El Gobierno se sirve de su mayoría y aprueba la ley que le permitirá autorizar proyectos por encima de los municipios

Arantxa Tapia, con el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria

En pocas ocasiones en el Parlamento Vasco el debate sobre una ley se había reducido prácticamente a la discusión no ya de un artículo en concreto sino de una de las enmiendas presentadas. Así ha ocurrido con la ley de Administración Ambiental, que ha sido aprobada este jueves tras semanas de polémica. Lo ha hecho con los votos de la mayoría absoluta del Gobierno (PNV y PSE-EE) y el rechazo del conjunto de la oposición principalmente por la enmienda número 61, una disposición no prevista en el texto original que el Ejecutivo envió a la Cámara y que nacionalistas y socialistas introdujeron en el trámite de enmiendas parciales. Con ella, el poder autonómico puede aprobar los denominados “proyectos de interés público superior”, como podría ser una planta incineradora o un vertedero, incluso con la oposición de las instituciones locales de la zona en que se vayan a llevar a cabo.  

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“Para defender el interés general es necesario articular un mecanismo jurídico que permita que la decisión sobre la implantación de una infraestructura de interés público superior sea proyectada y aprobada desde el más alto nivel autonómico, es decir, desde el Gobierno vasco. Es necesario disponer de un mecanismo que permita que, en situación de un interés público superior vinculado a los objetivos previstos en la ley de Administración Ambiental, repito, vinculados a los objetivos previstos en la ley de Administración Ambiental, el Gobierno vasco disponga de un mecanismo que pueda superponerse al planeamiento municipal”, ha defendido con vehemencia en el hemiciclo la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, aunque el texto que ella aprobó inicialmente no contemplaba semejante mecanismo. Se da la circunstancia de que la ley quedó pendiente de la pasada legislatura y que entonces era el otro socio de la coalición, el PSE-EE, el que dirigía Medio Ambiente con Iñaki Arriola. Su propuesta legislativa no contemplaba esos proyectos de interés superior y el PNV la retomó tal cual en 2020. Por ello, meses después, los cambios que quería introducir llegaron vía enmienda.

En otra sesión parlamentaria sobre esta cuestión, la consejera Tapia ya explicó que, en puridad, este mecanismo jurídico ya se aplica en once comunidades autónomas de España, entre ellas territorios limítrofes a Euskadi como Navarra, Cantabria y la Rioja. Además, el PNV suele repetir que no es muy diferente a la fórmula de la que dispone el Estado para declarar proyectos como de “interés general”, lo que le confiere más poderes. El debate sobre esta norma ha resultado tan enconado que, al término de la votación, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha dirigido en persona a felicitar tanto a Tapia como a la portavoz del PNV en estas sesiones, María Eugenia Arrizabalaga.

Desde la bancada del PSE-EE, Alberto Alonso ha preferido quedarse con el “avance” que aporta el resto de la ley, que sigue a otra norma 'verde' de reciente aprobación, la de Conservación de la Naturaleza, que sí suscitó un consenso amplio hasta el punto de unir al Gobierno con EH Bildu y PP+Cs. “No cuenten con el grupo socialista para despistar el foco de atención de lo que hoy se trae a consideración a esta Cámara. Ustedes hablen de lo que consideren oportuno. Faltaría más. Sigan dándole vueltas a tal enmienda o a cuál procedimiento. Nosotros nos vamos a centrar, como siempre, en lo que realmente importa: en el gran avance que supone la aprobación de la ley de Administración Ambiental de Euskadi, como una pieza más dentro de la necesaria actualización del engranaje normativo para hacer frente a los nuevos retos. No pienso dedicarle más tiempo a un debate que ya ha agotado todas sus etapas. Dudo mucho que en la historia del parlamentarismo vasco se haya debatido tanto y en tantos foros sobre una sola enmienda a un proyecto de ley”.

La oposición, en todo caso, tenía ganas de mantener las espadas en alto. Desde la bancada de EH Bildu, un Mikel Otero que ha bautizado esta norma como la “ley Tapia” ha calificado de “autoritario” cómo se ha tramitado la enmienda 61. “A partir de hoy, Tapia pueda declarar, por ejemplo, el pozo Armentia II [de las afueras de Vitoria] proyecto de interés público superior, porque se podría con esta ley, y a partir de ahí el urbanismo de Gasteiz tendría que adaptarse a esto. La denegación de permiso que el alcalde firmó no valdría ni para hacer puñetas. Esta ley va a nacer con mayoría, pero nace en el disenso. Nace con el déficit democrático de no haber dado la palabra a los municipios, de no haber dado ni a este Parlamento ni a nadie la opción de analizar sus consecuencias. Y nace con nombre propio. Hoy no nace la ley de Administración Ambiental, hoy nace la Ley Tapia. Es una ley que cercena competencias municipales como el Urbanismo”, ha clamado.

Otero ha tirado de poesía y de ironía para atacar con dureza a la consejera del PNV.  “¿Que cuál es el problema?, me pregunta usted. '¿Cuál es el problema me dices mientras clavas tu pupila, mi pupila en tu pupila vida azul. ¿Cuál es el problema? ¿Y tú me lo preguntas? El problema eres tú'. El problema es usted, señora Tapia. El problema es su manera de entender el interés social medioambiental. El problema es su manera de entender el equilibrio del poder institucional en este país. El problema es que a ustedes les sobran las competencias municipales”, ha recitado primero y criticado después el representante de EH Bildu. Ha matizado que eran versos de “Gustavo Adolfo” Bécquer y no de “Boris, el tenista”. Y ha añadido: “Las propuestas se han topado con un muro o, si se prefiere, con una tapia”.

No hay ningún proyecto encima de la mesa

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi también ha criticado los cambios que acarreará la enmienda 61. Tapia ha pasado a ser la “alcaldesa en la sombra” con esta nueva ley, ha diagnosticado. Ha asegurado también que la mayoría de autonomías que utilizan estas fórmulas de proyectos de interés superior están “dirigidas por el PP”. Y ha esgrimido que una veintena de municipios han alzado la voz contra la ley con mociones que, en algunos casos como Irún, han tenido el apoyo de PNV y PSE-EE. En todo caso, la representante de la coalición de izquierdas ha cuestionado también otros puntos de la norma y ha asegurado que no se penaliza a las empresas más contaminantes, que no hay fórmulas para investigar irregularidades y que incluso se limita la acción de plataformas ciudadanas siempre que no tengan una antigüedad de dos años. Ha puesto el ejemplo que todavía ninguna asociación creada tras la caída del vertedero de Zaldibar podría actuar. Según Muriel Larrea (PP+Cs), la enmienda 61 ha sido una “triquiñuela” que “tiñe de oscuridad” toda la norma y considera que ofrece una “hoja en blanco” para que el Gobierno vasco imponga su criterio a instituciones locales y forales. Vox se ha limitado a denunciar que ésta y otras leyes “imponen a los vascos una nueva religión climática”.

Tras el debate y la votación ganada, Tapia ha ofrecido una rueda de prensa para felicitarse por el resultado. Ha insistido en defender que es una norma que moderniza la gestión ambiental y ha denunciado que EH Bildu, muy beligerante ahora, cogobernó en Navarra en la pasada legislatura y que no solamente no derogó un texto similar sino que hizo uso de él para impulsar proyectos. En todo caso, la titular de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha concluido que, después de toda la polémica, ahora mismo no tiene en cartera ninguna iniciativa que requiera actuar por encima de los ayuntamientos.

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