El cobrador de la bata: El SES recupera 16 millones de euros anuales de seguros y mutuas

En cada uno de los nueve hospitales del Servicio Extremeño de Salud (SES) hay un departamento que se encarga de tapar algunas de las grietas por las que se escapa el dinero de todos. Son las oficinas de cobros y pagos a terceros, desde donde los datos recogidos por la admisión de pacientes del centro se traducen finalmente en facturas si hay alguien a quien se le puede cobrar y así recuperar el dinero.

Y no son gastos despreciables, pues por una simple consulta con el médico habría que pagar 200 euros si no estuviéramos cubiertos por la tarjeta sanitaria, por el seguro público.

Seguros médicos privados o mutuas colectivas (Mufaces, Isfas, Mugeju); aseguradoras del automóvil; mutuas de accidentes laborales por las que las empresas pagan su cuota por cada trabajador; pólizas de aseguramiento deportivo; el seguro escolar; empresas privadas para accidentes ocurridos en sus recintos, como los centros comerciales…

Y así una lista larga de entidades estarían encantadas de que su póliza pasara inadvertida y fuera el Servicio Extremeño de Salud el que pagara los gastos, pero para eso existen estos departamentos de cobros a terceros que según su jefe de servicio en el área sanitaria de Cáceres, Ángel Collado, cada vez están más perfeccionados y cuentan con medios mejores.

Es fundamental el cribado desde los datos que el servicio de admisión recoge del paciente. Si tiene tarjeta sanitaria, si trae otra de una compañía o mutua privada, en qué lugar y circunstancias le ha ocurrido el incidente… Los servicios de cobro a terceros, si creen que el SES no debe pagar, y el usuario no señala a un tercer responsable que asuma el gasto, “le advertimos que la factura entonces se la pasaremos a él”.

3,7 millones solo en Cáceres

Se estima que el año pasado, gracias a esos controles, el Servicio de Salud recuperó 16 millones de euros que de otra forma habrían corrido a cargo de la Hacienda pública extremeña, de los cuales 3,7 correspondían al área sanitaria de Cáceres, la segunda más grande tras la de Badajoz.

Eso incluye caudales recuperados no solo por accidentes laborales, de tráfico, obligaciones de seguros médicos privados y mutuas, o aseguramientos de federaciones deportivas, sino también procedentes de actividades de caza, espectáculos públicos, festejos taurinos, mordeduras de animales, caídas de caballo, o transporte público.

También ayuntamientos y establecimientos privados tienen responsabilidades económicas, así como los sistemas sanitarios estatales de los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea, y el resto de extranjeros a título personal.

En el 37% de los casos paga una mutua colectiva o seguro médico privado; las aseguradoras de coches son las siguientes con el 20% de las ocasiones, las mutuas de accidentes laborales un 18%, y sin embargo los seguros deportivos apenas llegan al 0,4% de los cobros a terceros.

Y son cantidades, en el caso de accidentes con intervención de medios de rescate y transporte, enormes. Por ejemplo la intervención del helicóptero sanitario cuesta 7.000 euros, y la de una ambulancia medicalizada 1.600.

La estancia en una habitación de hospital supone, para los seguros y otros responsables económicos de la atención, 650 euros diarios de media, y si es en una UCI la factura sube a 2.000.

Regulados por ley

Así hasta una larguísima lista de procedimientos e intervenciones sanitarias recogidas en la ley de tasas y precios públicos de Extremadura.

La eficacia del SES en el cobro es muy alta según Ángel Collado al menos en lo que toca al área sanitaria de Cáceres: “Tenemos un departamento muy eficiente que consigue recuperar el 91% del gasto”.

Además, para los morosos, desde junio del año pasado el Servicio Extremeño de Salud ejecuta el cobro por vía de apremio. Si de forma amistosa y voluntaria la entidad responsable o el particular no pagan, la factura va por la vía de Hacienda Extremadura, y Hacienda estatal (Agencia Tributaria). Así se asegura que si alguien puede pagar, “lo hará”.

El presidente de la Junta, Fernández Vara, ha apostado varias veces por obligar a asegurar todas las prácticas de riesgo, para que no sea el sistema público de salud, “que está para otras cosas”, el que tenga que pagar al final