El presidente del Superior defiende a los jueces que analizan las medidas sanitarias: “Cumplen la función que les compete”

Tras la polémica por el enésimo varapalo judicial al Gobierno de Iñigo Urkullu, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha subrayado que los magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo “cumplen la función que les compete”. Subijana ha afirmado este miércoles que corresponde a esta sala ponderar “el nivel de sacrificio” de derechos fundamentales para la consecución de “los objetivos de interés público” que son “incuestionables” como el de la contención de la COVID-19 mientras que es atribución del Gobierno vasco adoptar y ejecutar decisiones sanitarias en aquellos aspectos que no supongan limitación de derechos fundamentales.

Subijana se ha referido, de esta forma, al auto del tribunal vasco que rechazó avalar la prórroga de la exigencia del pasaporte COVID hasta el 13 de febrero en toda la hostelería, eventos, gimnasios, y para las visitas a hospitales, residencias o prisiones de Euskadi, así como su extensión a hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas, como pretendía el Ejecutivo vasco. Posteriormente, el Gobierno dijo que respeta pero que no comparte esa decisión.

Tras reconocer que la normativa, “tanto aquí como en otros ámbitos, ha sido cambiante” en base a la propia evolución de la pandemia, ha apuntado que otras restricciones anteriores a las ahora denegadas “no han sido objeto de derogación” y que continúan en vigor. “Por lo tanto, es la lógica y tiene que ver con la sucesión de normas”, ha añadido.

Preguntado por el reiterado rechazo por parte de la sala de lo contencioso-administrativo a medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico, se ha limitado a señalar que cada parte ejerce sus competencias. En este sentido, considera que el Gobierno vasco actúa “con los criterios que considera, desde el punto de vista sanitario, que son razonables y racionales, y el órgano judicial cumple la función que le compete, de análisis del nivel de sacrificio jurídico de los derechos fundamentales que hay que implementar para conseguir el objetivo que se quiere obtener a partir de las medidas sanitarias”.

Por otra parte, Iñaki Subijana ha eludido pronunciarse sobre la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Vitoria, que ha declarado nulo el cese de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Llodio por no acreditar un perfil lingüístico PL3 de euskera, y en la que se reprocha al Ayuntamiento su “nula sensibilidad” ante los esfuerzos de la funcionaria por entender una lengua cuyo aprendizaje presenta “extraordinarias dificultades”. El presidente del TSJPV ha señalado que no puede analizar argumentos de resoluciones pendientes de recurso y que todavía tienen recorrido jurisdiccional. Cuestionado por si los jueces son sensibles al euskera, ha dicho que “no se pueden llevar a cabo opiniones generales a partir de decisiones individuales, que tienen el recorrido jurisdiccional que tienen, pero que no suponen una imagen global”.