Seguridad abre la puerta legal al 'cierre' de comisarías en Euskadi
Gestión compartida, cierre de comisarías, cierre de centros de detención, más agentes en las calles, policía de proximidad... Todos estos conceptos policiales están en juego en el nuevo modelo policial que el Departamento de Seguridad que dirige la consejera Estefanía Beltrán de Heredia está poniendo en marcha. El pasado 20 de noviembre, el Departamento dio luz verde a lo que oficialmente se conoce como el Plan Estratégico Ertzaintza Horizonte 2016, la policía integral del futuro.
El doble objetivo de ese plan es avanzar hacia un “modelo más funcional” y acorde con las nuevas necesidades policiales y proteger a la ciudadaníap con una “mayor eficacia en la gestión de los recursos humanos y técnicos”. Ayer, el Departamento dio un paso más en esa estrategia a publicar en el Boletín Oficial del País Vasco una de las herramientas legales que más contestación ha tenido entre los principales sindicatos de la Ertzaintza, Erne y ELA. En concreto, la normativa que posibilita la “gestión compartida” de los centros policiales limítrofes, una medida que los actuales responsables policiales, con Gervasio Gabirondo a la cabeza, cree que permite sacar mas ertzainas a la calle. “Racionalizar y optimizar la gestión de los medios disponibles”, se reitera desde Seguridad. “Merma del servicio público y menor seguridad para los agentes”, explican los sindicatos.
“Una de las premisas de la reestructuración [policial] es el acercamiento de la Ertzaintza a la sociedad a la que sirve, razón por la cual se trata de dotar a las demarcaciones de cada una de las comisarías de todos los recursos y servicios necesarios para asumir la responsabilidad policial global sobre el territorio de su competencia”, se señala en la orden publicada ayer. La orden da luz verde a la “unificación o centralización” del proceso de toma de decisiones operativas y de la planificación de los métodos de trabajo en las comisarías afectadas.
“El servicio público se resiente”
Los dos principales sindicatos no se fían. El sindicato Erne, que ha realizado movilizaciones desde hace meses contra estos planes de Seguridad, cree que “el servicio público se resiente con esos sistemas unificados. Esto no tiene nada que ver con prestar un buen servicio a los ciudadanos”, sostiene un portavoz de la central mayoritaria. “Cuando el Departamento habla de optimización de recursos lo que está diciendo en realidad en su plan piloto es que va a unificar y cerrar comisarías. El problema es que este tipo de políticas de recortes merma el servicio del ciudadano y, encima, resta seguridad a los agentes”, ha comentado un portavoz de la central mayoritaria. Los sindicatos han denunciado que el pasado verano “algún día en la comisaría de Azkoitia en el grupo de atestados solo había una persona trabajando. Nos estamos encomendando a la suerte, esperando que no pase nada”.
Aprobada la normativa que posibilita esa “gestión compartida”, no hay duda de que Seguridad echará mano de ella para la reestructuración anunciada, extendiendo el modelo a otras demarcaciones, aunque adecuándolo a las “peculiaridades” que cada zona presenta. De hecho, fue la propia consejera de Seguridad la que defendió en el Parlamento las bondades del sistema. Beltrán de Heredia dijo que el plan piloto desarrollado en Zarautz y Azkoitia permitió disponer de más agentes en tareas de seguridad ciudadana e investigación, además de reducir los efectivos en las escalas administrativas.
También entonces se esforzó en dejar claro que no se planteaba cerrar ninguna de las comisarías, pero tuvo que admitir que en el caso de la experiencia piloto se iba a dejar un único centro de detención en Zarautz. Los sindicatos no se creen las palabras y sospechan que la aprobación de la orden será el pistoletazo de salida para reducir las 25 comisarías actualmente existentes: tres en Álava, 11 en Bizkaia y otras 11 en Gipuzkoa.
