El Gobierno vasco fija en 2026 la apertura de la cárcel de Zubieta y anuncia una campaña de sensibilización sobre ETA
Con la presentación de los presupuestos de Justicia y Derechos Humanos (369,2 millones, un 2,6% más que en 2026), a las 17.30 horas de este jueves se ha puesto fin a una larguísima comisión de Hacienda que arrancó el lunes a las 9.00 horas y por la que han pasado todos los consejeros de Imanol Pradales para detallar las cuentas. Sobre la primera de las dos patas de su cartera, la socialista María Jesús San José ha señalado que será en 2026 el momento de apertura de la nueva cárcel de Zubieta en Gipuzkoa, un proyecto que acumula años de retraso y clave para aliviar el tensionamiento de las prisiones autonómicas, transferidas en 2021. Y, sobre la segunda, ha indicado que se activará una “campaña de sensibilización”, dotada con 70.000 euros, para “erradicar del espacio público cualquier expresión vejatoria hacia las víctimas o justificadoras de la violencia”.
San José ha indicado que los fondos para su departamento crecen. Es un 2,6% más, es decir, menos que la media del conjunto de áreas del Gobierno, un 4,1%. Pero al desaparecer los fondos europeos MRR, la consejera entiende que la mejora es más valiosa. Ha dicho que son cuentas “realistas” pero “ambiciosas”. Ha asumido que la oposición las considere “continuistas”, pero ha indicado que las cuestiones “de fondo” programadas para la legislatura tienen que seguir en marcha. Se da la circunstancia de que no ha sido la consejera sino el director de Gogora, Alberto Alonso, el que ha tomado la palabra para dar respuesta a las cuestiones más políticas lanzadas por la oposición, EH Bildu, PP y Vox.
En la pata de Justicia (que incluye ya desde hace cuatro años la gestión de Prisiones), San José ha destacado que Zubieta estará lista ya en 2026. Desde la oposición, Santiago López Céspedes del PP le ha recordado que otros años también se había anunciado lo mismo, pero la consejera lo ha dado por hecho esta vez. Es un centro que construye el Estado y que entregará a la comunidad autónoma a cambio de la devolución del actual, la cárcel de Martutene, que a su vez revertirá en patrimonio municipal para desarrollos urbanísticos. La titular de Justicia y Derechos Humanos ha manfiestado que en el próximo ejercicio se activarán también los Centros de Inserción Social (CIS) de Basauri y de Zaballa, así como el espacio de régimen cerrado del penal alavés. En 2026, “se implementará el acuerdo de condiciones” laborales firmado con los sindicatos.
La consejera ha abogado por seguir potenciando la semilibertad y otros procesos de reinserción. Como dato, San José ha señalado que el porcentaje de reincidencia es del “12%” para quienes salen después de un tercer grado o libertad condicional mientras que sube al “19%” en el resto de casos. La EHU recibirá 60.000 euros para elaborar una encuesta “sobre calidad de vida en prisión”.
En la pata de Derechos Humanos, aunque ya eran conocidos los proyectos de Gogora, como los homenajes por el quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976, el nonagésimo de la creación del Gobierno de Euzkadi en la Guerra Civil, así como las reflexiones sobre las figuras de 'Pertur' y 'Yoyes', San José ha apuntado a atender a “víctimas y asociaciones” y activar “un instrumento más” contra la radicalización y contra el odio en el espacio público. Inicialmente habrá 70.000 euros para esa “campaña de sensibilización”, pero también 65.000 euros para salud mental y acompañamiento. Por otro lado, en relación con las quejas de la comisión de reconocimiento de las víctimas de la violencia policial, que ha visto frenado su trabajo, se ha mejorado su presupuesto en 25.000 euros.
El director de Gogora, Alonso, ha incidido también en que el 10 de noviembre es el Día de la Memoria, una jornada que recuerda a las víctimas del terrorismo y de la violencia policial y que habitualmente no es unitaria. De modo preventivo, se ha felicitado de que en el acto central de la jornada, el lunes en Vitoria, reunirán a medio centenar de víctimas tanto de ETA como de otros terrorismos, así como policiales, y ha sostenido que quienes están en la “polarización” son los que no van a acudir, en velada referencia a PP y Vox, que llevan años no compartiendo ese modelo.
Desde la oposición, EH Bildu -en unos comentarios también compartidos por el representante del PNV, Xabier Barandiaran- se ha reclamado una mayor presencia del euskera en la Justicia y un combate de los discursos xenófobos. El PP ha considerado también que falta cierto énfasis en ETA en los programas de memoria.
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