Stop Desahucios denunciará en los tribunales a la viceconsejera de Vivienda por prevaricación y abuso de poder
Kaleratzeak Stop Desahucios denunciará la próxima semana ante los tribunales a la viceconsejera de Vivienda del Gobierno vasco Covagonda Solaguren por prevaricación y abuso de autoridad. La plataforma lo ha anunciado en una concentración celebrada frente a la sede de Alokabide, la sociedad pública encargada el Gobierno Vasco de gestionar el alquiler protegido. Aseguran las resoluciones de rechazo de revisión de rentas que envían a los inquilinos desde esta entidad pública no están firmadas por el órgano competente y los escritos no incorporan las motivaciones de la decisión. Dicen además que es una práctica habitual. “Ya ocurrió lo mismo con Lanbide y sus resoluciones de RGI, que no aparecían motivadas. Aquí se repite”, explica el portavoz de la plataforma, Arturo Vall.
Desde que el Parlamento vasco aprobó instar al Gobierno de Inigo Urkullu a que garantizase precios de los alquileres de viviendas públicas de Alokabide inferiores al 30% de los ingresos mensuales de las familias, han sido muchos los que han solicitado una revisión de sus cuotas. Pero según explican desde la plataforma social las resoluciones no incorporan los criterios seguidos por la entidad para justificar la denegación de la solicitud. “Se limitan a decir que no conceden la revisión pero no te explican las causas. Los únicos criterios que tienen son ahorro, ahorro y más ahorro, porque esta empresa es una empresa pública que funciona con criterios privados. Ese es el problema, no hay alma social sino cumplimiento de la órdenes de arriba de no generar déficit”, expone Arturo Vall.
El portavoz ha advertido que si desde le departamento de Vivienda no resuelven este asuntos de la actualización de las rentas, habrá más desahucios. “Sin rentas de alquiler justas y sociales, adaptadas a los ingresos familiares, va a haber más desahucios”. La renta social sugerida desde el parlamento al Gobierno vasco debe incluir las tasas y los gastos fijos de comunidad, que según denunciaban los arrendatarios en ocasiones eran superiores a los 100 euros mensuales. “Estamos hablando de personas al borde de la exclusión. Es desesperante ir de ventanilla en ventanilla a mendigar ayudas y sobrevivir como se pueda. Cuando desde el poder dan dinero a los órganos financieros y al poder económico de este país. Pero cómo va a preocuparse por un trabajador con seis de familia que cobra 800 euros de renta de garantía de ingresos y tiene que pagar 300 euros de gastos de vivienda, una persona que está cobrando 3.000. 4.000 ó 5.000 euros al mes. No se hacen cargo de lo que está pasando esta gente. A los de abajo torniquete y a los de arriba vía libre”, lamentaba Vall.
El colectivo ha entregado en la sede de Alokabide 500 firmas de respaldo a un documento en el que exigen que se cumpla y respete la decisión aprobada por la mayoría del Parlamento de alquileres inferiores al 30% de los ingresos.
