El abogado de los condenados de Plasencia plantea por qué el banco no ha sido ni investigado
La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un total de 188 años de prisión -165 por el delito de blanqueo de capitales y 23 por integración en grupo criminal- a 37 de los 117 juzgados en el macrojuicio celebrado durante varios meses en la capital cacereña.
La mayoría de los juzgados son residentes en el barrio de San Lázaro de Plasencia y estaban acusados de blanquear cerca de 13 millones de euros procedentes de la venta de drogas a través de numerosas cuentas corrientes de las que eran titulares, algunos menores de edad
Además según la sentencia hecha pública este viernes han sido condenados a multas de entre 90.000 y 2.122.640 euros, con un montante global de 20.718.973,64 euros.
El resto de 80 encausados han sido absueltos, entre ellos el considerado, en principio, uno de los supuestos cabecillas, un pastor evangélico y su mujer, además de una entidad bancaria y la trabajadora de la misma, absueltos de tener que pagar la cantidad reclamada en concepto de responsables civiles, subsidiaria la primera y directa la segunda.
El otro considerado cabecilla, conocido como “El Johnny”, ha sido condenado a la pena de 8 años en total (6 por blanqueo y dos por pertenencia a grupo criminal), mientras que el resto de las penas oscilan entre los seis y tres años, seis meses y un día, por blanqueo, y los dos y un año por el otro delito.
Para Estanislao Martín, abogado de seis de los acusados, entre ellos el pastor evangelista de Plasencia, la sentencia ha sido “excesivamente dura” para los condenados, y considera que “hay motivos de recurso ante el Tribunal Supremo” por lo que, a su juicio, todos los condenados “seguramente” presentarán recurso a esta sentencia, que “tendrá una seria modificación a la baja”.
“Lo que se ha echado en falta siempre es que se condene y se investigue a un grupo de personas, todas de etnia gitana de Plasencia, y que ningún representante de los bancos donde supuestamente se han metido los fondos haya sido ni siquiera investigado, no ya condenado”, ha aseverado Martín.
El mayor juicio de España
La magistrada María Félix Tena leía públicamente en la Audiencia Provincial el fallo de la sentencia, de 457 páginas, ante la presencia de los procuradores y abogados de los 117 encausados en el juicio con más acusados de España, que comenzó en octubre en Cáceres.
Para su celebración fue necesario habilitar el salón de actos de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, por donde desfilaron los acusados, todos de etnia gitana y miembros de varios clanes familiares.
La Audiencia Provincial ha decretado el decomiso del dinero y de los bienes objeto del delito, a los que se dará el “destino legalmente establecido”, según consta en la sentencia, contra la que cabe recurso de casación.
A varios de los condenados se les ha impuesto una responsabilidad personal subsidiaria de distintos periodos de privación de libertad para el caso de impago de la multa por insolvencia, así como la no aplicación del tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de la mitad de la pena, en el caso de los siete condenados a seis años de cárcel por blanqueo de capitales.
Según la sentencia, para dar apariencia de licitud a las importantes cantidades de dinero obtenidas de la venta de sustancias estupefacientes, en especial, cocaína y heroína, se creó “un entramado de actividades financieras” con la participación de “diversas personas” del círculo familiar de “El Johnny”, que se fue “progresivamente ampliando a otras personas de su entorno”.
Los fondos procedentes de la actividad delictiva se colocaban “formalmente” a nombre de estas personas, testaferros, a quienes se les indicaba los productos bancarios en los que debían invertirse y reinvertirse esos fondos, así como que debían transmitirlos a otras personas “con idéntica mecánica”.
Además, considera como probada la retribución de la participación de terceros por estos titulares del capital “de formas muy diversas, a veces con regalos, otras con entregas en metálico”.
Por su parte, José Luis Martín, abogado del turno de oficio de doce acusados, todos absueltos, ha valorado la cantidad de absoluciones y se ha mostrado “bastante satisfecho” con la resolución.
Ha explicado que por este proceso, que ha durado seis meses, sus compañeros del turno han tenido que cerrar “prácticamente” los despachos para dedicarse “en exclusiva” a este caso, por lo que han pedido una “retribución digna” al Ministerio de Justicia.
La Fiscalía solicitaba para los dos cabecillas la pena de siete años y seis meses de prisión y al resto de acusados la pena de seis años de cárcel.
