Alberto Amaro: El periodista mexicano que denunció la impunidad en su país y se refugió en España

Desde muy joven, Alberto Amaro soñó con ser periodista. En 2018 fundó 'La Prensa de Tlaxcala', un medio digital dedicado a denunciar violaciones de derechos humanos, abusos de poder institucional y corrupción, además de difundir información de interés público. Su objetivo, aparentemente sencillo, era dar voz a las víctimas sin cobrar por ello, un gesto de integridad excepcional en un país donde lo contrario es la norma.

“Nunca cobré a las víctimas por publicar notas (noticias) periodísticas de sus agresiones, algo muy habitual en México”, explica Amaro. “Cuando me llegaba una denuncia, lo único que me interesaba era contrastarla y comenzar a escribir para publicarla”.

Amenazas y agresiones: la respuesta del poder

La línea editorial que adoptó Amaro de desafío al mismísimo poder tuvo un alto coste. Las amenazas comenzaron en redes sociales y pronto escalaron a agresiones físicas. Fue perseguido por motociclistas, dispararon contra su vehículo y su domicilio, e incluso le privaron de libertad durante varias horas, mientras era golpeado.

En 2019, en su propio país ingresó en el 'Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas'. Inicialmente, se le asignó un “botón de pánico” y una patrulla policial. Sin embargo, no fue suficiente y las agresiones continuaron, y la protección que le brindaban se convirtió en una paradoja: “Quienes debían protegerme eran precisamente a quienes mis artículos molestaban; entonces, todo carecía de sentido”.

La impunidad como norma

En 2023, tras un ataque a su familia y la retirada de su protección por parte del Mecanismo, Amaro interpuso un recurso de amparo para anular esa decisión. Sin embargo, la situación cada vez era más insostenible y fue entonces cuando Amnistía Internacional conoció su caso e intervino, facilitando su salida de México y su acogida en Asturias, a través del programa de protección temporal de defensores y defensoras de los derechos humanos en riesgo.

Y es que no en vano, según la organización Artículo 19, más del 45% de las agresiones a periodistas en México provienen de autoridades gubernamentales, y el 89% de estos casos quedan impunes. Esta impunidad perpetúa un ciclo de violencia contra la prensa y limita el ejercicio del derecho a la información.

La situación global: periodistas como objetivo

Pero el caso de Amaro, por desgracia, no es aislado. En 2023, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) registró 94 asesinatos de periodistas, siendo actualmente Gaza el epicentro del conflicto más mortífero de la historia para la prensa, con más de 210 periodistas asesinados desde el inicio de las hostilidades en octubre de 2023. El gobierno israelí de Netanyahu ha decidido claramente romper todas las estadísticas y llevar la desaparición física de las y los periodistas hasta el extremo más cruel. Sin periodistas, no hay periodismo, ese es el lema de la profesión y algunos se lo han aprendido bien: no quieren profesionales de la información, nadie que cuente la verdad. Buscan eliminar a quienes, como testigos profesionales, difunden lo que ocurre cuando se violan los derechos humanos.

Países como Ucrania (debido a la guerra), Birmania (por la represión militar), Pakistán (por el extremismo y la política volátil), Siria (por el conflicto civil) y Haití (por la violencia de las pandillas y la anarquía) figuran constantemente entre los lugares más peligrosos para ejercer la “profesión más apasionante del mundo”. En estos contextos, las y los reporteros enfrentan una combinación letal de peligros: desde detenciones arbitrarias, tortura y campañas de desprestigio orquestadas por gobiernos autoritarios, hasta la amenaza directa de ser asesinados o secuestrados por grupos armados o actores estatales. El riesgo de ser periodista va más allá de la bala, abarcando la asfixia económica, el acoso judicial y la autocensura forzada, comprometiendo gravemente el derecho a la información en todo el mundo.

Y es ahí donde Amnistía Internacional juega un papel crucial en la defensa de periodistas en riesgo a nivel global, extendiendo su labor más allá de los conflictos más mediáticos para abarcar más de 150 países. La organización actúa como un faro de denuncia, investigando y documentando violaciones de derechos humanos—incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y acoso judicial—perpetradas contra la prensa por gobiernos autoritarios y grupos armados. Además, lanza campañas mundiales para exigir la liberación de reporteros encarcelados injustamente, presiona a los Estados para que rindan cuentas por la impunidad y moviliza a su base de activistas para ejercer presión política internacional, asegurando que el derecho a informar y ser informado se mantenga como un pilar fundamental en cualquier sociedad.

El historial mexicano

Desde el año 2000, ARTÍCULO 19, la organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, basándose en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que documenta agresiones y asesinatos de periodistas, censura y restricciones a la información, y brinda asistencia legal a quienes son amenazados por su labor informativa, ha documentado 174 asesinatos de periodistas en México. Están presuntamente relacionados con su labor informativa, de los cuales 144 fueron hombres y 12 mujeres. Durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012), Enrique Peña Nieto (2012–2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) se registraron 47 asesinatos de periodistas en cada sexenio, mientras que el gobierno de Javier Duarte en Veracruz (2010–2016) resultó el más letal para los comunicadores, con 18 periodistas asesinados, incluido el fotoperiodista Rubén Espinosa; Veracruz acumula, además, el mayor registro estatal con 31 casos. En 2023, se documentaron 561 agresiones contra la prensa, lo que equivale a una agresión cada 16 horas. Estos datos sitúan a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Además, como cuenta el propio Amaro, las estadísticas oficiales suelen ser engañosas. En México es habitual que los periodistas desempeñen otras actividades, como ser taxistas o gestionar un pequeño negocio, y cuando son asesinados en esas circunstancias, rara vez se les contabiliza como periodistas, aunque la motivación de los crímenes esté vinculada directamente a su labor informativa.

Una llamada a la acción

El Día Internacional del Acceso Universal a la Información es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de este derecho y la necesidad de proteger a quienes lo ejercen. La historia de Alberto Amaro es un recordatorio de que la lucha por la libertad de información es también una lucha por la justicia y la democracia. No en vano, la UNESCO también recuerda cada 3 de mayo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que ambos derechos son inseparables: sin acceso a la información no hay prensa libre y sin prensa libre no puede haber sociedades verdaderamente democráticas. Defender esto es, en última instancia, defender la libertad de cada persona que quiere informar o mantenerse informada libremente.

Por eso, organizaciones como Amnistía Internacional desempeñan un papel fundamental en la protección y promoción de estos derechos. Al visibilizar los casos de periodistas y activistas que arriesgan su vida por informar, al exigir rendición de cuentas a gobiernos y al fomentar la educación sobre derechos humanos, Amnistía contribuye a que la información circule libre y segura. Sus campañas recuerdan que el acceso a la información no es un lujo, sino un pilar de la democracia, y que la libertad de prensa es inseparable del derecho de la ciudadanía a conocer, cuestionar y decidir. Sin estas iniciativas, la verdad quedaría muchas veces silenciada y la justicia se convertiría en algo subjetivo.

Amnistía Internacional, en colaboración con redes de apoyo como la Taula per Mèxic o CEAR Euskadi, ha contribuido a visibilizar y respaldar estos programas de acogida temporal en España para otros periodistas mexicanos en riesgo, víctimas de amenazas por su labor informativa. Gracias a estas iniciativas, profesionales como Jacob Morales y Luis Daniel Nava, corresponsales del diario El Sur en Guerrero; Carlos Manuel Juárez, de Elefante Blanco en Tamaulipas; o Martín Durán, del medio La Pared en Sinaloa, han encontrado en ciudades como Barcelona un espacio seguro desde el que continuar denunciando la violencia y la censura que enfrentan en su país.

Extremadura, tierra de refugio

Tras el encuentro de periodistas, algunas de las participantes expresaron su deseo de que se impulse en Extremadura un proyecto que consolide la región como un lugar de refugio y sosiego permanente para quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo y más lo necesitan. Estas situaciones extremas no solo afectan lo más íntimo de cada persona, sino también a su entorno cercano. Cuando la respuesta es colectiva, todo resulta más humano y protege frente a la normalización de la violencia, el fenómeno que Hannah Arendt describió como la “banalidad del mal”: quien vive violencia de manera constante puede llegar a aceptarla como normal, y la única manera de romper ese ciclo es salir de ella.

Así como Extremadura fue tierra de conquistadores, quizá ahora sea el momento de convertirla en tierra de defensores y defensoras de los derechos humanos: un refugio seguro para quienes luchan por la justicia y sufren en su compromiso.