Los puertos, aeropuertos y la gestión de las pensiones: las piedras en el camino para completar las transferencias a Euskadi

La firma este viernes de cinco transferencias en la comisión mixta no supone más que un punto y seguido en el largo camino para completar las competencias que quedan pendientes del Estatuto de Gernika. Todavía quedan 15 competencias por transferir, algunas de ellas muy importantes y controvertidas, y que auguran una negociación que será compleja. Más piedras en el camino de las transferencias para completar un Estatuto que ha cumplido ya 46 años. Sobre la mesa de negociación está asumir competencias sobre los puertos -los que ahora son de interés general-, aeropuertos y la gestión de las pensiones, tres materias que estarán sin duda entre las que mayores puntos de fricción ocasionarán entre ambas administraciones en los próximos meses.

El Gobierno vasco y el PNV saben que tienen que apretar el acelerador de la negociación porque un posible cambio de Gobierno en La Moncloa haría aún más difícil completar en Estatuto, y presionan a Pedro Sánchez para que cumpla un calendario que acumula múltiples retrasos.

De hecho, el PNV acordó con Sánchez a cambio de la investidura de 2023 que antes de que terminara 2025 se completarían todas las transferencias pendientes del Estatuto. Se han firmado muchas a lo largo de estos años, como la gestión de las Cercanías, Costas o los permisos de trabajo, entre otros, pero ya estamos en 2026 y el Estatuto no se ha completado. El año ha arrancado con la firma de las cinco transferencias suscritas este viernes, -aunque la fecha prevista en principio para la comisión mixta era el 29 de diciembre- entre las que se encuentran algunas tan importantes como las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas o los seguros escolares, aunque no entrarán en vigor hasta 2027. Sin embargo, queda pendiente un último paquete de competencias, que será uno de los ejes de discusión de la próxima reunión bilateral entre el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Pradales ha anunciado este viernes que a esa reunión acudirá con “un informe de evaluación que recoge los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos”, y que servirá para que base para la “reválida bilateral que permitirá ”acreditar la voluntad política real del Gobierno Español y del presidente Sánchez ante el actual curso político“. Y ha advertido de que el Estatuto, ”no se puede reinterpretar de manera unilateral“ ni tampoco ”desnaturalizar“. Ha recordado que desde el mes octubre, el Gobierno español tiene sobre la mesa las propuestas que restan para el cumplimiento íntegro del Estatuto. Propuestas que ”se han empezado a trabajar“ pero que no se han acordado políticamente.

Entre esas competencias que quedan sobre la mesa se encuentran la participación de Euskadi en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia, que están catalogados como de interés general, y, por lo tanto, gestionados por el Estado a través de Aena. Su presidente, Maurici Lucena, señalaba el pasado jueves en un foro que ve imposible una transferencia de los aeropuertos a Euskadi por un “acuerdo político”. Se aferraba Lucena al hecho de que Aena es una sociedad pública, pero en la que el Estado tiene el 51% de la propiedad, pero el otro 49% está en manos privadas, entre ellas diversos fondos de inversión, augurando turbulencias en esta negociación.

Pradales este viernes se ha agarrado precisamente a esta mayoría pública del control de los aeropuertos para defender el reclamo de esta competencia. “Aena es una empresa con control público, porque el 51% está en manos del Estado”. “No lo olvidemos nunca. Por mucho que cotice en bolsa, control público. Al presidente de Aena no creo que le nombren los fondos de inversión, ¿verdad?”, se ha preguntado. En este sentido, aunque ha reconocido que “el ámbito aeroportuario es delicado”, ha señalado que Euskadi no renunciará a defender esta transferencia, aunque el Gobierno vasco tiene claro que en este caso no se podrá optar más que determinar una participación en la gestión, no una transferencia total. “Tiempo el tiempo”, ha dicho Pradales, que ha destacado lo importante que sería para Foronda:  “Si hacemos las cosas bien, y contamos con la competencia de Aeropuertos, Foronda está llamado a convertirse en aeropuerto de referencia para las conexiones intercontinentales de Euskadi, además de su efecto tractor para el movimiento de mercancías”.

En cuanto a los puertos, Euskadi ha asumido recientemente la gestión del litoral, y también gestiona los puertos deportivos, pero no los de Bilbao y Pasaia, que están catalogados como de interés general, y, por lo tanto, dependen directamente del Estado. Euskadi quiere que eso cambie. En su propuesta está que Pasaia deje de ser considerado un puerto de interés general para que la administración vasca pueda asumir la gestión, algo que no ha gustado nada a los socialistas, sobre todo a los guipuzcanos, que consideran que el Puerto de Pasaia perdería oportunidades de negocio e influencia. En cuanto al de Bilbao, se reclaman cambios para que, aunque siga siendo de interés general, pueda tener una gestión directa por parte de la administración vasca. Hoy en día lo que hace el Gobierno vasco no va más allá de proponer a la persona que ocupará la presidencia.

La más controvertida de las transferencias pendientes, no obstante, será la de la gestión de las pensiones, es decir, del régimen económico de la Seguridad Social. Aunque eso sí, sin romper la caja única y sin tener capacidad sobre las cuantías, o las regulaciones. Supondría la gestión de las pensiones de 527.074 pensionistas en la comunidad autónoma que pasarían a ser pagados por la administración vasca, en línea con lo que se ha pactado para la prestación del paro. La intención del Gobierno vasco es tener también la potestad de la inscripción de empresas y la sancionadora, la afiliación de las personas trabajadoras, la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas o el aplazamiento de las mismas.

En este bloque de transferencias pendientes se incluyen también la gestión de los paradores del Estado, de momento solo hay dos en Hondarribia (Gipuzkoa) y Argomaniz (Álava) aunque se ha aprobado abrir otro en Bizkaia, gestionar las matriculaciones de vehículos y sus permisos de circulación, hacer exámenes de conducción u organizar las elecciones municipales. También cuestiones financieras como subrogarse la posición del ICO y de Cofides, reforzar el control autonómico sobre los seguros privados y agrarios y asumir el organismo Cedex y ganar funciones en materia de Bolsa, entre otras.