Familias y consumidores se alían contra el consumo excesivo de azúcar
Varios colectivos como EHIGE, Medicos Mundi Bizkaia, ENHE Bizkaia, VSF-Justicia Alimentaria Global o la Organización Vasca de Consumidores, EKA, se han adherido a la iniciativa nacional “Alianza por el control del azúcar”. Lo hacen para abordar la problemática de la producción, comercialización y consumo del azúcar “desde una perspectiva jamás planteada” y aportar alternativas desde cada uno de sus ámbitos. Las organizaciones denuncian “la grave situación” que provoca el consumo excesivo de azúcar, los problemas en el etiquetado de productos y la publicidad engañosa, dirigida principalmente a niñas y niños.
Según los datos manejados por Justicia Alimentaria Global en España se consume una media de 112 gramos al día, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no sobrepasar los 25 gramos diarios. Esos 112 gramos tienen su reflejo entre las niñas y niños: España es líder europeo –y segundo a nivel mundial, sólo superado por EEUU- en sobrepeso infantil. El 45,5% de la población infantil de entre 6 y 10 años tienen exceso de peso. Cuánto más pobres, peor: la tasa de obesidad infantil es 8 puntos superior en las familias con menos recursos.
Para frenar el consumo de azúcar han iniciado una campaña bajo el título “25 gramos”. A través de diferentes acciones alertan de los peligros asociados al incremento del consumo de azúcar y denuncia las estrategias de la industria alimentaria para hacer que esta sustancia “sea omnipresente” en la dieta. En este punto advierte la sobreexposición de los menores a anuncios publicitarios sobre productos azucarados. Según sus datos, ven una media de 34 anuncios al cabo del día y más de 19.000 anuncios al año. Más de la mitad (61%) de los anuncios que aparecen en los canales de televisión son de alimentos poco saludables.
25 gramos frente a 112
Por este motivo piden al Gobierno central y al autonómico que se regule la comercialización y publicidad de productos azucarados dirigidos al público infantil, así como que se limite su acceso a través de políticas impositivas, entre otras medidas. Consideran que los Gobiernos tiene capacidad de maniobra para implicarse en esta regulación muchos más de lo que lo hacen. “Tienen una amplísima capacidad regulatoria. Lo que ocurre es que actualmente no la están haciendo valer. En su lugar, las administraciones generan regulaciones escasas, que encima vienen dictadas por la propia industria”, asegura Javier Guzmán, director de VSF-Justicia Alimentaria Global. “En cuanto a la regulación de alimentos, dietas y menús escolares, las administraciones tienen capacidad regulatoria suficiente para exigir que se cumplan los perfiles nutricionales necesarios. Sin embargo, la realidad indica que esos perfiles son elaborados por las propias empresas de catering” advierte Guzmán.
Estas organizaciones muestran también especial preocupación por el etiquetado de los productos. “La desinformación se refleja en los carros de la compra: el 64% de los consumidores no entiende prácticamente nada de lo que lee en las etiquetas donde se detallan valores nutritivos e ingredientes. Hoy en día, el 75% del azúcar consumido no lo vemos. Lo consumimos de manera indirecta, a través de los alimentos procesados. Es el azúcar invisible”, aseguran.
Existe una normativa europea aprobada, pero hay países como Inglaterra y Suecia que fijaron pautas para que los etiquetados resulten más intuitivos. Estas medidas son las que reclaman que aplique el Gobierno de España, “ya que el 64% de la población no entiende la información que aparece en las etiquetas”. Por ello exigen la elaboración de una Ley de transparencia que incluya al sector alimentario.
