Gobierno vasco en Bizkaia y los previstos para el litoral de Gipuzkoa permiten la construcción de entre 30.000 y 40.000 nuevas edificaciones, la mayoría pisos pero también infraestructuras y actividades industriales. Pero la presión puede aumentar tras la nueva Ley de Costas aprobada por el Gobierno del PP, que reduce la protección de los 100 metros hasta solo 20.
“Lo que antes era un escollo, la Ley de Costas, ahora puede hacer resurgir proyectos”, asegura Pilar Marcos, responsable de Greenpeace. Los ecologistas ven con preocupación especial un polémico plan urbanístico en la costa de Bizkaia: la construcción de más de 120 viviendas (60 de ellos chalets) en Zierbena, junto a la playa más grande de Euskadi, La Arena. Dos sentencias judiciales, del Tribunal Superior vasco y del Supremo, han declarado ilegal la reclasificación a suelo urbano de una parcela de 7.000 metros cuadrados prevista como de ocio y recreo. “Ahora lo del deslinde (la protección del área marítima-terrestre) está en la Audiencia Nacional pero con el cambio de la Ley de Costas, estamos preocupados”, afirma un miembro de Ekologistak Martxan, la principal plataforma ecologista en Euskadi. No es el único. En Gipuzkoa, en Orio, ya está prácticamente culminado el plan de levantar 200 pisos junto a la costa, pese a que existen cinco sentencias que lo han anulado.
Esta amenaza urbanística procede de esos proyectos de ordenamiento supramunicipales, denominados Planes Territoriales Parciales. Son un total de 15 en los que hace 23 años se dividió todo el País Vasco: 11 están aprobados definitivamente y de los cuatro restantes, tres de ellos tienen ya la aprobación inicial. Estos documentos, que resultan vitales para la ordenación urbanística, nacieron de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobada en 1990. Su objetivo es dibujar las líneas maestras de lo que debe ser el futuro del territorio para un área determinada.
En teoría, el Gobierno vasco tiene una herramienta para la defensa del litoral, el Plan Territorial Litoral, en vigor desde 2007 y aplaudido por los ecologistas. Establece una franja de protección de 500 metros de ancho a partir de la ribera del mar y es una normativa del mismo rango que la Ley de Costas, por lo que no puede ser derogada por la normativa estatal. “Pero hay que ver como se utiliza. El PNV no ha dicho ni una palabra en contra del cambio en la Ley de Costas a los 20 metros”, comenta el miembro de Ekologistak Martxan.
Greenpeace censura que Euskadi carece de un plan de acción o unas orientaciones estratégicas para gestionar las costas vascas “desde un enfoque integrado y orientado a largo plazo”. Pilar Marcos recalca que hasta ahora la protección ambiental “estaba por encima de las normas municipales de suelo. Pero ahora los ayuntamientos pueden pedir poner en marcha operaciones urbanísticas, el Ministerio tiene 18 meses y el silencio es positivo”, opina.
La mayor presión se localiza, según han constatado los colectivos ecologistas, en la costa vizcaína y, en concreto, en la franja más cercana a Bilbao, entre las localidades de Bakio y Getxo. El principal de todos los Planes Territoriales Parciales elaborados, el del área metropolitana de Bilbao que afecta a la mitad de la población vasca, junto a una extrapolación del aún pendiente de Gernika-Markina, permiten la edificación de más de 20.000 viviendas en zonas costeras de Bizkaia. La otra zona más apetecible urbanísticamente en territorio guipuzcoano, la de Donostialdea, tiene aún pendiente de aprobación su Plan Territorial Parcial, aunque Gipuzkoa previsiblemente ofrecerá la posibilidad de entre 10.000 y 20.000 nuevas edificaciones a lo largo de esta década.
Los tribunales han tumbado varios proyectos. El Tribunal Supremo anuló en 2009 la recalificación de 18 hectáreas en un zona protegida de Barrika, donde los intentos de edificar se remontan 25 años. Pese a ello, 14 de las 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo, ya están finalizadas y habitadas. En Urdaibai, los tribunales también han parado la recalificación impulsada por el Gobierno para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27,8 hectáreas en Ibarrangelu, en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera.
Las instituciones vascas han insistido que los planes territoriales son una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que se edificarán. Una decisión que es la que preocupa a los conservacionistas por lo ocurrido hasta ahora.
