Seis claves para entender cómo se reparte el pastel de los comedores escolares en Euskadi
La comisión de investigación del fraude de los comedores escolares públicos presentó hace unos días el informe de conclusiones sobre las irregularidades que culpa al Gobierno vasco de la falta de control que posibilitó un fraude que oscila entre los 70 y los 80 millones de euros. Según la comisión, las familias habrían sido las principales afectadas. He aquí algunas claves para entender cómo se repartió el pastel y lo que esto supuso:
1. 2016: se destapa el caso
Competencia y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) multaron en 2016 a siete empresas por pactar un encarecimiento del servicio de comedores escolares entre los años 2003 y 2011 y 2013 y 2015. Las empresas beneficiarias eran Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (estas tres pertenecientes a MCC), Eurest, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Baska. La empresa que dio la voz de alerta, Aibak, había llegado a ‘adivinar’ ante notario cuáles iban a ser las empresas ganadoras del concurso año a año.
Si bien en un principio la cuantía global de las multas ascendía a los 18 millones de euros, el TSJPV las rebajó en un 60%, hasta los 7,24 millones, puesto que entendía que la actuación del Gobierno Vasco había contribuido a que estas considerasen que “actuaban de una manera asumible de cara al interés público”. La Fiscalía del País Vasco llegó a emprender una investigación, pero su titular por aquel entonces, Jual Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, según los que no existía ningún tipo de mercado cerrado.
2. Unas pocas empresas se reparten el pastel
José Ramón Becerra, el parlamentario de Elkarrekin Podemos que ha participado en la comisión de investigación, asegura que en los años de la crisis económica, entre 2008 y 2012, el coste facturado de los menús ascendió en casi un 50%, “en parte fruto del pacto ilícito entre las empresas para repartirse el mercado”. Se trata de un pacto tácito, técnicamente ‘colusión’ o ‘concertación’ entre empresas, que dificulta la competencia y, en consecuencia, incrementa los precios y mina la calidad. “Las empresas —comenta Becerra—, en la medida en que saben que tienen asegurado el reparto del mercado, no se van a esforzar por dar un mejor servicio”. El sistema en sí mismo ha quedado, por lo tanto, en entredicho.
La comisión de investigación no ha demostrado que hubiese un pacto expreso y por escrito, ni que existiera connivencia entre el Gobierno y las empresas, pero sí la existencia de ese acuerdo tácito e ilícito. El quebranto económico lo cifran desde la comisión en alrededor de 70 u 80 millones de euros. Es por ese motivo por el que se le exige al Ejecutivo que recupere ese sobrecoste, esos beneficios que han conseguido las empresas a costa del dinero público y del dinero puesto por las familias.
3. Las familias, las principales perjudicadas
Son esas familias las que han soportado, con su dinero, este sistema. El número de comensales de los comedores públicos ha ido creciendo con los años, pero con la crisis económica el aumento fue aun más notorio. El Gobierno hizo en 2012 los primeros cambios para estabilizar las cuotas del comedor; entre 2012 y 2017, la factura de los comedores se redujo en prácticamente un 17%. La cuota de las familias, sin embargo, se ha mantenido. “La realidad es que, cuando se acredita un sobrecoste, les repercute a las familias, que pagan el 60% del coste del servicio a través de sus cuotas, e incluso más”, asegura Becerra.
Considera que “el sistema no es ilegal, porque la orden que lo regula dice que se tenderá hacia la autofinanciación”. “Sin embargo, la situación refleja que este sistema de comedores está cargando sobre las familias el coste de un servicio cuya calidad está en entredicho y, además, el sobrecoste que ha ocasionado el pacto entre las empresas”, apunta. El informe de conclusiones de la comisión estima que “se habrían detraído a las familias” de los alumnos entre 42,1 y 48,5 millones de euros a través de las cuotas de comedor.
4. Idas y venidas en la cartera de Educación
El PNV aseguró en 2018 que había quedado claro que la Administración no había estado involucrada. Aun así, no es el único partido que ha gestionado la cartera de Educación. Este sistema de comedores escolares echó a rodar en el año 2000. Los responsables de Educación desde ese año hasta 2009 fueron consejeros de EA (que ahora está integrada en EH Bildu), después la responsabilidad recayó en manos del PSE-EE hasta 2012 y, desde entonces, corre a cargo del PNV. Por tanto, en los años abarcados por la investigación, ha habido miembros de al menos tres partidos al mando de Educación.
5. No hay “connivencia”, pero sí “responsabilidades políticas”
El informe de conclusiones sobre las irregularidades detectadas lo aprobaron todos los grupos parlamentarios a excepción de PNV y PSE-EE. El informe culpa al Gobierno vasco de la falta de control que hizo posible el fraude. El dictamen no brinda pruebas de “connivencia” entre Ejecutivo y empresas, pero da por “acreditada” la existencia de “responsabilidades políticas” en dos planos: las de los que estaban al mando de la consejería de Educación mientras todo sucedía y las de los que, una vez probados los sobrecostes y el ‘coto cerrado’ que mantenían las empresas, no hicieron nada por recuperar el dinero.
6. ¿El futuro?
La consejera, en su última comparecencia, dijo que todo va a seguir igual. De tal manera que los cambios no van a ser drásticos pese a las conclusiones de la comisión. Si bien las ampas podrán gestionar a partir del siguiente curso los comedores escolares de manera directa, Becerra cree que este modelo está “abocado al fracaso, porque es cuestionable jurídicamente que un ampa pueda gestionar unos recursos públicos, como es el personal, y porque difícilmente van a sobrevivir financieramente”.
