Trabajadoras de residencias de Bizkaia se plantan contra el “negocio de los cuidados”: “Vivimos un régimen militar”
En 2017 las trabajadoras de residencias de Bizkaia protagonizaron una histórica huelga que se prolongó 378 días con el objetivo de denunciar la precariedad laboral que sufrían. Resultado de aquel conflicto, las trabajadoras lograron renovar un convenio laboral que recogía la mayor parte de sus peticiones: jornadas de 35 horas, incremento salarial superior a 140 euros mensuales, es decir un aumento del 20% de su sueldo, y el 100% en baja por accidente o enfermedad laboral. Sin embargo, cuatro años y una pandemia de por medio han hecho que aquel convenio quede obsoleto y que las cerca de 5.000 trabajadoras que componen el sector busquen una renovación del mismo.
Los nuevos cambios del convenio, que llevan tratando de negociar durante más de un año y medio en un total de once mesas negociadoras entre sindicatos, patronales y la Diputación de Bizkaia, son en materia de salarios, con una equiparación salarial al Instituto Foral de Asistencia Social Equiparación salarial (IFAS), con mejoras en la antigüedad, nocturnidad y los domingos trabajados; en materia de empleo en el que se busca conseguir que todas las trabajadoras cuenten con una jornada completa, que el 95% del personal tenga contrato de trabajo fijo e indefinido y que las sustituciones del personal se realicen desde el primer día y en materia de salud laboral con reducciones de jornada voluntaria para personas mayores de 60 años, pero manteniendo su cotización y con la exención del turno de noche de forma también voluntaria para mayores de 55 años. Además de estos puntos, las trabajadoras buscan que el convenio recoja mejoras en descansos, festivos, permisos, ratios y cargas de trabajo e incluye apartados enfocados en el el fomento del euskera y en planes de igualdad. Visto que las negociaciones para conseguir estas propuestas se han roto, el sindicato ELA, mayoritario en el sector, ha convocado una huelga el próximo 14 de diciembre.
Actualmente, hay cerca de 160 residencias de mayores en Bizkaia, de las cuales 33 son públicas. La mayoría de ellas son concertadas, es decir, su gestor es privado, pero las plazas de los usuarios se tramitan a través de la Diputación, de la que además reciben subvenciones. También existen las que son totalmente públicas y las privadas, cuyas plazas suelen ser menores, pero el costo es mayor, llegando a superar los 4.000 euros al mes en algunos casos, dependiendo del servicio que se solicite, ya sea una habitación individual o compartida o si se deciden contratar servicios adicionales como el de fisioterapia o psicología.
Sentadas alrededor de la mesa de un edificio del centro de Bilbao, Ana María Sánchez, Beatriz Fernández, Ainhoa Menéndez y Goizalde Barreras cuentan a elDiario.es cómo están viviendo el conflicto desde las residencias concertadas en las que trabajan como gerocultoras. Sánchez lleva trece años trabajando en la residencia Gazteluondo de Bilbao; Fernández lleva veinte años en la Caser Residencial Txurdínaga, ubicada en el barrio bilbaíno que lleva ese mismo nombre; Menéndez diez años en la residencia IMG Igurco Bilbozar, mismos años que Barreras, trabajadora de la residencia Vitalitas Santa Teresa de Barakaldo. Es el segundo conflicto laboral que protagonizan, puesto que todas ellas participaron en la huelga de 2017. Puede que por ello estén tan seguras de que van a conseguir una negociación que favorezca sus condiciones laborales: “Lo vamos a conseguir. No sabemos cuándo, pero seguro que lo conseguimos. Tenemos mucho aguante y lo hemos demostrado. Vamos a seguir luchando y no nos vamos a rendir”, aseguran.
Un ejemplo de su jornada laboral en el turno de mañana, a grandes rasgos, se basa en llegar, leer el parte de incidencias realizado por el turno anterior, dar los desayunos y empezar a levantar a las personas usuarias. Cuando ya están todos levantados, se encargan de hacer las camas, recoger las habitaciones y organizar las plantas. Después, se deben montar los comedores para aquellos que puedan comer de forma más o menos autónoma. Cada poco tiempo se deben hacer lo que ellas llaman en lenguaje técnico “cambios de humedad” que se basa en cambiar y limpiar a aquellas personas que no pueden ir al baño por su propio pie. Tras la comida llevan a la siesta a los pacientes que deben descansar, proceden a realizar más cambios de humedad y proceden a realizar el parte de incidencias para el turno siguiente.
He llegado a estar yo sola con 42 usuarios a los que les he tenido que dar la medicación, el aseo y baño y las comidas
“Yo he llegado a estar yo sola con 42 usuarios a los que les he tenido que dar la medicación, el aseo y baño y las comidas. He tenido que asumir en ocasiones labores de enfermería por falta de personal sin tener conocimientos de auxiliar de enfermería. En mi residencia tenemos 10 minutos para el aseo y 20 por baño y de normal me encargo de levantar a unos 15 o 16 residentes”, asegura Goizalde Barreras.
“Cada paciente tiene sus patologías y sus necesidades. Algunos requieren de una grúa para ser levantados, otros utilizan silla de ruedas y otros tienen sus agresividades. Lo que no pueden es pretender que si una persona a sí misma no puede lavarse en 10 minutos, lo haga a otras personas porque es inhumano. A mí me sentaba fatal que la gente nos aplaudiera en el confinamiento. Apláudeme menos y dame más personal”, lamenta Ana María Sánchez.
En la residencia en la que trabaja Sánchez, por ejemplo, los residentes reciben visitas diarias a las 10.45, hora para la que se supone que deben tener las habitaciones y los pasillos recogidos para la llegada de los familiares, labor que realizan entre dos personas y una tercera de refuerzo que trabaja hasta las 10.30. “Desde las 08.00 hasta las 10.45 tenemos que levantarlos y darles el desayuno. ¿Cómo logro levantar al usuario, recoger la habitación y limpiarla de trastos como las grúas o la lencería de cama para que a las familias no les moleste? Es totalmente imposible”, opina la trabajadora.
A mí me sentaba fatal que la gente nos aplaudiera durante el confinamiento. Apláudeme menos y dame más personal
Para ellas, la clave de sus mejoras laborales es lograr una publificación de los cuidados. “Somos una cadena de producción. A la empresa privada le hace falta dinero y nosotras somos las máquinas que utilizan para hacer dinero. Están convirtiendo los cuidados en un negocio redondo porque la gente va a seguir necesitando asistencia y residencias. Los usuarios pagan mucho, Diputación te da un concierto y, con ello, te sale un negocio redondo. Por eso hablamos de la publificación de los cuidados”, señala Barreras.
Una de las cuestiones que más molesta a Beatriz Fernández, la más veterana en el sector con más de 20 años trabajando en una residencia a sus espaldas, es el negocio que se está haciendo con los cuidados a raíz de las subvenciones que entrega la Diputación de Bizkaia a las empresas gestoras de las residencias. “Consideramos que con los cuidados no se puede hacer negocio. La Diputación de Bizkaia va a invertir este año 250 millones de euros más para las concertaciones y nos dicen que para las trabajadoras no hay nada de ese dinero por lo tanto tampoco hay dinero para mejorar la calidad del paciente”, critica.
La Diputación de Bizkaia va a invertir este año 250 millones de euros más para las concertaciones y nos dicen que para las trabajadoras no hay nada de ese dinero por lo tanto tampoco hay dinero para mejorar la calidad del paciente
El pasado septiembre, el diputado general de Bizkaia anunciaba el 'Plan para la transición en los cuidados de larga duración en Bizkaia' de la Diputación Foral, con el que se busca que cara a los próximos dos años al menos un 35% de las residencias que pertenecen a la red foral del territorio cuenten con unidades de un máximo de 25 internos cuyos cuidadores sean siempre los mismos. El objetivo de este plan es que las residencias sean “lo más parecido al hogar, abiertas a la comunidad, y que den respuesta a las diversas necesidades, deseos y expectativas de las personas que requieren de apoyos”, según apuntó el mismo Rementeria, que adelantó que la inversión para el plan comenzaría con 113 millones de euros en los próximos dos años.
Al ser preguntadas por esta propuesta, las cuatro trabajadoras no pueden evitar mirarse unas a otras hasta que finalmente Sánchez es la encargada de romper el silencio: “Si meten más personal en las residencias sería maravilloso, pero con el personal que hay hoy en día es imposible. Las unidades convivenciales me parecen un acierto y yo apostaría por ellas, pero que me expliquen cómo a día de hoy tal y como está la ratio y teniendo en cuenta el personal del que disponemos, vamos a poder hacerlo. Además, no es lo mismo tener a 25 personas que se valen por sí mismas y les tienes que servir la comida y ya, a 25 usuarios con altos grados de dependencia. Es imposible. No te puede llevar el mismo tiempo atender a personas relativamente autónomas que a personas dependientes. Por muchos cursos y muchas charlas que nos den no es viable como no pongan más personal y más medios”, indica.
Hemos vivido en un régimen militar brutal en el que seguimos viviendo. Se vende una calidad asistencial que es mentira, somos las que somos y damos hasta lo que damos, pero más no podemos
Todas las trabajadoras coinciden en que a raíz de la pandemia se han aumentado los recortes de plantilla y se han dejado de cubrir las bajas y vacaciones. Aseguran, además, que la situación actual es peor que la que vivieron durante el año pasado, puesto que arrastran consigo el cansancio físico y mental que lleva dedicarse al cuidado de las personas mayores en plena pandemia sin contar con recursos ni personal extra para ello. “Ha habido centros en los que sí que se han reforzado plantillas, pero hay otros en los que no. Hemos vivido en un régimen militar brutal en el que seguimos viviendo. Se vende una calidad asistencial que es mentira, somos las que somos y damos hasta lo que damos, pero más no podemos”, denuncia Ainhoa Menéndez, que asegura que otro de los cambios negativos que ha traído la pandemia consigo para su sector, es el hecho de que los usuarios que acuden a las residencias una vez logran la plaza que les otorga la Diputación de Bizkaia, llegan cada vez en peor estado física y mental y con un mayor grado de dependencia. “Diputación no te da plaza hasta que tengas un grado de dependencia alto y eso se nota en el trabajo que realizábamos antes y el que nos vemos obligadas a realizar ahora con un personal igual o menor que antes y cargas de trabajo brutales”, lamenta la trabajadora.
Por ello, tras la ruptura de negociaciones en las que, según destacan patronales y la Diputación “hablan de congelación salarial y recortes, pero no han puesto ninguna propuesta encima de la mesa con lo que se pueda negociar” la única vía que ven estas trabajadoras es la de la lucha. “No somos heroínas, somos trabajadoras y queremos nuestros derechos. La mayoría somos mujeres, porque el nuestro es un sector muy feminizado. Lo que tenemos claro es que lo vamos a conseguir otra vez y que ahí vamos a estar, no nos da miedo la pelea, estamos muy curtidas y nos van a tener en frente”, concluyen.
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