El Supremo zanja (dos años después) que el pasaporte COVID en Euskadi fue una medida ilegal

El Tribunal Supremo ha hecho firme la ilegalidad de la aplicación del denominado pasaporte COVID en Euskadi durante la Navidad de 2021 como medida para contener la expansión de los contagios asociada a la variante ómicron del Sars-Cov-2. El alto tribunal, en una resolución de octubre adelantada por 'Gara', ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de casación del Gobierno de Iñigo Urkullu a la primera sentencia desfavorable de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), cuyo presidente es el magistrado Luis Garrido y que fue la bestia negra del Ejecutivo durante aquellas oleadas de la pandemia al tumbar varias restricciones propuestas.

El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha confirmado la recepción del fallo y que el Ejecutivo lo acatará porque no tiene posibilidad de mayores recursos. Ha indicado que el alto tribunal ni siquiera ha entrado al fondo del asunto ya que no tiene sentido iniciar ahora una disquisición jurídica sobre unos hechos que se produjeron hace dos años y que ya se dan por superados. Con todo, Zupiria ha querido recalcar que Euskadi operó siguiendo la estela de otras comunidades autónomas y ha insistido en que otros tribunales sí dieron luz verde al uso de este instrumento.

Ha defendido que se consideró “factible” incorporar un certificado de vacunación para el acceso a determinados espacios dada la mayor probabilidad de contagios en lugares cerrados, si bien el pasaporte COVID se podía obtener también sin la pauta completa e incluso los mecanismos de control eran fácilmente superables ya que un mismo pasaporte fotocopiado era validado por la aplicación suiza que se empleaba. Y ha apuntado que los efectos económicos en forma de indemnizaciones o similares no serán altos, a diferencia de otros pleitos perdidos por la Administración vasca que generaron una cascada de peticiones de la hostelería.

La instauración del pasaporte COVID no estuvo exenta de polémica. Euskadi afrontó la ola con más presión hospitalaria desde el confinamiento en aquella Navidad de 2021 y, habiendo renunciado ya al cierre de la hostelería y a otras medidas ensayadas con anterioridad, puso todos los huevos en la cesta del pasaporte COVID, del que había renegado apenas unas semanas atrás. Primero se implantó en unos espacios y luego se generalizó. El Superior lo tumbó de modo cautelar -con una polémica sentencia que remarcaba que incluso cantar en una karaoke era un derecho fundamental que no podía ser limitado no siendo obligatoria la vacunación- pero el Supremo lo autorizó provisionalmente hasta resolver el fondo del asunto. Sin embargo, los incumplimientos fueron generalizados. Todavía en enero se intentó prorrogar, pero la Justicia no lo permitió.

El fallo del Supremo conocido ahora destaca que este documento se creó en la Unión Europea para garantizar el tránsito entre países y no para otros fines. Ha sido ponente la magistrada María del Pilar Teso y conforman la sala también Pablo Lucas Murillo, Eduardo Calvo, Francisco José Navarro y Fernando Román.