El sindicato SUP cree que pretender que la Policía Nacional no pueda intervenir en Euskadi es de “república bananera”

El comité del Sindicato Unificado de Polícia (SUP) en Euskadi, segunda fuerza de la Policía Nacional, ha criticado con dureza que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, acusara a este cuerpo de extralimitarse en sus competencias al haber arrestado a dos personas (en Muskiz y en Getxo) por los incidentes contra aficionados de la selección española de fútbol con motivo de la final de la Copa del Mundo de hace dos domingos. El SUP recalca que la Policía Nacional es un cuerpo “integral” en “todo el territorio” y que tiene “plenas competencias” para actuar si ve un delito, “máxime tratándose de un delito de odio” y cuya denuncia fue recibida en una comisaría propia.

Según el SUP, “los acuerdos 'políticos' a los que refiere el consejero estarían por encima de la aplicación de la ley en un régimen totalitario o una república bananera, pero no en un Estado de Derecho donde lo que prevalece y regula la convivencia, los derechos y las libertades, es la ley”. “La ciudadanía solo quiere convivir en paz, mantenerse aislada de conflictos, sin que le importe lo más mínimo el color del uniforme que vista la Policía que les proteja”, abunda la central.

¿Cómo se articula el reparto competencial policial en Euskadi? La Ertzaintza es la Policía principal o “integral” y, según el artículo 17 del Estatuto de 1979, están “reservadas” para las Fuerzas de Seguridad del Estado “los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario” y también “la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado”.

En todo caso, “podrán intervenir en el mantenimiento del orden público” en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa “a requerimiento del Gobierno del País Vasco” o “por propia iniciativa”. Se menciona en el Estatuto, asimismo, que “en supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando éste cuenta a las Cortes Generales”.

En todo caso, el SUP cuestiona también la labor de la Ertzaintza en Bilbao, donde se produjeron las agresiones que dieron pie a los arrestos. Según el sindicato, “no se entiende” que se autorizase “una manifestación contra la celebración del partido” cuya finalización era el lugar donde se iba a congregar la “multitud de personas” que iban a ver el encuentro contra Argentina, una pantalla gigante en Doña Casilda Iturrizar organizada por el PP.

“Como tampoco se entiende que, una vez que se ha permitido la movilización, no se den instrucciones precisas” para “mantener embolsados a los manifestantes” y evitar que se mezclasen con otros grupos de personas, dice la central. Se habrían evitado así “las imágenes de los desórdenes públicos y de las agresiones que se difundieron incluso a nivel internacional dejando tras de sí una imagen de intolerancia y violencia de Bilbao”, que es precisamente candidata a ser subsede de la Copa del Mundo de 2030.

Según el sindicato de la Policía Nacional, Zupiria hace “equilibrios” de cara a su “electorado” —el PNV defiende la existencia de selecciones vascas diferenciadas de las españolas, también en fútbol—, pero la seguridad no se puede gestionar “en base a cálculos políticos”. En paralelo, el colectivo Aske ha considerado que estas personas han sido arrestadas por su militancia política y lo enmarca en una “ofensiva” del “nacionalismo español”. La Ertzaintza también arrestó a cinco personas y mantiene abiertas una veintena de investigaciones no solamente en Bilbao sino en otras localidades, tal y como indicó el consejero Zupiria.