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Euskadi acotará por ley la publicidad para menores de bebidas energéticas y comida rápida

Interior de un restaurante de comida rápida

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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El Gobierno de Iñigo Urkullu continúa exprimiendo la legislatura vasca y perfilando leyes de corte social antes de las elecciones. Y lo hace, además, con acuerdos con la oposición a pesar de su mayoría absoluta, que los hace innecesarios aritméticamente. Después del ya conocido con EH Bildu en torno a la ley contra el cambio climático y para la transición energética, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE ha repetido pacto con la coalición abertzale al que se sumará también Elkarrekin Podemos-IU, que ha pasado en 72 horas de criticar con dureza el acuerdo anterior a sumarse a otro con entusiasmo. Ni siquiera está descartado a esta hora que el PP pueda sumarse también a un consenso en torno a la ley de protección de los derechos de la infancia y adolescencia, lo que únicamente dejaría fuera a los minoritarios Ciudadanos y Vox.

Entre las enmiendas introducidas en la ponencia legislativa celebrada en la Cámara, según han explicado portavoces de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos-IU, se han recogido previsiones para acotar la publicidad de comida rápida o bebidas energéticas cuando esté dirigida a menores. Queda por concretar el alcance de esa medida, es decir, si es una prohibición, si comportará sanciones o hasta dónde alcanzan conceptos como el de 'fast food'. Parece claro el compromiso de que, al menos, no se puedan utilizar a menores para ese tipo de campañas, lo mismo que se buscará erradicar la sexualización o la pornografía o impulsar la alimentación saludable. La ley, por el contrario, no sigue la estela de Galicia, donde se planteó no ya la prohibición de la publicidad sino incluso del consumo.

Es “una ley muy extensa y con muchos matices”, ha celebrado Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu. “Hace un día precioso”, ha llegado a decir Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, que llevaba “ocho meses” negociando enmiendas. Ambas formaciones sienten que han mejorado la propuesta inicial del Gobierno, de unos 300 artículos. Habían presentado 77 y 41 enmiendas, respectivamente. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas, Nerea Melgosa (PNV), ha expresado su satisfacción por los acuerdos y ha recordado que, desde el origen, la norma buscaba dotar de “derechos” a los menores para que puedan participar de forma “autónoma” en la sociedad. Las fuentes consultadas indican que se han aceptado también una veintena de propuestas del PP, aunque desde este partido indican que continúan todavía estudiando el dictamen final de la ponencia antes de fijar posición.

¿Otras medidas? Se ha mencionado la posibilidad de trabajar en el modelo Barnahus de protección a la infancia, por ejemplo. Ello incluye dar validez a los primeros testimonios de víctimas de violencia de cualquier tipo y no obligar a que los repitan en diferentes instancias (prueba preconstituida). También se aludirá a fomentar el deporte femenino en todas las categorías desde edades tempranas o garantizar el derecho a medio ambiente saludable para la infancia.

Queda fuera de la ley la posibilidad de que los permisos de parentalidad (nacimiento, adopción o acogida) pasen de 16 a 18 semanas, como había prometido el Gobierno vasco en su estrategia contra el invierno demográfico. Aunque Euskadi no tiene competencias laborales en ese ámbito, esa posibilidad ya se ha hecho otras veces en forma de excedencias subvencionadas. El compromiso no figura ni en los artículos ni en las disposiciones adicionales de la norma, según fuentes parlamentarias.

Eso sí, el Ejecutivo actual ha garantizado que pondrá en marcha por decreto esa medida en 2024 y también que la dotará de fondos. Sin embargo, a nadie se le escapa que hay elecciones con un cambio de lehendakari sí o sí y que los acuerdos no escritos podrían quedar en papel mojado. En medio, el Estado ha planteado ya elevar de 16 a 20 semanas estos permisos, lo que dejaría sin efecto esta mejora autonómica. Elkarrekin Podemos-IU ha sugerido que el dinero reservado -del orden de 20 millones, según sus estimaciones- debería destinarse en tal caso a pasar de 20 a 22 semanas, ya que hay países que alcanzan incluso un año entero de licencia.

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