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Euskadi y Navarra, en alerta por si la condonación de deuda a las comunidades supone un incremento del Cupo al Estado

La ministra María Jesús Montero, con el consejero vasco Pedro Azpiazu, en una firma de acuerdos sobre la financiación de las comunidades forales

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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El Gobierno vasco ha expresado, con suma prudencia por la falta de detalles, cierto temor a que los acuerdos para condonar deuda a las comunidades autónomas de régimen común, como Catalunya o Galicia, tengan como efecto colateral una subida de la aportación que las Haciendas forales realizan al Estado. El debate también está sobre la mesa en Navarra. Fuentes del Ejecutivo de Iñigo Urkullu avisan de que revisarán “con lupa” los posibles cambios ya que la dos comunidades forales tienen que abonar el 6,24% (en el caso de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y el 1,6% (Navarra) del gasto del Estado en intereses de la deuda, lo que podría generar un abono extraordinario cuando, además, no se podría beneficiar de una hipotética quita generalizada ya que no forman parte del denominado FLA (el fondo de liquidez autonómica)

“Esta comunidad contribuye con la financiación de políticas no transferidas pero también de la financiación de las políticas solidaridad que existen en el Estado. Aportamos una cantidad determinada. Si cambiara el escenario, tendríamos que saber si afecta a la aportación, si afecta a los términos que las Haciendas forales vascas han negociado para fijar el Cupo”, ha señalado el consejero-portavoz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, Bingen Zupiria.

“Necesitamos saber de qué manera va a afectar. Podría o no afectar a nuestra relación financiera”, ha señalado Zupiria en relación a las novedades que se van conociendo fruto de las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez. “Hay que conocer el detalle”, ha insistido a preguntas de los periodistas. Ha afirmado que, por el momento, al Gobierno vasco no le consta “ningún documento que recoja formalmente el acuerdo alcanzado con ERC con respecto a una parte de la deuda de Catalunya y con el BNG sobre Galicia”, por lo que ha apelado a la cautela.

Las comunidades autónomas vasca y navarra tienen un régimen de financiación diferente a las otras quince autonomías. Disponen de Haciendas propias que recaudan de modo autónomo los ingresos fiscales y, posteriormente, se abona un Cupo al Estado por las competencias que presta. En el caso de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, se aporta el 6,24% del coste total estatal de las competencias no transferidas, como fueron las Prisiones hasta hace solamente dos años. En esa aportación, que es independiente del volumen de recaudación, se incluyen elementos de “solidaridad interterritorial” y también de reparto de una parte de la deuda. Por otro lado, las comunidades forales no tienen acceso al denominado FLA, el fondo del que ahora se plantean quitas, por lo que no se podrían ver beneficiadas de una hipotética generalización de esa medida.

Fuentes del Gobierno vasco recuerda que el marco quinquenal de regulación actual del Cupo se actualizó en 2022 y que, en todo caso, si se producen circunstancias extraordinarias deberían arbitrarse soluciones igualmente extraordinarias. El Ejecutivo de Urkullu, del que también forman parte los socialistas junto con el PNV, prefiere ser muy prudente y no fijar una posición hasta no conocer la resolución definitiva de estas propuestas pero recalcar que está siguiendo el debate “con lupa”.

El debate también se ha abierto con fuerza en Navarra y con menos cautela que en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa a pesar de ser una de las tres únicas comunidades con presidenta socialista, María Chivite. “Se negociará dentro del Convenio Económico. No vamos a permitir que se perdone deuda y que nos afecte negativamente a los navarros. El Gobierno de Navarra y el PSN van a defender sin tapujos nuestro régimen foral”, ha señalado el portavoz socialista, Ramón Alzorriz. “Sólo faltaba que los navarros pagáramos la fiesta de Pedro Sánchez para ser investido”, criticó antes el líder de la oposición, Javier Esparza, de UPN. El consejero de Hacienda, José Luis Arasti, delegado del Gobierno de Sánchez hasta hace pocos meses, tendrá que dar explicaciones sobre este asunto en el Parlamento foral.       

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