La “torre Eiffel” de Getxo, la Ertzaintza y una magistrada en prácticas ponen una lupa sobre la gestión del PNV a un año de las municipales

“En el lugar en que la ría de Bilbao se ensancha para fundirse con el mar se alza esta espléndida obra de ingeniería del arquitecto vizcaíno Alberto de Palacio, discípulo y colaborador del francés Gustave Eiffel, autor de la célebre torre parisina, con la que el puente guarda gran parecido”. Así describen las guías turísticas, en este caso la que hace el Guggenheim, el puente colgante que une Portugalete con Getxo.

Sin embargo, por motivos muy diferentes, “Palacio”, “Eiffel” y “Getxo” son palabras que se han colado en los últimos días en la conversación política en Euskadi. El PNV de Aitor Esteban tiene sobre su cabeza una lupa que analiza la gestión del derribo, en 2024, del edificio protegido Irurak Bat de la localidad vizcaína para el desarrollo de una docena de viviendas de lujo. Es el primer gran problema para un Esteban que, en Madrid, estaba más acostumbrado a los halagos por sus dotes como orador y su responsabilidad política que a las preguntas por la gestión del día a día.

Este sábado, por ejemplo, en plena tormenta, ha concedido una entrevista en Onda Cero. “Uno ve cómo está Madrid y contrasta terriblemente [con Euskadi]. No ha cambiado mucho desde que yo me fui”, ha señalado, criticando la situación española. La periodista Julia Otero ha constatado que la vida política en la capital de España “ha empeorado” desde que se fue de allí el portavoz nacionalista. “Las veces que vamos a Euskadi, una se da cuenta de que es el esccenario del consenso por excelencia”, ha agregado Otero.

Recapitulemos sobre Getxo. Dos ediles del municipio, que eran pareja, eran cooperativistas de la promotora de las casas. Son Irantzu Uriarte e Ignacio (o Inazio) Uriarte, e iban a ir a vivir allí. Ambos y un tercero, Iñigo Urquiza (o Urkitza), que era el responsable de Disciplina Urbanística en el equipo de la alcaldesa Amaia Agirre, nieta de la principal figura política de la historia de un partido más que centenario, el lehendakari José Antonio de Aguirre, están imputados desde fechas recientes en una causa que analiza si los hechos pudieron constituir un delito contra el patrimonio.

Un matiz muy relevante de este caso es que, aunque la instrucción arrancó en 2024, en este comienzo de 2026 ha adquirido una nueva dimensión porque la Ertzaintza ha entrado a dependencias municipales por orden de una magistrada catalana en prácticas, Neus Galobardes, de la que esta misma semana el BOE ha dicho que está “en expectativa” de irse a Girona. En Euskadi no es habitual que las causas que puedan guardar relación con la corrupción o con la gestión pública se investiguen con la Policía yendo a realizar registros.

Es algo que no se veía en dieciséis años, en concreto, desde que el magistrado de Vitoria Roberto Ramos inició el 'caso De Miguel'. Es más, la Policía vasca tiene unas unidades de delitos económicos y patrimoniales muy reducidas en comparación con la potencia de la UCO de la Guardia Civil, por ejemplo. Aquí, ha sido la propia Policía autonómica la que, en un primer informe del caso, ha hallado indicios de delito en torno al Irurak Bat, un edificio de Ricardo Bastida de 1933 cuyas fachadas tenían que haberse mantenido. En su momento una fuente judicial expuso a este periódico que se había valorado contar con la Guardia Civil para esta causa.

Este viernes por la tarde, los tres ediles imputados en la causa han dimitido. En un comunicado, el PNV ha matizado que siguen confiando en su inocencia. “Se está hablando de muchas generalidades. Pero ni se habla del nivel de protección del edificio, que era el que era, parece aquí que esto fuera la torre Eiffel”, dijo sobre el asunto en Radio Euskadi el presidente de los nacionalistas, Esteban. La consejera-portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, añadió que el palacete no tenía protección de ámbito autonómico.

“Hay que ver qué es lo que han hecho esos concejales y qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento. En lo que nos consta, el Ayuntamiento y los concejales han actuado conforme a derecho. Si se demuestra lo contrario, tendremos que actuar. Pero me da la sensación de que se está montando cierta bola sobre elementos que no parece que tengan tacha de reproche, legal administrativo. El Ayuntamiento desde luego ha dado todos los pasos correctamente. Impuso una sanción a la empresa”, agregó Esteban en la citada entrevista. La última referencia era un expediente abierto 'a posteriori', en septiembre de 2024.

La conductora, Eider Hurtado, le repreguntó si, más allá de lo técnico, podría existir algún problema de índole “ética o estética”. Y respondió Esteban: “Que estas personas puedan apuntarse a esa cooperativa me imagino que no está restringido. ¿O tienen que buscarse un piso fuera de su municipio? ¿Los concejales pueden comprar un piso dentro de su propio municipio? ¿Sí o no? Me imagino que la respuesta es sí. Tenemos ejemplos a mansalva. ¿Por qué no van a poder apuntarse?”.

El caso del palacete ha estallado a poco más de un año de las elecciones municipales, una gran reválida para el PNV. En las municipales de 2023, la alcaldesa Agirre ya se dejó 5.000 votos, ocho puntos porcentuales y dos escaños con relación a 2019. Se quedó en nueve y ahora, de un plumazo, tiene que sustituir a un tercio del equipo. En las generales de 2023 los nacionalistas volvieron a dejarse nueve puntos y 4.000 papeletas. En las europeas de 2024, las últimas celebradas, el golpe fue aún mayor: 7.000 apoyos menos y doce puntos. El PP se quedó a solamente 102 papeletas de ganar en el que es su gran feudo en Bizkaia. Solamente Imanol Pradales constituye una excepción para el PNV en Getxo en el último ciclo electoral. Aunque bajó algo en porcentaje, en las autonómicas de 2024 retuvo casi un 40% de apoyos y mejoró en 1.100 sufragios al Iñigo Urkullu de 2020.

En Getxo, PP y EH Bildu tienen seis ediles cada uno. Ambas formaciones están personadas como acusación en la causa penal. El PSE-EE es socio de los nacionalistas. En las últimas horas ha empezado a alejarse, a la luz del tono de su comunicado tras las dimisiones, aunque por el momento sin romper la coalición. Esta semana, el PP pedirá la dimisión de la alcaldesa en el pleno municipal, según explican fuentes de esta formación. Sus cuentas incluyen la ausencia de tres ediles, ya que no daría tiempo al relevo. De ser así, el PNV tendría seis votos, los mismos que el PP. Si no votara ningún otro partido la moción de los 'populares' -también tiene representación la coalición Elkarrekin, liderada por Xabier Benito, de Podemos- podría darse un empate que se resolvería con el voto de calidad de la propia aludida, Agirre.

La preparación de las candidaturas de 2027 no queda tan lejos y el PNV tiene que tomar decisiones. No sólo en Getxo, desde luego. En 2023, por ejemplo, pasó de primera a cuarta fuerza en Vitoria. ¿Qué ocurrirá con la exconsejera Beatriz Artolazabal? También perdió tres feudos, uno por territorio, en los que se habían dado denuncias por corrupción. Fue el caso de la guipuzcoana Hondarribia, tras años de críticas de Abotsanitz por la cascada de contratos a las empresas de un cargo del PNV, el grupo Montai, de la vizcaína Alonsotegi, con hasta tres alcaldes consecutivos investigados, y la alavesa Zambrana, una de las derivadas del 'caso De Miguel'.