La secretaria municipal de Iurreta denuncia al alcalde ante un juzgado por “numerosas irregularidades” en contratos menores

La secretaria municipal de Iurreta, una localidad de Bizkaia de 3.600 habitantes en la que gobierna el PNV con mayoría absoluta, ha comunicado su intención de denunciar ante un juzgado de Durango al actual alcalde, Iñaki Totorikaguena, y a la interventora por la presunta comisión de “numerosas irregularidades” que esta funcionaria califica inicialmente de “prevaricación”, un delito que no presupone ningún mal uso del dinero público y que incluso no comporta pena de prisión, aunque sí de prevaricación. Uno de los casos en los que se apoya es la autorización al arquitecto municipal para que le adjudicara 'a dedo' un contrato a su hija por una cantidad aproximada de 3.000 euros.

Según la funcionaria, Irma Domingorena, “la denuncia incluye numerosas irregularidades detectadas” en Iurreta desde que accedió a la plaza hace solamente unos meses, el 23 de marzo. Se apunta, por ejemplo, a la existencia de hasta “60 contratos menores” sin “control de legalidad”. Estas adjudicaciones son las que se hacen sin concurso y de manera directa porque su valor no supera los 15.000 euros. Uno de ellos es el presunto pago por parte del arquitecto municipal a su hija por un proyecto urbanístico en el municipio. Existe una “propuesta de gasto” de “contrato menor” realizada por el padre para la adjudicación del proyecto a su hija con la “conformidad” de la interventora y la firma del regidor. No obstante, la aludida explica a este periódico que no ha realizado “ningún trabajo” para el Ayuntamiento de Iurreta.

En el trasfondo de este asunto late la próxima salida de Domingorena de su puesto. Ella lo considera un “cese encubierto” para tapar las irregularidades de las que ha ido alertando y que ahora denunciará formalmente. “Se pretende el cese alegando inicialmente 'falta de feeling' y posteriormente falta de cualificación”, alega la funcionaria, que incluso eleva las acusaciones a “acoso laboral” al haber recibido, a su entender, instrucciones manifiestamente irregulares. Fuentes del PNV, en cambio, defienden que “en ningún caso se ha despedido” a la denunciante y que simplemente “siguiendo el cauce legal y reglamentario se ha pedido una sustitución” porque “no es la persona idónea para el cargo”.