Un informe jurídico afea a PNV, PSE-EE y PP su propuesta para incrementar asesores en las Juntas Generales de Álava
Los servicios jurídicos de las Juntas Generales de Álava han emitido un contundente informe en torno a la propuesta pactada por PNV, PSE-EE y PP como primera medida de la legislatura foral y que preveía, como adelantó este periódico, un notable incremento del número de asesores de los partidos políticos. El informe cuestiona tanto el fondo de la iniciativa como las formas y alerta de que en lo que queda de 2019 supondría un gasto de alrededor de 200.000 euros que serán 500.000 euros en los próximos años.
El informe explica que, de mantenerse el sistema de reparto de asesores de la pasada legislatura, los partidos dispondrían de 27 asistentes. Con la nueva propuesta, pasarían a ser 35,5 (son posibles las medias jornadas). Los partidos más beneficiados serían el PNV y el PP, que a pesar del batacazo electoral y la pérdida de escaños se quedaría apenas con un trabajador menos, el doble de lo que le correspondería sin la reforma. Los nacionalistas también han cedido a los ‘populares’ dos asesores en el Ayuntamiento de Vitoria para paliar su complicada situación económica.
En cifras, el PNV ganaría unos 193.000 euros adicionales si se aprobara el cambio y el PP 163.000 euros. El PSE-EE, por su parte, tendría un plus de 27.000 euros, pero hay que tener en cuenta que ya ha duplicado su número de escaños y que también tiene dos asientos en la Mesa. EH Bildu obtendría 82.000 euros adicionales al año y Elkarrekin Podemos se quedaría igual. Ambos partidos han sido críticos con la primera medida propuesta en las Juntas Generales.
Según el informe, si la intención era hacer efectivos estos cambios desde el 1 de agosto, solamente en 2019 habría que incrementar el gasto del Parlamento alavés en 195.000 euros, a lo que habría que sumar otros gastos adicionales vinculados a la contratación de personal como las cotizaciones a la Seguridad Social (15.900 euros por persona y año), locomoción o seguros. A partir de 2020, serían 469.000 euros cada ejercicio.
Advierten también los servicios jurídicos de que la reforma incluye la creación de un puesto de asesor de comunicación del presidente de la Cámara, Pedro Elosegi (PNV), a pesar de que existe contratado un servicio externo para realizar esas mismas funciones. Se alerta también de que no viene concretado cuánto cobraría esa persona.
A raíz de este informe, PNV, PSE-EE y PP han tenido que retrasar a septiembre la tramitación de estos cambios, aunque su intención era hacerlo de manera urgente para que se aplicaran desde el 1 de agosto. De la misma manera, los miembros del Gobierno de la Diputación también se han subido el sueldo, unos 5.000 euros anuales en el caso de los líderes de PNV y PSE-EE, Ramiro González y Cristina González.
El dictamen recuerda que la propia Mesa acordó suspender el trabajo ordinario de la Cámara foral hasta septiembre y que ni siquiera están creadas las comisiones de trabajo. Sólo está operativa la denominada “permanente”, pero sus competencias no son las mismas que las de la comisión de Reglamento que debería revisar las cuestiones internas de funcionamiento, como sería el caso. Igualmente, dada la incidencia de los cambios, el informe avisa de que las Juntas Generales deben revisar su estructura (relación de puestos de trabajo) y detallar todas y cada una de las plazas y sus salarios de manera clara e individual.
Finalmente, remarca que es “imprescindible” asegurar la financiación de las medidas previstas y la explicación de dónde procederá el dinero. Fuentes de las Juntas Generales consultadas por este periódico indicaron que existen remanentes suficientes para abordar las nuevas contrataciones y defendieron que los cambios no perjudican a ningún partido político.
