Euskadi recurrirá la imposición de las mascarillas y acusa a la ministra García de sentar un precedente “gravísimo”

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha decidido elevar la tensión contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y presentará un recurso ante la Audiencia Nacional (aunque antes puede haber otro interno) contra la orden de la ministra de Sanidad, Mónica García, de imponer a las comunidades autónomas que obliguen al uso universal de mascarillas en sus centros hospitalarios y ambulatorios por el incremento de casos de gripe A, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, da este paso incluso aun pudiéndose Euskadi acoger a una excepción para no aplicar la nueva normativa estatal, que prevé que no se aplique la obligatoriedad en comunidades autónomas con dos semanas consecutivas de caída de la incidencia. Ello no implica una insubordinación y se acatará la orden ministerial, aunque se peleará por tumbarla.

La primera crisis gestionada por García al frente de Sanidad ha supuesto un fuerte enfrentamiento con Sagardui. Este lunes, Euskadi se quejó en el Consejo Interterritorial que sienta al Ministerio y a las comunidades de que se les había convocado con medidas ya definidas y no consensuadas. De hecho, la propuesta ya cerrada de García llegó por escrito cuando Sagardui estaba tomando la palabra en ese foro, en el que ya es una de las más veteranas y en el que ha compartido mesa con cuatro ministros. Este martes, la consejera anunció alegaciones desfavorables al plan del Estado, incidiendo en que las “formas” no han sido las adecuadas. La gota que ha colmado el vaso, este miércoles, ha sido que se haya enviado la orden de aplicación bajo la premisa de que había sido “acordada” en un Consejo Interterritorial que no se ha celebrado. “Queríamos dar una puñetazo en la mesa y mostrar que no somos sumisos”, confirman fuentes del Ejecutivo vasco, una coalición de PNV y PSE-EE.

La obligación ha sido traslada a las comunidades autónomas (y a Ceuta y a Melilla) en forma de “Orden comunicada” firmada por la propia ministra a las 19.02 horas de este miércoles y en aplicación del artículo 65 de una ley de 2003, de la etapa de José María Aznar. El documento recoge en un anexo datos epidemiológicos que justifican las actuaciones preventivas.

En un comunicado, Euskadi interpreta que “se vulnera la legalidad y se invaden competencias que son exclusivas”. Argumenta que “no ha habido acuerdo previo del Consejo Interterritorial”, que “no se ha dado audiencia a las comunidades autónomas directamente afectadas, en este caso, todas, independientemente de su situación epidemiológica, antes de tomar esta decisión” y que “el Ministerio no ha justificado la urgente necesidad de la medida en sus dos vertientes: una, que la situación sea de especial riesgo o alarma para la salud pública; dos, que la medida, circunscrita a los centros de salud, sea realmente efectiva para atajar el pico de la ola de gripe”.

Y añade que “el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde la medida debería haber sido acordada, establece en su punto primero que los acuerdos del Consejo en relación con las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”. “En aras de una buena gobernanza del Sistema Nacional de Salud, las actuaciones coordinadas en salud pública debieran seguir respetando los criterios técnicos de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta en cuanto a las medidas de respuesta adecuadas al nivel de riesgo, y su posterior evaluación y aprobación por parte de la Comisión Nacional de Salud Pública”, entiende el equipo de Sagardui.

“El Gobierno vasco entiende que el Ministerio de Sanidad está utilizando un recurso legal absolutamente extraordinario, sin cumplir sus propios preceptos, para imponer su voluntad a la mayoría de las comunidades autónomas, en contra del criterio técnico de estas, y vulnerando sus competencias en materia de salud pública.  Entiende el Gobierno vasco que el Ministerio de Sanidad ha sentado un precedente gravísimo en la relación política y administrativa que ha de mantener con las comunidades autónomas y sus departamentos de salud. El Ministerio de Sanidad tienen reconocidas competencias en materia de salud, pero las comunidades autónomas son quienes asumen la responsabilidad de la gestión y la atención sanitarias. Por eso, es incomprensible que el Ministerio, sin causa que lo justifique, sin acogerse al cumplimiento de la legalidad y en contra de la opinión de los expertos, haya ignorado las propuestas de consenso que han trasladado algunas comunidades, entre ellas Euskadi, y haya el elegido la confrontación como forma de relacionarse con las comunidades autónomas”, se añade en un tono muy duro.

Euskadi acatará la medida mientras esté en vigor, pero peleará por tumbarla. “La ciudadanía de Euskadi es conocedora de las medidas de prevención más aconsejables para evitar el contagio de la gripe y otras enfermedades respiratorias, y en su inmensa mayoría, las cumple con responsabilidad, razón por la que les animamos a seguir utilizándolas en todos aquellos lugares y circunstancias donde haya un mayor riesgo de contagio”, abunda Osakidetza.  

Incluso en el análisis epidemiológico no coinciden el Ministerio de Sanidad y Osakidetza. El Gobierno central estimaba que Euskadi podría quedar fuera de la universalidad de las mascarillas por llevar dos semanas de bajada de los casos. Pero, según los datos propios, la incidencia del conjunto de las patologías respiratorias sube en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En concreto, pasan de 555 casos por cada 100.000 habitantes a 637, conforme a los datos actualizados este miércoles. También los ingresos pasan de 29 a 33 por cada 100.000 habitantes. Osakidetza, eso sí, estima que la gripe A, que es casi la única en circulación, crece menos que otras semanas, que la COVID-19 presenta un repunte “moderado” y que la bronquiolitis continúa su desescalada. Se achaca la alta circulación a la “bajada de temperaturas” y a la “proliferación de reuniones sociales”, ya que estos datos incluyen el final del período navideño y las cabalgatas, por ejemplo.