Desestiman un recurso contra los contratos de Osakidetza tramitados por el jefe de seguridad que falseó su titulación

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (conocido por las siglas OARC y que analiza recursos contra licitaciones) ha desestimado una denuncia relacionada con el caso del exjefe de seguridad de Osakidetza, un ertzaina que falseó su titulación universitaria y que ha acabado despojado de su cargo y denunciado en un juzgado de Vitoria. Un particular, J.C.V.M., planteó que se revisara la “legalidad” de la adjudicación del servicio de vigilancia de Osakidetza, gestionado por el denunciado, Juan José Quiñones. Sin embargo, el OARC estima que ese tipo de actuaciones no entran dentro de sus competencias.

El puesto de responsable de Seguridad en el Servicio Vasco de Salud fue creado a la luz de hechos como el secuestro de bebé en la maternidad de Basurto, ocurrido en 2022. El nombramiento del ahora destituido se produjo en 2023 tras un proceso de designación en que fue el único candidato y en el que se ajustaron algunos requisitos para adaptarlos a su perfil. Durante dos años, Quiñones ocupó un puesto con un salario superior a los 60.000 euros anuales incumpliendo la premisa de tener una titulación universitaria. Había presentado un título de la EHU que se dio por bueno. Venía compulsado por el Ayuntamiento de Getxo. A finales de 2025, se produjo una revisión de su expediente, se comprobó la falsedad y Quiñones fue despedido y denunciado. Actualmente está abierta una causa penal en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

Durante los dos años de Quiñones en el cargo, aparentemente con un salario superior a los 60.000 euros anuales, participó en la tramitación de cinco expedientes de contratación que suman más de 83 millones de euros. Se trata de dos adjudicaciones de 36,7 millones para la vigilancia de los centros sanitarios de Bizkaia, por un lado, y de Gipuzkoa y Álava, por otro, que recayeron en las compañías Prosegur y ALSE, respectivamente. Y también de otro expediente para la seguridad de los centros de la red de salud mental de Bizkaia, de nuevo para ALSE (11,1 millones). Los otros expedientes son contratos menores, por debajo de 15.000 euros, a Riskless y SDS.

La denuncia al OARC demandaba revisar la “legalidad” de las contrataciones. “Que se verifique la habilitación administrativa y profesional de la persona que intervino como director de Seguridad en la elaboración o firma de la documentación técnica del expediente”, se solicitaba, además de reclamar las “medidas necesarias” en el caso de que se constataran las “irregularidades”.

Sin embargo, el 13 de marzo el OARC inadmitió el caso. Expone que su intervención está tasada para revisar licitaciones y sostiene que la comunicación recibida sobre Osakidetza “ni siquiera se identifica como recurso”. “Es una mera denuncia de la que difícilmente puede defenderse el poder adjudicador y sobre la que mal pueden alegar otros interesados. Por ello, si este órgano la tramitara como recurso estaría favoreciendo la indefensión de Osakidetza y de los demás interesados y concediendo una ventaja antijurídica a quien no ha formulado con una mínima concreción su posición”, argumenta la resolución. Se indica, eso sí, que cabe recurso ya ante la Justicia ordinaria, concretamente ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.